El río Pilcomayo fue sometido a una auditoría ambiental debido al alto grado de contaminación. En la actualidad se ultima la información del primer resultado de ese proceso, que está relacionado con los efectos ocasionados por la actividad minera.
Según la auditoría de la Controlaría General del Estado (CGE), al margen de ello, hay tres trabajos más que se iniciarán en otras zonas de ese afluente. En la actualidad el trabajo está centrado en la subcuenta del río San Juan del Oro y Tumusla. Estos tienen contaminación minera. Los resultados de ese primer trabajo serán presentados en enero del 2019.
Al respecto, el gerente de Auditoría Ambiental CGE, Roberto Pérez, sostuvo que se quiere establecer el grado de contaminación del río Pilcomayo en sus diferentes zonas. Hasta el momento se conoce que la afectación de ese afluente, que atraviesa tres departamentos, es por los desechos residuales domésticos y la minería.
Según publicación de El País, la Controlaría General del Estado realizará cuatro auditorías ambientales sobre el río emblema de Tarija: La primera que está a punto de concluir sobre los efectos causados por la minería; la segunda se desarrollará en la subcuenca zona alta, que se extiende hasta la ciudad de Sucre, ahí se verá principalmente las descargas de aguas residuales domiciliarias; la tercera será en la zona media, donde se analizará la afectación por la actividad de los hidrocarburos; para concluir se hará otra en la zona baja para analizar lo referente a los sedimentos.
De esa manera, Pérez manifestó que conforme se concluyan cada una de esas auditorias, se presentarán a la población.
Para el director de la Oficina Técnica Nacional de los ríos Pilcomayo y Bermejo (OTN-PB), Rubén Vaca, ya era hora que la Contraloría enfoque su trabajo en esta área, porque se hicieron auditorías de todo, pero menos de la parte ambiental y ecológica, que casi siempre es para la foto, pero luego no se reflejan en los presupuestos, pues se destina un mínimo de recursos.
El funcionario indicó que en la actualidad hay una disposición del Ministerio de Medio Ambiente y Aguas, que señala que todos los municipios, por donde pasa el río Pilcomayo, deben hacer una clasificación de los cuerpos de agua. En ese trabajo, la OTN es la entidad que se presta para el apoyo a cada una de las instituciones ediles. El plazo para cumplir con ello es el año 2019.
“Se contamina mucho, eso no es ningún secreto. Me parece bien que la Contraloría empiece ese trabajo, que seguramente será una alerta para todas las autoridades y emprendimientos productivos -comentó Vaca- nosotros podemos ir a tomar la muestra de agua y someterla a prueba de laboratorio. Nuestra ambición y propósito a futuro inmediato es integrar por los menos algunos sistemas de monitoreo que están administrados por la dirección ejecutiva que está a cargos de los tres países”.
POBLACIÓN EN GUADALQUIVIR
La Contraloría General del Estado (CGE), mediante auditoría ambiental, determinó que el 50 por ciento de la población del departamento de Tarija vive en la cuenca del río Guadalquivir. Esa situación incide en una de las principales causas de la contaminación de ese afluente.
Informacion de medio ambiente y propuestas verdes en Bolivia. Contacto: blogsnoticias@gmail.com
viernes, 30 de noviembre de 2018
domingo, 25 de noviembre de 2018
Licencias ambientales significan peligro para reservas naturales
Un experto explicó la gravedad que representa la emisión de las licencias ambientales para los proyectos de la exploración de hidrocarburos en Domo Oso, Astillero y Churumas, ubicados en la Reserva Nacional de Fauna y Flora Tariquía, en el departamento de Tarija.
“La otorgación de licencias medioambientales es el último escollo administrativo al que tienen que recurrir las compañías para después poder realizar operaciones con libertad. Nos llama la atención, nos preocupa mucho que la Subcentral Tariquía no haya sido convocada o haya podido participar de ninguno de los procesos de consulta para la otorgación de estas licencias ambientales”, señaló Jorge Campanini, investigador especialista en industrias extractivistas.
En redes sociales se observa la matanza de osos en la Reserva Tariquía por parte de personeros de YPFB, a pesar de las denuncias realizadas en su momento.
De acuerdo con el experto, que fue entrevistado por radio Santa Cruz, los proyectos Domo Oso, Churumas y Astillero, que recibieron la licencia ambiental por parte del Ministerio de Medio Ambiente, se encuentran al interior de la reserva natural, lo que terminará afectando directamente el ecosistema del lugar y la vida de las comunidades indígenas.
