El Gobierno anunció ayer que desalojará a los cocaleros que se asentaron ilegalmente en el Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS), en el departamento de Cochabamba. Para cumplir su objetivo, envió un contingente policial a la zona donde, el último sábado, un campesino murió tras un enfretamiento con originarios.
“(Vamos a) proceder al desalojo de cualquier asentamiento ilegal que se esté produciendo en ese lugar”, declaró ayer el ministro de Gobierno, Alfredo Rada.
El sábado 26, en San Miguelito, dentro del TIPNIS, en la frontera entre los departamento de Cochabamba y Beni, indígenas salieron a defender su tierra y a echar a los campesinos, quienes ingresaron al lugar para sembrar coca. Rada informó que en la pelea murió un cocalero y dos indígenas quedaron malheridos.
Las autoridades gubernamentales afirmaron que estos cocaleros no pertenecen a ninguna de las seis Federaciones del Trópico de Cochabamba. También indicaron que los cocales dentro del TIPNIS serán erradicados por brigadas de la Fuerza de Tarea Conjunta porque se trata de cultivos ilegales.
“En el TIPNIS no puede haber plantaciones de hoja coca. Hemos dicho, en varias ocasiones, que no vamos a permitir la expansión de cultivos de coca a lugares prohibidos por ley”, afirmó el ministro Rada.
En la zona en conflicto hay un contingente de 65 policías y, según Rada, se está reforzando la seguridad, con el envío de más uniformados, para evitar nuevos enfrentamientos. “La zona está bajo el control de la Policía boliviana con el refuerzo de un contingente de las fuerzas del orden para proceder con el desalojo de gente que, de manera ilegal, ingresó a una reserva forestal”, declaró el Ministro Rada.
El comandante departamental de la Policía de Cochabamba, coronel Carlos Quiroga, indicó anoche que estaba en Puerto Zudáñez, debido a que no pudo ingresar a la zona del conflicto por la crecida de los ríos.
El viceministro de Defensa Social, Felipe Cáceres, declaró que “el Gobierno en eso es implacable, ninguna persona se va a quedar en el parque nacional, menos a cultivar hoja de coca y menos a depredar uno de los reservorios de flora y fauna”.
Juan Carlos Rojas, director del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), informó que no se conoce la cifra de cocaleros que habrían tomado las tierras de los indígenas, pero manifestó que se procederá como indica la ley, al desalojo “con el uso de la fuerza pública”, si es necesario.
Rojas recordó que hace “algunos meses (en junio) se entregaron los títulos de propiedad por más de un millón de hectáreas”.
“(Vamos a) proceder al desalojo de cualquier asentamiento ilegal que se esté produciendo en ese lugar”, declaró ayer el ministro de Gobierno, Alfredo Rada.
El sábado 26, en San Miguelito, dentro del TIPNIS, en la frontera entre los departamento de Cochabamba y Beni, indígenas salieron a defender su tierra y a echar a los campesinos, quienes ingresaron al lugar para sembrar coca. Rada informó que en la pelea murió un cocalero y dos indígenas quedaron malheridos.
Las autoridades gubernamentales afirmaron que estos cocaleros no pertenecen a ninguna de las seis Federaciones del Trópico de Cochabamba. También indicaron que los cocales dentro del TIPNIS serán erradicados por brigadas de la Fuerza de Tarea Conjunta porque se trata de cultivos ilegales.
“En el TIPNIS no puede haber plantaciones de hoja coca. Hemos dicho, en varias ocasiones, que no vamos a permitir la expansión de cultivos de coca a lugares prohibidos por ley”, afirmó el ministro Rada.
En la zona en conflicto hay un contingente de 65 policías y, según Rada, se está reforzando la seguridad, con el envío de más uniformados, para evitar nuevos enfrentamientos. “La zona está bajo el control de la Policía boliviana con el refuerzo de un contingente de las fuerzas del orden para proceder con el desalojo de gente que, de manera ilegal, ingresó a una reserva forestal”, declaró el Ministro Rada.
El comandante departamental de la Policía de Cochabamba, coronel Carlos Quiroga, indicó anoche que estaba en Puerto Zudáñez, debido a que no pudo ingresar a la zona del conflicto por la crecida de los ríos.
El viceministro de Defensa Social, Felipe Cáceres, declaró que “el Gobierno en eso es implacable, ninguna persona se va a quedar en el parque nacional, menos a cultivar hoja de coca y menos a depredar uno de los reservorios de flora y fauna”.
Juan Carlos Rojas, director del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), informó que no se conoce la cifra de cocaleros que habrían tomado las tierras de los indígenas, pero manifestó que se procederá como indica la ley, al desalojo “con el uso de la fuerza pública”, si es necesario.
Rojas recordó que hace “algunos meses (en junio) se entregaron los títulos de propiedad por más de un millón de hectáreas”.
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