Bolivia está dando pasos significativos hacia la creación de un mercado de bonos de carbono, como parte de una estrategia más amplia para enfrentar el cambio climático y cumplir con sus compromisos internacionales en la reducción de gases de efecto invernadero. Este avance se formaliza a través del artículo 18 de la Ley N° 1613, que fue aprobada el 1 de enero de 2025 y que forma parte del Presupuesto General del Estado (PGE).
De acuerdo con los asesores legales Natalia Villarroel y Diego Tamayo de la firma regional Ferrere, la reciente sentencia del Tribunal Constitucional Plurinacional de Bolivia, emitida el 19 de junio de 2024, ha sido un hito importante en este proceso. Esta resolución declaró inconstitucional la prohibición de emitir créditos o bonos de carbono que estaba estipulada en el artículo 32.5 de la Ley N° 300 de la Madre Tierra.
Esta prohibición limitaba la mercantilización de la Madre Tierra mediante los mecanismos financieros asociados a los mercados de carbono, lo que ahora se ha revertido en virtud de los compromisos internacionales del país.
Con el objetivo de avanzar en este mercado, el gobierno boliviano ha reconocido la necesidad de una regulación clara. El artículo 18 establece que el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas está facultado para realizar diversas operaciones relacionadas con las Unidades de Reducción de Emisiones, conocidas como créditos o bonos de carbono. Estas facultades incluyen la suscripción, administración, negociación, transferencia y venta anticipada de estos créditos, siempre en función de las condiciones del mercado y las necesidades de financiamiento del Tesoro Nacional.
Uno de los aspectos más destacados de esta normativa es que las entidades públicas y privadas involucradas en la emisión, certificación y validación de estos créditos serán responsables de las operaciones realizadas, aunque las entidades privadas no podrán negociar directamente estas transacciones, lo que centraliza el control en el Ministerio de Economía.
El ministerio también tiene la autoridad de contratar servicios de asesoría legal y financiera, tanto a nivel nacional como internacional, para facilitar las operaciones relacionadas con la emisión de bonos de carbono. Es relevante mencionar que los pagos por estos servicios estarán exentos del Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas (IUE), lo que representa un alivio fiscal para el gobierno.
La ley contempla la emisión de un Decreto Supremo que establecerá la reglamentación necesaria para regular este nuevo mercado, permitiendo al Estado boliviano participar activamente en el comercio global de carbono.
Fondos sin deuda
La monetización de la reducción de emisiones de carbono se presenta como una alternativa de financiamiento que podría generar ingresos para el país sin incurrir en deuda. Este enfoque se basa en la gestión sostenible de los recursos naturales y en las oportunidades de financiamiento que surgen del cuidado del medioambiente, respetando al mismo tiempo la soberanía del Estado. El ministro de Economía, Marcelo Montenegro, ha señalado que esta iniciativa representa un nuevo camino financiero para Bolivia. “Este es un buen inicio para abrir nuevas opciones de financiamiento”, afirmó.
No hay comentarios:
Publicar un comentario