El pasado lunes 13 de enero, el Gobierno central declaró la reserva natural de Choré, ubicada en el departamento de Santa Cruz, como una zona libre de cultivos de coca. El viceministro de Defensa Social, Jaime Mamani, dijo que se erradicaron allí más de 3.000 hectáreas de cocales. Eso sí, admitió que son tierras “altamente productivas” y que por ello deben estar bajo cuidado del Estado.
“Es un logro más para el pueblo boliviano, en esta reserva forestal en la gestión 2021 se ha erradicado 183 hectáreas; la gestión 2022, 1.396 hectáreas; el 2023, 401 hectáreas y el 2024, 1.828 hectáreas de coca ilegal”, afirmó la autoridad gubernamental.
Explicó que en estos años de gestión se erradicaron más de 3.000 hectáreas de cultivos de hoja de coca en Choré.
Mamani reveló la cifra erradicada en ese lugar, al margen del reporte anual del monitoreo satelital que cada año realiza la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc, por sus siglas en inglés) con el apoyo financiero de la Unión Europea (UE). El informe correspondiente a 2023 debía haberse presentado durante el último trimestre del año pasado, pero no se hizo.
Al respecto, Mamani dijo a EL DEBER que, de todas maneras, el Gobierno espera cumplir la meta anual de erradicación de coca ilegal y “racionalizada” en el caso de las zonas autorizadas para el cultivo que es de 10.000 hectáreas.
El reciente reporte de monitoreo de la Unodc, presentado en octubre de 2023, ya había alertado que, además, existía coca ilegal en las áreas protegidas nacionales Tipnis, Carrasco, Cotapata, Amboró, Apolobamba y Madidi.
En realidad, según la Ley 906, que regula la producción de coca, los únicos lugares permitidos para la producción de esta hoja en todo el país son los Yungas (La Paz) y el Trópico de Cochabamba, donde solo se pueden producir hasta 22.000 hectáreas como total nacional.
Desde 2017, cuando entró en vigor esta norma, ese límite no se cumplió. De hecho, en 2023 se reportaron unas 29.900 hectáreas.
Reserva recortada
En agosto de 2024 y a través del Decreto Supremo 5202, el presidente Luis Arce declaró a la Reserva Forestal Choré como Parque Nacional y Área Protegida.
En esa oportunidad, la Fundación Tierra alertó sobre el DS 5202, aclarando que recortaba 224.000 hectáreas a Choré, bajo la figura de Área Natural de Manejo Integrado (ANMI), que permite actividades antrópicas, y de ese modo se eliminaron las prohibiciones y se legalizaron los títulos otorgados por el INRA y las autorizaciones de la ABT, emitidos de manera irregular.
Según Tierra, de esa manera el Gobierno admitió lo que esta Fundación denunció en 2023, “y que el INRA negó públicamente: que tituló tierras ilegalmente y que está ejecutando procesos de saneamiento dentro del Choré son más de 40.000 hectáreas las que están mensuradas y desmontadas”.
Bajo la categoría de Área Natural de Manejo Integrado (ANMI), de acuerdo a la experiencia de la Fundación Tierra, se “da vía libre para los avasalladores y traficantes de tierras”.
Precisamente, los avances agrícolas en Choré se fueron dando con la hoja de coca como punta de lanza, seguidos de soya y otros cultivos.
Poca fe
A pesar de los anuncios del Gobierno con matiz positivo, quedan dudas para algunos sectores sobre la posibilidad de que exista coca cero en esta área de bosque tropical, distribuida entre las provincias Sara e Ichilo, y colindante con el Chapare de Cochabamba.
Rodolfo Alfaro Roca, líder cívico de Santa Rosa del Sara, explicó que, en lo que corresponde a su jurisdicción de la provincia Sara, ya no tienen nada de bosque.
“Fue reemplazado por el sector agrícola, están sembrando soya, maíz, sorgo, pero en el otro lado, apegado a la provincia Ichilo, más cerca de Yacapaní y del Chapare, hay rumores de sembradíos de coca”, mencionó, además aclarando que todo como fruto de avasallamientos.
“Las tierras fueron distribuidas ilegalmente, han parcelado, metieron máquinas y arado en nuestra reserva, convirtiéndola en sembradíos. Esto que era pulmón de nuestro departamento ha sido cambiado a uso agrícola”, denunció.
En las márgenes de los ríos, indicó, hay sectores que quedaron como manchas, y en la punta del Choré (originalmente tenía forma triangular) hay unas mil hectáreas donde las actividades ilícitas “ya no necesitan meterse al monte para producir, lo hacen en sus galpones y la policía no entra, pueden haber fábricas”, agregó.
Otra señal negativa tiene que ver con las 112 mil hectáreas bajo tuición legal de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (UAGRM) para actividades de investigación forestal, y a las que docentes, estudiantes, pesquisadores y autoridades académicas no pueden llegar desde hace años debido al avasallamiento y a las condiciones de inseguridad en la zona.
De acuerdo al equipo interdisciplinario que llevó adelante este caso, la importancia del predio del Choré tiene que ver con que se trata de un bosque tropical, con mucho por descubrir en materia de investigación, así como también tienen tierras en otros puntos, bosque seco chiquitano y valles, varios de estos también avasallados o revertidos por el INRA.
Los incendios de 2023 también evidenciaron el peligro que representa hacer una expedición al Choré. Ese año, la Gobernación de Santa Cruz denunció dificultades para que los bomberos ingresen a mitigar y liquidar el fuego, debido a la presencia de actividades irregulares, relacionadas con el narcotráfico.
