Más de 500 troncos de madera decomisada, por haber sido talados ilegalmente y carecer del certificado forestal de origen, serán rematados este fin de mes. Asimismo, se iniciará un proceso penal contra la empresa que realizó esta acción en la comunidad Santa Rosa Manurimi, del municipio de Ixiamas, informó el director departamental de la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierras (ABT), David Guever.
La madera decomisada el pasado 3 y 4 julio, aún genera amedrentamiento entre los pobladores, como publicó anteriormente EL DIARIO, pues los empresarios que realizaron esta tala ilegal, intentaron el pasado martes recuperar la mercadería que consiste en 521 troncos de madera, de dos especies diferentes, indicó el secretario de la comisión de Madre Tierra de la Asamblea Legislativa Departamental, José Durán.
“La comunidad de Manurimi acaba de informarnos que la madera decomisada intenta ser recuperada por los empresarios que realizaron la tala de árboles. Ayer (martes) ingresaron al sector entre 12 a 13 personas para recuperar esta mercancía y amedrentar nuevamente a los comunarios” indicó Durán, asegurando que intentarán viajar al lugar o denunciar este hecho nuevamente ante la Gobernación de La Paz.
La madera decomisada está cuidada por los comunarios, ya que por el peso y falta de acuerdo entre el municipio y Abt, no pudo ser resguardada en un ambiente cerrado, por lo que las especies de mara marcho y cedro, que logran alcanzar un precio en el mercado de aproximadamente 10 a 11 millones de bolivianos, están a simple resguardo de los pobladores, quienes ahora nuevamente son víctimas de amedrentamiento.
Esta madera fue decomisada la pasada semana por ser talada ilegalmente, la acción contó con la presencia de las autoridades de la Gobernación, la comisión de Madre Tierra de la Asamblea Departamental, Armada Boliviana de Riberalta, INRA, Autoridad de bosques y Tierras (ABT) La Paz, municipio de Ixiamas, ABT Beni, ABT Pando y ABT nacional.
Después de 20 horas de viaje, las autoridades pudieron corroboran la existencia de los 521 troncos talados, que se encontraban bajo el agua. Según el presidente de la Comisión Madre Tierra y Medio Ambiente de la Asamblea Departamental, Celín Quenevo, esta acción vulnera los procedimientos de la Ley Forestal 1700 y el Decreto Supremo 23022, que declara esta área como inmovilizada, por lo que sólo puede explotarse castaña.
Sin embargo, Quenevo indicó que la empresa que realizó la tala de árboles pertenece al municipio de Riberalta, departamento de Beni, y contaba con la autorización de ABT Beni, para realizar esta acción. “A mi parecer que existe corrupción entre la empresa de madera y ABT, porque era de conocimiento público que la madera conseguida por la empresa era de Manurimi y mediante el rio la trasportaban al Beni, además esta área es protegida por el Decreto Supremo”, afirmó.
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