Falta una normativa para evitar el uso libre y discriminado del agua en las empresas mineras y así hacer un uso eficiente de los recursos naturales, manifestó Emilio Madrid Lara durante la presentación de su trabajo de investigación; “El costo ecológico en la política minera de Oruro” que se realizó ayer por la mañana en el restaurante “Las Retamas”.
El mencionado trabajo fue presentado en dos medios alternativos de comunicación, una cartilla de difusión y un video documental incluyendo los resultados de la investigación que se llevó adelante con patrocinio del Programa de Investigación Estratégica en Bolivia (PIEB) a través del programa de Investigación Ambiental (PIA).
Mencionó que la investigación trata sobre la política minera en Oruro, y comprobaron que a partir de dos trabajos de explotación minera en el departamento, no sólo está en juego el yacimiento mineral, sino también la explotación del agua, del suelo y otros recursos naturales.
“Esos recursos, como el agua y el suelo no están entrando en la contabilidad de las operaciones y no tienen ningún control por parte del Estado y por ello es que a partir de estos resultados se comprobó en las dos operaciones mineras que se usa tres o cuatro veces más el volumen de agua en relación al mismo yacimiento mineral” dijo Madrid.
Señaló que a partir de dichos resultados comprobaron que existe un uso no sostenible de recursos naturales con el tema del agua, por ello propone avanzar en modificar las políticas públicas en esta materia de la minería y el agua.
“Primero se permitirá que se regule el uso del agua, como en el tema del petróleo existe una normativa que obliga a las operaciones petroleras a no usar mas allá del 10 por ciento de la capacidad de un acuífero, sin embargo en el caso de la minería no hay un reglamento que les diga el uso libre e indiscriminado de este elemento vital, y mientras no exista una regulación no se hace el uso eficiente de los recursos” aseveró Madrid.
Indicó que al margen proponen la existencia de mecanismos de control que les permita tener información de cuánto es la carga mineral que remueven anualmente las operaciones mineras, cuánto es la cantidad del yacimiento que se extrae y mineral que se vende.
Explicó que en el caso de las empresas mineras privadas, son datos e informaciones que el Estado no tiene porque no permite hacer un control eficiente de estos recursos naturales, por ello consideran de que dicha información debe ser reportada periódicamente.
“Tras la investigación estamos proponiendo que el siguiente periodo, queremos implantar la modificación del Código Minero, Ley de Aguas y del Medio Ambiente, de manera que exista en las normativas el uso eficiente del agua”, concluyó Madrid.
El mencionado trabajo fue presentado en dos medios alternativos de comunicación, una cartilla de difusión y un video documental incluyendo los resultados de la investigación que se llevó adelante con patrocinio del Programa de Investigación Estratégica en Bolivia (PIEB) a través del programa de Investigación Ambiental (PIA).
Mencionó que la investigación trata sobre la política minera en Oruro, y comprobaron que a partir de dos trabajos de explotación minera en el departamento, no sólo está en juego el yacimiento mineral, sino también la explotación del agua, del suelo y otros recursos naturales.
“Esos recursos, como el agua y el suelo no están entrando en la contabilidad de las operaciones y no tienen ningún control por parte del Estado y por ello es que a partir de estos resultados se comprobó en las dos operaciones mineras que se usa tres o cuatro veces más el volumen de agua en relación al mismo yacimiento mineral” dijo Madrid.
Señaló que a partir de dichos resultados comprobaron que existe un uso no sostenible de recursos naturales con el tema del agua, por ello propone avanzar en modificar las políticas públicas en esta materia de la minería y el agua.
“Primero se permitirá que se regule el uso del agua, como en el tema del petróleo existe una normativa que obliga a las operaciones petroleras a no usar mas allá del 10 por ciento de la capacidad de un acuífero, sin embargo en el caso de la minería no hay un reglamento que les diga el uso libre e indiscriminado de este elemento vital, y mientras no exista una regulación no se hace el uso eficiente de los recursos” aseveró Madrid.
Indicó que al margen proponen la existencia de mecanismos de control que les permita tener información de cuánto es la carga mineral que remueven anualmente las operaciones mineras, cuánto es la cantidad del yacimiento que se extrae y mineral que se vende.
Explicó que en el caso de las empresas mineras privadas, son datos e informaciones que el Estado no tiene porque no permite hacer un control eficiente de estos recursos naturales, por ello consideran de que dicha información debe ser reportada periódicamente.
“Tras la investigación estamos proponiendo que el siguiente periodo, queremos implantar la modificación del Código Minero, Ley de Aguas y del Medio Ambiente, de manera que exista en las normativas el uso eficiente del agua”, concluyó Madrid.
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