Por ejemplo, “el proyecto Churumas (contempla) una perforación y una intervención de pozo que va a realizar la empresa YPFB Chaco, y coincidentemente está ubicado en la zona núcleo o corazón de la reserva, zona intangible, donde teóricamente no se puede hacer ninguna actividad extractiva”, aseguró.
Calificó de “política agresiva” la determinación del Ministerio de dar las licencias sin “tomar en cuenta la voz de la gente que vive ahí dentro”.
El Centro de Documentación e Información Bolivia (Cedib) también alertó que el proyecto Churumas amenaza el corazón de la Reserva Tariquía, y que a pesar del rechazo de las comunidades a la actividad petrolera la exploración avanza.
“Hay un proyecto que es la intervención y perforación de pozos en la zona núcleo o intangible de la reserva que es el proyecto Churumas, que está a cargo de Chaco S.A., y por lo visto va viento en popa”, aseveró Jorge Campanini, investigador de Cedib. (ANF)
“La otorgación de licencias medioambientales es el último escollo administrativo al que tienen que recurrir las compañías para después poder realizar operaciones con libertad. Nos llama la atención, nos preocupa mucho que la Subcentral Tariquía no haya sido convocada o haya podido participar de ninguno de los procesos de consulta para la otorgación de estas licencias ambientales”, señaló Jorge Campanini, investigador especialista en industrias extractivistas.
En redes sociales se observa la matanza de osos en la Reserva Tariquía por parte de personeros de YPFB, a pesar de las denuncias realizadas en su momento.
De acuerdo con el experto, que fue entrevistado por radio Santa Cruz, los proyectos Domo Oso, Churumas y Astillero, que recibieron la licencia ambiental por parte del Ministerio de Medio Ambiente, se encuentran al interior de la reserva natural, lo que terminará afectando directamente el ecosistema del lugar y la vida de las comunidades indígenas.
Por ejemplo, “el proyecto Churumas (contempla) una perforación y una intervención de pozo que va a realizar la empresa YPFB Chaco, y coincidentemente está ubicado en la zona núcleo o corazón de la reserva, zona intangible, donde teóricamente no se puede hacer ninguna actividad extractiva”, aseguró.
Calificó de “política agresiva” la determinación del Ministerio de dar las licencias sin “tomar en cuenta la voz de la gente que vive ahí dentro”.
El Centro de Documentación e Información Bolivia (Cedib) también alertó que el proyecto Churumas amenaza el corazón de la Reserva Tariquía, y que a pesar del rechazo de las comunidades a la actividad petrolera la exploración avanza.
“Hay un proyecto que es la intervención y perforación de pozos en la zona núcleo o intangible de la reserva que es el proyecto Churumas, que está a cargo de Chaco S.A., y por lo visto va viento en popa”, aseveró Jorge Campanini, investigador de Cedib. (ANF)
martes, 13 de noviembre de 2018
Policía Forestal investiga caza de oso Jucumari
La viceministra de Medio Ambiente, Cynthia Silva, informó ayer que ante la denuncia realizada en Facebook sobre la caza de un oso Jucumari, la Policía Forestal y Prevención del Medio Ambiente (Pofoma) inició con la investigación del caso para dar con los presuntos autores del hecho.
“Aparentemente el caso del oso Jucumari no es en Tarija como denuncian las redes sociales. Tenemos ya más o menos identificada la zona y se está trabajando con Pofoma para determinar el sitio y los culpables”, manifestó la autoridad en una entrevista concedida al canal Abya Yala.
En los últimos días circularon varias fotografías en las que se muestra a un oso jucumari sin vida a manos de sus cazadores, que posan con el cuerpo del animal en alguna zona selvática. En las imágenes incluso se observa al oso siendo despojado de su pelaje.
Las fotos generaron la consternación de los usuarios de las redes, que condenaron el hecho cometido en contra del oso en peligro de extinción.
De acuerdo con la autoridad, el caso es preocupante por tratarse de una especie en peligro de extinción, razón por la que se está poniendo sumo cuidado para proseguir con las investigaciones y esclarecer el hecho.
“Este caso nos llama mucho la atención porque es una especie en peligro de extinción (...) No lo cazan por alimento, en general el conflicto es porque el oso se acerca a los cultivos”, comentó Silva.
