Clíver Rocha retoma el timón de la ABT ante el recelo de empresarios

A poco de cerrarse 2018, se mueve el tablero en el sector productivo y es el Gobierno quien hace –tal vez– la última jugada del año al restablecer en la silla de la Dirección de la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierras (ABT) a Clíver Rocha, un viejo conocido del sector que vuelve tras cuatro años distanciado de la producción forestal. El ejecutivo vuelve para llenar el vacío de Rolf Köhler Perrogón, quien atribuyó su salida a problemas de salud.

En un contacto con EL DEBER, Rocha ‘desempolvó’ viejos capítulos de su anterior dirección. Señaló que el contexto de hoy es distinto y que su administración estará apoyada en los parámetros de la economía productiva de los bosques, dinamización de derechos, sostenibilidad, desburocratización, manejo integral y transparencia institucional. Aseguró que todos los actores sectoriales serán parte de la estrategia y que las acciones estarán dirigidas a mantener sintonía para que a todos les vaya bien.

“Mi gestión se caracterizó, en una primera parte, por tener una fuerte rigidez sobre los procesos de control y fiscalización que ha tenido distintas miradas y donde se quiso acusar del colapso de la economía forestal, cuando lo que sucedió fue que se representó a una institución del Estado cuyo rol es la fiscalización. Ahora tiene que haber una entidad que desarrolle al sector agroforestal; esa será la característica de esta gestión”, manifestó Rocha.

La noticia toma por sorpresa al sector productivo. Desde la Cámara Forestal de Bolivia (CFB), el presidente, Diego Justiniano, refirió que los empresarios madereros esperan que el cambio no sea traumático ni negativo, sino que se empiecen a cambiar ciertos elementos para repuntar el despegue sectorial con la promoción de una dinámica productiva que resguarde la seguridad jurídica y defienda el Estado de derecho en el que el sector busca trabajar con la mirada puesta en el desarrollo sustentable y donde se generen procesos que agilicen la producción.

Por su parte, el expresidente de la CFB Pedro Colanzi recordó que, en su momento, Rocha trabajó en el tema de regulaciones para frenar el contrabando y la venta ilegal de madera, pero observó que en contrapartida las medidas también golpearon a un sector formal que buscaba desarrollarse y que fue un perjuicio para los empresarios.

Colanzi acotó que el trabajo en conjunto será transversal para acompañar los desafíos de una industria forestal que, tras tres años de números rojos, empieza a revertir su situación con la apertura de nuevos mercados.

Tareas pendientes

En cuanto a Rolf Köhler, quien anunció su salida ayer, señaló que la ABT tiene la función de otorgar los instrumentos de gestión para cumplir las metas del Plan de Desarrollo Económico Social de Bolivia con miras a 2020, detallando que se debe llegar a 4,7 millones de hectáreas (ha) cultivadas, de las que hay 3,3 millones; conseguir 13 millones de cabezas en el sector ganadero (hasta el momento hay 8 millones); repuntar el área de bosques comerciales de 34.000 a 750.000 ha y crecer de 10 a 54 millones de ha en bosques nativos, haciendo foco en la expansión de la frontera agrícola en Beni.

Los empresarios resaltaron la gestión del exdirectivo y su contribución para la desburocratización y excesiva regulación de la industria forestal, así como la acción de darle un sentido productivo en una gestión abierta y armoniosa donde también interviene el sector campesino.

Tribunal conoció avance de obras de carretera en Tipnis

En 2018 la sociedad internacional conoció más de cerca la protesta y preocupación de los pueblos que habitan el Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (Tipnis) y el conflicto por la construcción de la carretera San Ignacio de Moxos - Villa Tunari, cuyo avance ya es evidente.

Durante al menos una semana, una comisión especial del Tribunal Internacional de los Derechos de la Naturaleza (TIDN) visitó el país y pudo conocer de viva voz de los propios indígenas las denuncias sobre la cuestionada carretera y reflejarla más allá de las fronteras.

DENUNCIA INTERNACIONAL

Tras la denuncia que hicieron los dirigentes indígenas del Tipnis ante el TIDN, que entre el 7 y 8 de noviembre realizó su cuarta audiencia en la ciudad alemana de Bonn, el caso adquirió mayor relevancia internacional.

Bolivia, país regido por un Gobierno autoproclamado defensor de la Madre Tierra y de los derechos indígenas, era acusado de no respetar el hábitat de 65 comunidades indígenas e imponer la construcción de una vía que inicialmente fue descartada, pero que volvió a proponerse tras la promulgación de la Ley 969 en agosto de 2017, que quitaba la condición de “intangibilidad” al territorio, facilitando así diversas incursiones.

