La pasada semana, en La Paz, se desarrolló la VIII Reunión de la Comisión Bilateral de Lucha Contra el Contrabando Bolivia – Perú.
En el marco de esta actividad, una de las instituciones que presentó informes referidos a este delito fue la ABT, representada por Marcelo Ruiz, jefe nacional de control y fiscalización de esta instancia.
NO ES DELITO COMÚN
Una de la primeras observaciones que realiza Ruíz, en su informe, es que el contrabando de productos naturales, maderables y no maderables, no puede ser tratado como el delito de internación de electrodomésticos u otros productos artificiales, por lo que en esta reunión se pidió que el tema sea tratado en una mesa especial, donde también aborden los problemas que perjudican a la fauna.
“Estamos hablando de productos que están en la línea fronteriza, que cumplen una función ambiental, y que en este caso, también se da el delito de aprovechamiento ilegal”, explicó Ruíz a EL DIARIO.
El experto señala que “la cantidad de especies y volumen de madera que está siendo vulnerado en toda la frontera por contrabandistas, que se internan hasta 20 kilómetros a nuestro territorio, es de cerca de 2,6 millones de metros cúbicos de madera que están en riesgo de ser sacados de Bolivia. Si hacemos una conversión económica, solo teniendo como referencia el precio con el que ellos (los contrabandistas) compran un árbol, que es de 10 dólares, estamos hablando de 26 millones de dólares”, precisó Ruíz a nuestro medio.
PUNTOS DE FUGA AL PERÚ
El informe remarca que de los 1.407 kilómetros de frontera que compartimos con el Perú, el 70 por ciento, es territorio compuesto por bosques de serranía y amazonia, donde existen escasos asentamientos humanos, esto en parte, debido a que en el lado boliviano no existe infraestructura caminera, por lo que tampoco se puede hablar de un aprovechamiento ilegal hacia nuestro país.
En cambio del lado peruano, la ABT identificó al menos 53 puntos de acceso hacia bosques bolivianos.
También se ha definido que los bolivianos originarios que viven en estas regiones boscosas, no incurren en el delito de la tala ilegal, porque ellos tienen usos y costumbres de vida que giran en torno a la agricultura y el comercio con alimentos extraídos de forma natural.
Sin embargo, se ha verificado que los originarios reciben montos de dinero para permitir la tala de árboles en su territorio, y varios hacen de informantes de contrabandistas, delatando el ingreso de los funcionarios de la ABT que realizan los patrullajes.
“El tema de la explotación ilegal de madera es una actividad costosa, que contempla la tala, extracción y comercialización de la madera, es una especialidad que poca gente tiene, por la capacidad económica que se requiere”, explicó Ruíz.
CADENA DELICTIVA
El representante de la ABT señaló que en la explotación y contrabando de este producto, las personas casi en su totalidad de nacionalidad peruana, conforman una cadena delictiva, que va desde los que ingresan a hasta 20 kilómetros al interior de Bolivia, compran la madera, la talan y la sacan a uno de esos 53 accesos carreteros hacia el Perú, hasta los grandes inversionistas que financian toda la logística, con montos superiores a los 5.000 dólares.
Por esta razón, no se pueden identificar a las empresas peruanas, pues son los rescatistas de la madera, que se internan al bosque boliviano, el producto es vendido a intermediarios que lo transportan a los centros urbanos, donde por último es adquirido por los empresarios.
COMPADRES
Entre los principales problemas que la ABT ha identificado para el control del contrabando está la relación que se tiene entre los explotadores y los comunarios.
“Los que ingresan al país son personas que también viven en la zona fronteriza, que se relacionan con los pobladores nativos del lado boliviano, son a veces hasta amigos, compadres y hacen un negociado”, afirmó Ruíz, señalando que esta es una alternativa económica rápida para estas poblaciones bolivianas aisladas.
Según los cálculos, para llenar un camión Volvo, los explotadores, conformados por equipos de 7 personas, establecen campamentos hasta por tres semanas.
En este sentido, además, los 26 millones de dólares que se calcula se fugan de Bolivia a Perú, lo hacen sin pago de impuestos, sin cobros de patentes por árbol talado ni pago de funcionamiento de estas empresas que lucran con el bosque boliviano.
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