“Aparentemente el caso del oso Jucumari no es en Tarija como denuncian las redes sociales. Tenemos ya más o menos identificada la zona y se está trabajando con Pofoma para determinar el sitio y los culpables”, manifestó la autoridad en una entrevista concedida al canal Abya Yala.
En los últimos días circularon varias fotografías en las que se muestra a un oso jucumari sin vida a manos de sus cazadores, que posan con el cuerpo del animal en alguna zona selvática. En las imágenes incluso se observa al oso siendo despojado de su pelaje.
Las fotos generaron la consternación de los usuarios de las redes, que condenaron el hecho cometido en contra del oso en peligro de extinción.
De acuerdo con la autoridad, el caso es preocupante por tratarse de una especie en peligro de extinción, razón por la que se está poniendo sumo cuidado para proseguir con las investigaciones y esclarecer el hecho.
“Este caso nos llama mucho la atención porque es una especie en peligro de extinción (...) No lo cazan por alimento, en general el conflicto es porque el oso se acerca a los cultivos”, comentó Silva.
Paro indefinido y bloqueos en defensa de reservas en Roboré
Las organizaciones de Roboré como el Comité Cívico, el control social y el Gobierno Municipal cumplen desde las primeras horas de ayer un paro cívico indefinido en defensa de sus reservas municipales, debido a asentamientos.
La población de Roboré inició el bloqueo desde esta madrugada. Rechaza la otorgación de la reserva municipal El Paquió y la Unidad de Conservación del Valle de Tucabaca, que abarca 24.000 hectáreas, a la comunidad Túpac Amaru.
El alcalde de Roboré, Iván Quezada, reiteró que no está en contra de la dotación de tierras fiscales a comunidades que no tienen donde vivir; pero pide a las autoridades que las ubiquen en territorios que no sean del municipio.
Las comunidades más próximas a Roboré -San Manuel, San Rafael, Gavetitas y Santiagoma- coadyuvan en el punto de bloqueo en Santiago de Chiquitos que corta el flujo vehicular en la ruta internacional de la carretera Bioceánica que conecta a Brasil.
“Siempre hemos sido objeto de burla de parte del INRA, pero esta vez el pueblo ya se cansó y el pedido clamoroso de toda la población y las entidades responsables es que se escuche nuestra protesta”, manifestó el responsable del Control Social.
El líder cívico del Bloque Chiquitano, José Serrate, dijo que el paro es para exigir al INRA el cumplimiento de compromisos asumidos el 3 de noviembre.
Según los cívicos, el INRA se comprometió a firmar un documento con tres pedidos de Roboré: anular las resoluciones de asentamiento, reforestar el monte afectado y pagar el daño que se hizo con la deforestación de la zona, pero ante el incumplimiento Roboré decidió retomar sus medidas de presión.
El bloqueo afecta las salidas de buses desde la terminal Bimodal hasta la ciudad fronteriza de Puerto Quijarro. (ANF)
La población de Roboré inició el bloqueo desde esta madrugada. Rechaza la otorgación de la reserva municipal El Paquió y la Unidad de Conservación del Valle de Tucabaca, que abarca 24.000 hectáreas, a la comunidad Túpac Amaru.
El alcalde de Roboré, Iván Quezada, reiteró que no está en contra de la dotación de tierras fiscales a comunidades que no tienen donde vivir; pero pide a las autoridades que las ubiquen en territorios que no sean del municipio.
Las comunidades más próximas a Roboré -San Manuel, San Rafael, Gavetitas y Santiagoma- coadyuvan en el punto de bloqueo en Santiago de Chiquitos que corta el flujo vehicular en la ruta internacional de la carretera Bioceánica que conecta a Brasil.
“Siempre hemos sido objeto de burla de parte del INRA, pero esta vez el pueblo ya se cansó y el pedido clamoroso de toda la población y las entidades responsables es que se escuche nuestra protesta”, manifestó el responsable del Control Social.
El líder cívico del Bloque Chiquitano, José Serrate, dijo que el paro es para exigir al INRA el cumplimiento de compromisos asumidos el 3 de noviembre.
Según los cívicos, el INRA se comprometió a firmar un documento con tres pedidos de Roboré: anular las resoluciones de asentamiento, reforestar el monte afectado y pagar el daño que se hizo con la deforestación de la zona, pero ante el incumplimiento Roboré decidió retomar sus medidas de presión.