El TIDN aceptó el caso y anunció la llegada de una comisión de observadores al TIPNIS para agosto de 2018. Su labor sería “verificar in situ” las acusaciones de violación a los derechos de la Madre Tierra e indígenas, además de escuchar la versión del Gobierno boliviano.

También se solicitó al Gobierno imponer una moratoria en la construcción de la carretera, hasta que dicha instancia haya concluido su labor de indagación, y responder a las acusaciones hechas en su contra.

MALESTAR POR COMISIÓN DEL TIDN

A pocos días para la visita, dirigentes indígenas de la subcentral Sécure y del Consejo Indígena del Sur (Conisur), afines al MAS, amenazaron con no permitir la entrada de la comisión del TIDN bajo el argumento que no podían ingresar al TIpnis sin su autorización.

Pese a las advertencias, la comisión del TIDN, compuesta por el ecuatoriano Alberto Acosta, la estadounidense Shannon Biggs y el argentino Enrique Viale, arribaron al corazón del Tipnis el 16 de agosto.

La audiencia con los indígenas se desarrolló un día después en una maratónica y emotiva jornada en el que al menos 28 representantes de las distintas comunidades denunciaron los atropellos que sufren a manos de un Gobierno que se empecina en construir una carretera a merced de la destrucción de lo que ellos consideran su “Casa Grande”.

Las intervenciones fueron escuchadas por la comisión que reconoció que la lucha de los pueblos del Tipnis “es un referente mundial y que tiene una gran repercusión internacional”. Incluso surgió el compromiso de llevar las denuncias hasta el Papa Francisco.

Finalizada la audiencia, el conjunto de las comunidades del Tipnis entregó la demanda formal a la comisión, documento en el que se incluyeron pruebas de sus acusaciones.

El 18 de agosto partieron rumbo a la comunidad Santísima Trinidad del denominado Polígono 7 para conocer la versión de los colonizadores dentro del conflicto y sobre la construcción de la carretera. Previamente la comisión había recibido una invitación para la visita.

PROBLEMAS EN POLÍGONO 7

Junto a un grupo de periodistas y una comitiva especial, la comisión llegó hasta el ingreso del Polígono 7 la mañana del 19 de agosto, pero no pudieron llegar a su destino debido al bloqueo de un grupo de colonizadores en el sector del puente Isinuta, que tenía órdenes de evitar el paso de los visitantes y que retuvo a la comisión por varias horas sin actuación de la Policía.

Acosta cuestionó la actitud de los colonizadores y sus dirigentes, ya que explicó que fueron ellos mismos los que invitaron a la comisión para visitar el Polígono 7. Aquella versión fue refutada por los dirigentes que afirmaron que nunca autorizaron el envío de la carta de invitación.

Tras una breve negociación y en medio de un ambiente tenso, la delegación pudo abandonar el lugar luego de permanecer retenida por al menos cinco horas contra su voluntad.

El Gobierno minimizó el hecho y negó que se haya efectuado un secuestro, como los delegados del TIDN habían advertido durante sus horas de permanencia bajo la amenazante mirada de los colonos.

REUNIÓN CON GOBIERNO

La reunión entre el Gobierno y la comisión del TIDN se dio el 21 de agosto en la ciudad de La Paz. Allí, el ministro de Gobierno, Carlos Romero, y la viceministra de Medio Ambiente, Cinthia Silva, ratificaron la intención de construir la carretera, aunque reconocieron que aún no había el diseño final de la vía ni la evaluación del impacto ambiental que causaría en el Tipnis.

Según los representantes de la comisión, esa respuesta los llevó a consultar por qué ya se construían tres puentes de enormes dimensiones en aquel territorio si aún no había un diseño de la carretera. La pregunta no obtuvo respuesta.

Finalizada la reunión, Romero ratificó la posición del Gobierno e indicó, como ya lo había dicho antes de la llegada de la comisión, que el TIDN no puede ser considerado como un organismo oficial y que solo se compone por un grupo de ambientalistas cuya sentencia sobre este caso no tendría carácter vinculante.

DESENMASCARAN AL GOBIERNO

Para el expresidente del TIPNIS e impulsor de la VIII marcha en defensa de este territorio indígena, Adolfo Moye, la visita del TIDN sirvió para desenmascarar al Gobierno y mostrar sus verdaderas intenciones.

“Se demostró en qué realidad vive el TIPNIS y se vio la imagen real del Gobierno. Se logró que el contexto internacional se interiorice sobre los accionares las políticas estatales del país para con nosotros, los indígenas”, aseguró.

