Un grupo de investigadores cuestiona el gasto de los recursos utilizados del Programa "Cuenca Poopó". Argumentan malas decisiones sobre la ejecución de proyectos en municipios que no tenían priorización por contaminación ambiental.
El Centro de Ecología y Pueblos Andinos (CEPA), propuso realizar una investigación por las constantes denuncias recibidas desde la Coordinadora en Defensa del Río Desaguadero y Lagos Uru Uru y Poopó, (Coridup). El estudio se realizó en coordinación con el Colectivo Ecológico Wasi Pacha y el Comité Académico Técnico de Asesoramiento en Problemas Ambientales (Catapa) de Bélgica durante 6 meses.
"Básicamente ha sido una motivación principalmente de los seis municipios afectados por la contaminación ambiental. La demanda lo encabezó la Coridub viendo que el programa Cuenca Poopó no estaba dando respuestas concretas a los problemas de estos sectores, hemos tomado contacto con Catapa quienes se han encargado de hacer la investigación en Bruselas.-.Bélgica, que es donde se encuentra la sede de la Unión Europea (UE), financiador del programa", mencionó el coordinador general del CEPA, Limbeth Sánchez.
Según la investigación que realizaron estas instancias, los municipios priorizados fueron: Antequera, El Choro, Huanuni, Machacamarca, Pazña y Poopó, por ser los más afectados por la contaminación, sin embargo, se habría invertido en municipios no priorizados como Caracollo, Challapata, Oruro, Toledo y Soracachi.
"Se han ejecutado 186 proyectos y en 2015 la Coridub nos llamó para que investigáramos y no se terminara el programa Cuenca Poopó, y es verdad no recibieron casi nada. Ahí vimos que hubo esas coyunturas políticas que aprovecharon las autoridades, porque este programa ya se negociaba el 2008 entre el estado boliviano y la UE, sin embargo el 2009 las comunidades marchan a La Paz, les prometen que van a arreglar la contaminación minera y les van a compensar con 14 millones de euros del programa", afirmó el investigador de Catapa y CEPA, Alberto Vásquez.
"Después se trabajó el Decreto Supremo 0335 (Emergencia en la zona sub Cuenca Poopó). Les dicen que el programa viene a través de este decreto a solucionar todo pero no era cierto. Se hace una declaratoria porque no les han priorizado y si leemos el decreto dice de los municipios y gobernaciones y no de un financiamiento de exterior, pero aprovechan el cierre el 2015, justo cuando se seca el Lago Poopó, aprovechan y culpan al programa de la Cuenca", afirmó el investigador.
"Nos preocupa mucho porque vinieron como una solución a los municipios de la Cuenca Poopó, pero no hemos visto nada, esta investigación tiene razón, los municipios afectados no han recibido nada, se debería priorizar varios temas entre ellos el dique de colas de Huanuni, siempre nos dicen que hay programas nacionales pero estamos viendo que a los afectados no ha llegado estos recursos", añadió.
Los investigadores también mencionaron la posibilidad de 20 millones de euros para la gestión 2018, sin embargo no serían manejados por un programa sino en apoyo a los programas ejecutados por el Gobierno Central para todo el país.
EX DIRECTOR DEL PROGRAMA
A través de un contacto telefónico, LA PATRIA habló con el ex director del Programa de Gestión Sostenible de los Recursos Naturales de la Cuenca del Lago Poopó, Eduardo Ortiz, quien aseguró que los municipios no pidieron los proyectos adecuados.
"La Coridub ha hecho un seguimiento permanente a la intersección del programa, prácticamente se constituyó en el brazo social. Ahora hemos atendido varios proyectos a todos los municipios que han solicitado", aseguró Ortiz. Nosotros no podemos imponer nada porque confiamos en ellos. Consideramos que la intervención del programa era piloto y luego de la sequía del lago Poopó buscaron un culpable, pero la limitante de los recursos también afectó, si no fuera por ese tema se habría garantizado una segunda parte", añadió Ortiz.
ANTECEDENTES
El programa Cuenca Poopó fue gestionado desde el 2008, y el 2010 se firmó el convenio, entonces se otorgaron 14 millones de euros que fueron invertidos en 186 proyectos entre obras, servicios y suministros. Concluyó el 2015.
La investigación cuestiona que no se haya priorizado a los 6 municipios y 80 comunidades más afectados por la contaminación ambiental.
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