El bloqueo afecta las salidas de buses desde la terminal Bimodal hasta la ciudad fronteriza de Puerto Quijarro. (ANF)
sábado, 10 de noviembre de 2018
Tráfico de colmillos Tres y Cuatro años de cárcel para ciudadanos chinos
Santa Cruz.- Luego de 13 audiencias suspendidas, Li Ming y Yin Lan, de origen chino, naturalizado bolivianos fueron condenados a cuatro y tres años de cárcel, respectivamente acusados de daños al patrimonio natural y tráfico de colmillos de jaguar, puma, otros derivados de fauna silvestre.
“Habíamos solicitado seis años de cárcel, por la cantidad de animales silvestres que fueron sustraídos de sus habitad natural. A pesar de la pena que se les ha impuesto creemos que se ha sentado precedente”, aseguró la directora de Recursos Naturales de la Gobernación de Santa Cruz, Yandery Kempff
La autoridad cruceña afirmó que es un primer antecedente para que la población tome conciencia sobre esta situación y que existe sanción penal para este tipo de acciones.
Kempff instó a los operadores del Ministerio Público a seguir investigando el tráfico de animales silvestres y aseguró que el caso tiene que ver con una red internacional que se dedica a cometer el ilícito.
Los ciudadanos de origen asiático fueron arrestados en su restaurante de pollos en la avenida Grigotá, en febrero de este año, luego de una denuncia hecha por un ciudadano que observó que en el restaurante había un letrero que decía: “Se compran colmillos de jaguar”. Tras un allanamiento legal al ligar en el inmueble se encontró 185 colmillos, pieles y otras partes de animales silvestres, según El Deber Digital.
Debido al caso denominado “colmillos”, el Ministerio del Medio Ambiente ha sugerido declarar en 2019 como 'El año del jaguar' con el objetivo de encarar acciones que protejan al jaguar de Bolivia. "No queremos que esta especie desaparezca del país", afirmó la directora general de Biodiversidad de esta cartera de Estado, Teresa Pérez.
Una serie de evidencias acumuladas durante los últimos años alertó sobre el tráfico de colmillos de jaguar, actividad que estaría siendo promovida por ciudadanos chinos que residen en Bolivia, una práctica que tiene un efecto negativo sobre la población de estos felinos.
Por su parte, el abogado ambientalista Marcos E. Tapia, afirmó que la complejidad de la problemática revela la urgente necesidad de mayor presencia del Estado a partir de políticas efectivas que permitían la convivencia armónica con la naturaleza.
“El tema de la caza furtiva no es tema sólo de ciertos ciudadanos. Es un tema de las personas que viven en esas áreas porque hay un mercado abierto y este mercado entabla relaciones con otras. Entrar a una propiedad de una comunidad originaria campesina (como es el caso del hábitat del jaguar) no es sencillo”, dijo en reciente entrevista con EL DIARIO.
En este sentido Tapia afirmó la necesidad de replantar la eficiencia de los mecanismos con los que cuenta el Estado sin dejar de ver la voluntad de las partes. “Puede tener las mejore leyes, los más altos recursos económicos, pero si las partes involucradas no van a dejar que el Estado intervenga éste va ser obsoleto”, remarcó a tiempo de recordar la entonces vanguardista Ley Nº 133/92 (27 de abril) Del Medio Ambiente, período en el que también ocurría la caza furtiva pero menos mediatizada.
En criterio del jurista este asunto también debe ser abordado desde la perspectiva cultural y admitir que antes del tráfico de estas piezas visibilizadas en los ciudadanos asiáticos ya se producía este fenómeno porque se trata de un mercado abierto sobre el cual el Estado nunca ha tenido presencia.
“No sólo son los ciudadanos chinos, son mafias que no podemos identificar y tampoco hay datos de mayor aproximación sobre la caza furtiva (…) Las estadísticas señalan que de la población de jaguares alcanza sólo 64 mil individuos. La cifra negra de la depredación es la más preocupantes, se han incautado 194 colmillos y al menos 30 pieles, habría que preguntarse cuantas piezas no han encontrado y cuántos hechos no se conocen”, remarcó Tapia.
En este contexto, el jurista apuntó que no sólo el problema de la caza furtiva, el tema del medioambiente en su conjunto debe ser abordado con criterios menos jurídicos, sino con una visión de sistema.