Asimismo, Moye señaló que fuera de conocerse la sentencia del TIDN, los indígenas del Tipnis “esperan que todo lo expuesto durante la audiencia se pueda difundir y socializar en la comunidad internacional los grandes daños que están ocasionando en su territorio”.

“Tenemos la esperanza de que a partir de esta visita surja la conciencia para buscar otros mecanismos de desarrollo que no destruya la naturaleza”, agregó.

La comisión abandonó el país el 22 de agosto con el compromiso de difundir la sentencia final de este caso hasta finales de septiembre, sin embargo, a la fecha aún no se la ha emitido. (Anuario ANF)

Video Investigador Roger Carvajal, nos habla del calor en Bolivia y sobre el Calentamiento Global

Futura planta de baterías no tiene licencia ambiental

El ministro de Energía, Rafael Alarcón, minimizó ayer la falta de licencia ambiental de la futura planta de fabricación de baterías de litio, en declaración ofrecida a la emisora alemana Deutsche Welle, luego de la constitución el miércoles de la Empresa Pública Mixta por parte de la estatal Yacimientos de Litio Boliviano (YLB) y la socia alemana ACI Systems, para la construcción de la planta de baterías de ión- litio, en el marco del desarrollo del proyecto boliviano.

Consultado por qué se formalizó el acuerdo cuando no se cuenta con estudios de impacto ambiental en el Salar de Uyuni, Alarcón salió al paso para señalar que actualmente se tiene una planta de cloruro de potasio, además está en construcción una planta de carbonato de litio y para instalar la planta de dióxido de litio, destinada a la fabricación de baterías de litio, contará en su momento con la licencia ambiental respectiva.

CUESTIONAMIENTOS

Previa a la concreción de la empresa mixta en Berlín, parlamentarios formularon varias preguntas al Gobierno Federal de Alemania, el que ha reconocido no contar con estudios ambientales para la explotación de litio en el Salar de Uyuni.

“El Gobierno Federal no tiene resultados de estudios ambientales para la explotación de litio en Bolivia, como parte del Joint Venture entre ACI Systems y YLB. Estas dos empresas serán partes contratantes del acuerdo que se firmó el pasado 12 de diciembre”, señaló la respuesta gubernamental dada al parlamentario Uwe Kekeritz, del partido de los Verdes.

Kekeritz consultó también si la evaluación de los impactos ambientales fue concluida antes de la firma de los contratos para el proyecto, a lo cual no obtuvo una respuesta concluyente.

En la respuesta al parlamentario alemán se señaló también que en caso que ACI Systems solicitara al Gobierno Federal [alemán] el apoyo del proyecto, a través de instrumentos de promoción del comercio exterior, este revisará “en particular los aspectos ambientales del proyecto como parte del proceso de revisión de la solicitud”.

EMPRESA MIXTA

El acuerdo suscrito, de riesgo compartido (joint venture o asociación accidental), prevee que el país disponga de la materia prima y la empresa alemana provea la tecnología respectiva, para la fabricación de baterías de litio, las que serán utilizadas por la industria automotriz. El acuerdo se realizó en medio de cuestionamientos de parlamentarios alemanes de izquierda y del Partido Verde, así como de expertos en la materia.

CONFIANZA

“Las críticas siempre van a existir, lo importante es avanzar, construir un nuevo Estado, confiamos en la tecnología alemana que va a requerir las baterías de litio (…). Bolivia no juega con principiantes y ACI Systems ha demostrado tener la tecnología, esta alianza no solamente entre dos empresas, sino de dos Estados”, dijo el ministro de Energía, Carlos Alarcón,. a la emisora alemana, tras la firma del acuerdo, hace dos días en Berlín.

“El Salar de Uyuni tiene 10 mil kilómetros cuadrados y tendremos intervención sobre 40 kilómetros, es decir, el 0,4% (de la superficie)”, con lo minimizó así el impacto y, a modo de broma, acotó que se tendrá para largo el salar, inclsuive para filmar más escenas destinadas a incluirlas en la película “Star War”.

LEY N° 1037 - Declárase de prioridad nacional la valorización, protección y restauración del ecosistema, conformado por sus aguas, riberas, bosques, suelo, subsuelo, biodiversidad, paisajes que conforman los márgenes del Río Piraí

LEY N° 1037
LEY DE 26 DE MARZO DE 2018

ALVARO GARCÍA LINERA
PRESIDENTE EN EJERCICIO DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA

Por cuanto, la Asamblea Legislativa Plurinacional, ha sancionado la siguiente Ley:

