La denuncia fue realizada por el dirigente de la comunidad Lajita Moroco de Vallegrande, según Benigno Barrientos, quien compartió con ANF parte de un resumen ejecutivo para realizar estudios complementarios de investigación geológica y geotécnica del proyecto hidroeléctrico Rositas.
Dicho documento revela la logística del trabajo de la asociación china que contempla desde el hotel para el alojamiento del personal técnico del Centro de Operaciones de Apoyo en la población de Abapó, hasta el detalle de los equipos a cargo del Centro de Apoyo Logístico.
El informe menciona el uso de conteiner o depósitos para almacén de todos los materiales, herramientas e insumos necesarios y suficientes para apoyar las actividades en campo, vehículos y maquinaria para la realización de las investigaciones y estudios complementarios geológicos y geotécnicos, además de camionetas y equipos de mayor tonelaje.
En las instrucciones del informe se destaca: "Desde el Centro de Operaciones y Apoyo Logístico se transportarán maquinaria, equipos y vehículos por el camino hasta Moroco y luego se regresará por el río Rositas (...). La excavadora será transportada en camión por el camino que ingresa a Moroco hasta la playa del río Rositas y desde este sitio hasta el Banco de Préstamo de los agregados de la Cumbre Norte".
En criterio de Barrientos, toda esta actividad en la zona no contó en ningún momento con el consentimiento de los vecinos y dueños de las propiedades que se vieron invadidos por personal de nacionalidad china levantando información para ejecutar un proyecto sobre el cual tampoco se les consultó.
La Empresa Nacional de Electricidad (ENDE) y la Asociación Accidental Rositas (AAR) firmaron un contrato sin consulta previa, libre e informada a las comunidades indígenas y campesinas para la ejecución de la ingeniería, construcción, montaje, suministro, pruebas y puesta en marcha del Proyecto Hidroeléctrico Rositas en septiembre de 2016.
Ante el atropello cometido con la estatal ENDE, las comunidades guaraníes Tatarenda Nuevo y Yumao presentaron una acción popular ante el Órgano Judicial para frenar los avances de la megahidroeléctrica de $us 1.000 millones, pero hasta la fecha los dos Jueces de Garantías Constitucionales que conocieron el caso se declararon "incompetentes" por razón territorial para abordar el caso.
El ministro de Energía, Rafael Alarcón, dijo que no cuenta con resultados de los estudios de impacto ambiental, sin embargo, se supo que al menos una superficie de 45 mil hectáreas será inundada por la hidroeléctrica ocasionando el desplazamiento obligado de 12 comunidades.
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