El augurio se cumple
En agosto de 2021, EL DEBER publicó un reportaje sobre cómo las reservas forestales del departamento, incluida la de Bajo Paraguá, de reciente creación, tenían un panorama oscuro.
Hasta esa fecha, se afirmaba que las reservas Guarayos y Choré estaban destrozadas por los desmontes, mientras que Bajo Paraguá iba por el mismo camino, a solo meses de ser creada.
Ya hasta finales de 2024, solo por desmontes, mil hectáreas de bosque habían caído en Bajo Paraguá, sin contar las más de 200 mil ha afectadas por el fuego, nunca antes visto en esa magnitud en la zona.
Desde 2021, tanto el INRA como la ABT han reconocido la ilegalidad de los desmontes, pero casi cuatro años después de las primeras denuncias, no se ejecuta el desalojo por orden de las autoridades. Más bien se han tomado iniciativas, con ayuda del concejal de San Ignacio, Víctor Flores (MAS), y ante la inacción del alcalde, Ruddy Dorado, para ratificar esos asentamientos en las actas del censo.
Por su parte, el año pasado los indígenas chiquitanos destruyeron algunas de las viviendas de los avasalladores Bajo Paraguá, que arremetieron con fuerza, ya que posteriormente aumentaron las casas y los desmontes para cultivos.
Personal de organizaciones que operan en el lugar, y que pidió mantener la identidad en reserva, aseguró que todo ese movimiento está directamente relacionado con tráfico de tierras y narcotráfico, que amplía los tentáculos de este negocio desde el Parque Noel Kempff Mercado, y que cada vez afecta más a las zonas boscosas del país.
Problema general
Aunque la Ley 906 prohíbe cocales en parques naturales y protegidos porque están fuera del alcance del control social y, por ello, es una producción que alimenta la producción de cocaína. Según la Unodc, en Carrasco la producción de coca se había incrementado en 18%, mientras que en el parque Amboró había 26% más coca con relación a la medición de 2022.
Hace unos días, el ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, reportó el hallazgo de un megalaboratorio de elaboración de cocaína en una zona próxima al Tipnis. La fuerza antidroga también encontró fábricas de cocaína en el parque Carrasco que está en el trópico de Cochabamba, y donde se están consolidando nuevos caminos tras los incendios, como también está ocurriendo en San Matías y en el Parque Nacional Madidi.
En el área protegida nacional Kaa Iya, por lo menos se han entregado seis reportes a la oficina nacional del Sernap, alertando sobre la presencia de pistas clandestinas de aterrizaje de grupos criminales.
Asimismo, el año pasado EL DEBER entregó la investigación sobre mafias en reservas naturales y áreas protegidas, que han contaminado las formas de vida de los habitantes, afectado al medioambiente y perforado la economía de subsistencia, incorporando incluso a los indígenas a nuevas dinámicas económicas ilegales, lo que agrava más la posibilidad de revertir el daño social y también ambiental.
De acuerdo a la Policía de Brasil, en esa investigación, hay todo un circuito del narcotráfico que involucra y une al norte paceño, a Ixiamas, al Noel Kempff Mercado y también al Kaa Iya. Otuquis también es parte de del tránsito de ilegales, según comunidades aledañas.
El Choré, igual que el Amboró y todas las áreas protegidas que colindan con el Chapare (Tunari, Amboró, Tipnis), tienen serios problemas de ‘rebalse’ de habitantes del Trópico de Cochabamba, con los consiguientes avasallamientos, tráfico de tierras y narcotráfico, además de minería ilegal. Todo esto queda reflejado en los informes de la Unodc, pero también en los reportes sobre amenazas a las áreas protegidas de las gobernaciones, municipios, y reportes internos del Sernap que no suelen ser de conocimiento público.
Este panorama evidencia que la problemática de los grupos criminales va más allá de los cultivos ilegales de la hoja de coca, con una diversificación de negocios transfronterizos, situación que también quedó clara en la investigación periodística Amazon Underworld.
Fuente de agua
Tanto el Choré como el Parque Amboró y la zona del Urubó, juntos conforman un espacio de reserva acuífera para varios municipios, incluyendo el sector productivo, pero además para la regulación de la temperatura.
En el último tiempo, estos puntos están entre los más asediados y dañados, y los augurios de la Fundación Tierra sobre el incremento de la temperatura en Santa Cruz se confirman con los indicadores del termómetro de estos días. A esto se suma la disminución de la disponibilidad de agua potable y las declaratorias de desastre por sequía del año pasado.
PARA SABER
Muchos afectados
Además del Choré, los reportes de Unodc permanentemente muestran la presencia de cultivos de coca en reservas naturales y áreas protegidas. Además del Choré, en el Parque Nacional Isiboro Sécure (Tipnis), Parque Nacional Carrasco, Cotapata, Amboró, Apolobamba y Madidi. Todo esto sin mencionar la presencia de fábricas de cocaína, ubicadas en zonas con bosque más alto, o de pistas de aterrizaje, como el Kaa Iya, zona de tránsito de sustancias controladas.
Daño social y ambiental
La problemática conlleva un daño a los originarios de la zona, el consumo y microtráfico se incrementa incluso entre jóvenes indígenas, pero además hay una dinámica económica, generada por los ilícitos, cada vez más aceptada entre las comunidades que antes se dedicaban a actividades tradicionales para la subsistencia. Esto se evidencia en sitios como el Tipnis, algo antes denunciado en EL DEBER.
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