“Este es un caso de evidente retardación de la justicia. Por falta de la presencia de los abogados de los imputados y de la representante de la Fiscalía, nuevamente y por décima vez fue suspendida esta audiencia que para nosotros debería ser definitiva”, afirmó la autoridad departamental.
La audiencia fue reprogramada para el siguiente 11 de octubre a las 15.30 horas. La imputación contra presuntos traficantes de colmillos y piezas de jaguar registra cargos por delito de destrucción y deterioro del patrimonio del Estado, en este caso patrimonio natural, apuntó.
Kempff puntualizó que la Gobernación junto al Ministerio de Medioambiente trabajaron en la sustanciación de todo el proceso, en el que no quedan dudas acerca de la responsabilidad de los implicados en el ilícito.
“La gobernación, como víctima, estamos pidiendo que se cumpla la Ley. Actualmente tenemos la sanción de sólo seis años de cárcel para este tipo de delitos, a pesar de que la Constitución Política del Estado (CPE), indica que los delitos contra los recursos naturales son considerados traición a la patria y tendrían una sanción de 30 años de cárcel”, remarcó Kempff.
PROCESO CIVIL
Por otra parte, recientemente el asesor jurídico del Ministerio de Medioambiente, Rodrigo Herrera, anunció que los implicados en el caso, además de la acción penal tendrán que enfrentar un proceso civil por el daño ocasionado al patrimonio nacional.
Por otra parte, Herrera anunció que la entidad de Medioambiente trabaja en la elaboración de normas legales especiales, para sancionar ilícitos como la depredación y el tráfico ilegal de especies y piezas de animales silvestres y protegidos.
Herrera explicó que en estricto apego a las vías legales vigentes, el Estado defenderá y reclamará por el patrimonio natural nacional, a cuya estrategia responde el anunciado proceso civil.
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