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA PLURINACIONAL,

DECRETA:
ARTÍCULO 1. Se modifica el Artículo Segundo de la Ley N° 2122 de 25 de septiembre de 2000, con la siguiente redacción:
“       ARTÍCULO SEGUNDO.-
I.       Declárase de prioridad nacional la valorización, protección y restauración del ecosistema, conformado por sus aguas, riberas, bosques, suelo, subsuelo, biodiversidad, paisajes que conforman los márgenes del Río Piraí y sus restos arqueológicos, paleontológicos, así como la utilización sostenible, racional y óptima de sus recursos naturales, el control de la contaminación y el restablecimiento de su equilibrio ecológico.
II.      Considerando y respetando las prioridades señaladas en el Parágrafo I del presente Artículo; en el marco del crecimiento poblacional y desarrollo, se permitirá la construcción de puentes con sus accesos de interconexión municipal, ubicados en las riberas del Río Piraí, los mismos que deberán contar con su estudio de impacto ambiental, en el marco de la normativa legal vigente.”
ARTÍCULO 2. Se modifica el Artículo 3° de la Ley N° 2913 de 18 de noviembre de 2004, con la siguiente redacción:
“       ARTÍCULO 3° (Objetivo). Declárase “Parque Ecológico Metropolitano Piraí” a todas las riberas del Río Piraí, ubicadas en los Municipios de la Metrópoli del Departamento de Santa Cruz: Santa Cruz de la Sierra, Montero, Warnes, Porongo, La Guardia, Colpa Bélgica y El Torno; entendiendo por ribera el área de protección cuyo aprovechamiento se debe limitar a fines de recreación, educación, investigación y construcción de puentes con sus accesos de interconexión municipal, siempre y cuando se respeten las prioridades señaladas en el Artículo Segundo de la Ley N° 2122 y su estudio de impacto ambiental, en el marco de la normativa legal vigente.”
ARTÍCULO 3. Se derogan los Artículos 7°, 8° y 9° de la Ley N° 2913, así como otras disposiciones contrarias a la presente Ley.
Remítase al Órgano Ejecutivo para fines constitucionales.
Es dada en la Sala de Sesiones de la Asamblea Legislativa Plurinacional, a los ocho días del mes de marzo del año dos mil dieciocho.
Fdo. José Alberto Gonzales Samaniego, Lilly Gabriela Montaño Viaña, Patricia M. Gómez Andrade, Efraín Chambi Copa, Alicia Canqui Condori, Sebastián Texeira Rojas.
Por tanto, la promulgo para que se tenga y cumpla como Ley del Estado Plurinacional de Bolivia.
Ciudad de Santa Cruz de la Sierra,  a los veintiséis días del mes de marzo del año dos mil dieciocho.
FDO. ALVARO GARCÍA LINERA, Alfredo Rada Vélez, Milton Claros Hinojosa, Carlos Rene Ortuño Yañez, Roberto Iván Aguilar Gómez.

Deforestación se ampliará en el país por uso de etanol

En los últimos años, la deforestación en la región se incrementó y Bolivia no fue la excepción, debido a la ampliación de la frontera agrícola, y ahora con el uso de etanol, los cañaverales aumentarán, según el director de Probioma en su exposición La Política de biocombustibles en el país: efectos y tendencias, en el marco del Foro debate, políticas de globalización en América Latina y Bolivia.

En los datos que muestra Crespo se observa una disminución de bosques. Con la promulgación de la Ley 1098, Ley de Activos de Origen Vegetal, conocida como la "Ley de etanol", se da paso al ingreso de Bolivia a la era de los agrocombustibles.

La ley sostiene que se tienen que mejorar los rendimientos de la caña, lo cual requiere mayores inversiones en investigación, es decir, la norma tampoco prevé de dónde saldrán esos recursos, señala el director de Probioma.

Además, indica que esa clase de mejoras en variedades es de largo plazo, los resultados se pueden obtener entre 7 a 10 años. En este sentido, “la ampliación de la frontera agrícola es inevitable”, sentenció.

DEFORESTACIÓN

Señala que en Bolivia la deforestación de los agronegocios pone en riesgo la producción sostenible de alimentos, los agrocombustibles son para el agronegocio, y alerta que en los últimos años la superficie de bosques disminuyó.

Sostuvo que en la cumbre de Rio+20 se discutió en torno al concepto de una gran transformación tecnológica verde que dará lugar a la una gran transformación tecnológica verde que dará lugar a la economía verde, como punto central para la supervivencia del planeta.

"La idea consiste en sustituir la matriz energética del petróleo y otras energías fósiles, con la explotación de biomasa y otras energías fósiles, con la explotación de biomasa (cultivos alimenticios, textiles de fibras, pastos, residuos forestales, aceites vegetales, algas, etc.)", explicó en su exposición.

Video Jimena Mercado: Investigación Dragas Chinas en Cachuela Esperanza Explotando Oro