COMENTARIO
“El tema de la caza furtiva no es tema sólo de ciertos ciudadanos. Es un tema de las personas que viven en esas áreas porque hay un mercado abierto y este mercado entabla relaciones con otras. Entrar a una propiedad de una comunidad originaria campesina (como es el caso del hábitat del jaguar) no es sencillo”, dijo en reciente entrevista con EL DIARIO, el abogado ambientalista Marcos E. Tapia.
“Habíamos solicitado seis años de cárcel, por la cantidad de animales silvestres que fueron sustraídos de sus habitad natural. A pesar de la pena que se les ha impuesto creemos que se ha sentado precedente”, aseguró la directora de Recursos Naturales de la Gobernación de Santa Cruz, Yandery Kempff
La autoridad cruceña afirmó que es un primer antecedente para que la población tome conciencia sobre esta situación y que existe sanción penal para este tipo de acciones.
Kempff instó a los operadores del Ministerio Público a seguir investigando el tráfico de animales silvestres y aseguró que el caso tiene que ver con una red internacional que se dedica a cometer el ilícito.
Los ciudadanos de origen asiático fueron arrestados en su restaurante de pollos en la avenida Grigotá, en febrero de este año, luego de una denuncia hecha por un ciudadano que observó que en el restaurante había un letrero que decía: “Se compran colmillos de jaguar”. Tras un allanamiento legal al ligar en el inmueble se encontró 185 colmillos, pieles y otras partes de animales silvestres, según El Deber Digital.
Debido al caso denominado “colmillos”, el Ministerio del Medio Ambiente ha sugerido declarar en 2019 como 'El año del jaguar' con el objetivo de encarar acciones que protejan al jaguar de Bolivia. "No queremos que esta especie desaparezca del país", afirmó la directora general de Biodiversidad de esta cartera de Estado, Teresa Pérez.
Una serie de evidencias acumuladas durante los últimos años alertó sobre el tráfico de colmillos de jaguar, actividad que estaría siendo promovida por ciudadanos chinos que residen en Bolivia, una práctica que tiene un efecto negativo sobre la población de estos felinos.
Por su parte, el abogado ambientalista Marcos E. Tapia, afirmó que la complejidad de la problemática revela la urgente necesidad de mayor presencia del Estado a partir de políticas efectivas que permitían la convivencia armónica con la naturaleza.
“El tema de la caza furtiva no es tema sólo de ciertos ciudadanos. Es un tema de las personas que viven en esas áreas porque hay un mercado abierto y este mercado entabla relaciones con otras. Entrar a una propiedad de una comunidad originaria campesina (como es el caso del hábitat del jaguar) no es sencillo”, dijo en reciente entrevista con EL DIARIO.
En este sentido Tapia afirmó la necesidad de replantar la eficiencia de los mecanismos con los que cuenta el Estado sin dejar de ver la voluntad de las partes. “Puede tener las mejore leyes, los más altos recursos económicos, pero si las partes involucradas no van a dejar que el Estado intervenga éste va ser obsoleto”, remarcó a tiempo de recordar la entonces vanguardista Ley Nº 133/92 (27 de abril) Del Medio Ambiente, período en el que también ocurría la caza furtiva pero menos mediatizada.
En criterio del jurista este asunto también debe ser abordado desde la perspectiva cultural y admitir que antes del tráfico de estas piezas visibilizadas en los ciudadanos asiáticos ya se producía este fenómeno porque se trata de un mercado abierto sobre el cual el Estado nunca ha tenido presencia.
“No sólo son los ciudadanos chinos, son mafias que no podemos identificar y tampoco hay datos de mayor aproximación sobre la caza furtiva (…) Las estadísticas señalan que de la población de jaguares alcanza sólo 64 mil individuos. La cifra negra de la depredación es la más preocupantes, se han incautado 194 colmillos y al menos 30 pieles, habría que preguntarse cuantas piezas no han encontrado y cuántos hechos no se conocen”, remarcó Tapia.
En este contexto, el jurista apuntó que no sólo el problema de la caza furtiva, el tema del medioambiente en su conjunto debe ser abordado con criterios menos jurídicos, sino con una visión de sistema.
COMENTARIO
“El tema de la caza furtiva no es tema sólo de ciertos ciudadanos. Es un tema de las personas que viven en esas áreas porque hay un mercado abierto y este mercado entabla relaciones con otras. Entrar a una propiedad de una comunidad originaria campesina (como es el caso del hábitat del jaguar) no es sencillo”, dijo en reciente entrevista con EL DIARIO, el abogado ambientalista Marcos E. Tapia.
viernes, 9 de noviembre de 2018
jueves, 8 de noviembre de 2018
Alarma por tala de árboles
Una vez más las redes sociales sirvieron para denunciar la flagrancia con la que actúan los obreros de las construcciones de edificios que se dan a la tarea de talar los árboles de acacias de la acera de la calle Ecuador en la zona de Sopocachi.
Irónicamente los árboles talados se encontraban en la acera próxima al frontis del edificio de la Fundación, Ecológica Patiño.
La mañana de ayer, a través de las redes sociales se hizo viral la fotografía en la que aparecen al menos cinco obreros que presumiblemente trabajan en edificio de la referida Fundación, Ecológica Patiño, que haciendo uso de podadoras y otras herramientas procedieron a talar por lo menos cinco árboles sanos y ornamentales que estaban en la acera del frontis del edificio.
En la imagen, los cinco obreros trabajan en medio de las ramas y troncos de los otros árboles sacrificados, mientras otro obrero haciendo uso de una escalera procede a podar el árbol que se encontraba en la esquina.
“Ayúdenme a denunciar y frenar ¿Están sacando árboles sanos para que se vea mejor al edificio? Es el en frontis del nuevo edificio de la Fundación Ecológica Patiño en la calle Ecuador”, dice el texto al pie de la fotografía que compartió Fernando C.
Lo más curiosos de esta escena es que las acciones de daño al ornato público se realizan en medio de la pasiva mirada de un policía que pasa por el lugar en su motocicleta y ni siquiera reportó esta situación.
Escenas como estas se registran a diario en la ciudad de La Paz, sobre todo en las zonas de Miraflores, Sopocachi, Alto Miraflores, Villa Fátima y otras donde a la par del progreso y el boom de la construcción se procede a talar los pocos árboles que tiene la ciudad, sin que exista una sanción para las empresas constructoras por estos daños.
La Alcaldía inició el Censo de Arbolado en el municipio para obtener la información de todos los árboles que existen en La Paz. A partir de los resultados se pretende desarrollar acciones que promuevan el cuidado y la conservación de los mismos.
Se censarán árboles ubicados en veredas de avenidas, calles, callejones, pasajes peatonales, parques, plazas, plazuelas, rotondas y jardineras centrales. Esta actividad se llevará a cabo en 187 zonas censales, que se identificaron en los siete macrodistritos urbanos. Además, se censará 171 zonas de masas bóscosas, entre áreas verdes, forestales, protegidas y aires de río.
Irónicamente los árboles talados se encontraban en la acera próxima al frontis del edificio de la Fundación, Ecológica Patiño.
La mañana de ayer, a través de las redes sociales se hizo viral la fotografía en la que aparecen al menos cinco obreros que presumiblemente trabajan en edificio de la referida Fundación, Ecológica Patiño, que haciendo uso de podadoras y otras herramientas procedieron a talar por lo menos cinco árboles sanos y ornamentales que estaban en la acera del frontis del edificio.
En la imagen, los cinco obreros trabajan en medio de las ramas y troncos de los otros árboles sacrificados, mientras otro obrero haciendo uso de una escalera procede a podar el árbol que se encontraba en la esquina.
“Ayúdenme a denunciar y frenar ¿Están sacando árboles sanos para que se vea mejor al edificio? Es el en frontis del nuevo edificio de la Fundación Ecológica Patiño en la calle Ecuador”, dice el texto al pie de la fotografía que compartió Fernando C.
Lo más curiosos de esta escena es que las acciones de daño al ornato público se realizan en medio de la pasiva mirada de un policía que pasa por el lugar en su motocicleta y ni siquiera reportó esta situación.
Escenas como estas se registran a diario en la ciudad de La Paz, sobre todo en las zonas de Miraflores, Sopocachi, Alto Miraflores, Villa Fátima y otras donde a la par del progreso y el boom de la construcción se procede a talar los pocos árboles que tiene la ciudad, sin que exista una sanción para las empresas constructoras por estos daños.
La Alcaldía inició el Censo de Arbolado en el municipio para obtener la información de todos los árboles que existen en La Paz. A partir de los resultados se pretende desarrollar acciones que promuevan el cuidado y la conservación de los mismos.
Se censarán árboles ubicados en veredas de avenidas, calles, callejones, pasajes peatonales, parques, plazas, plazuelas, rotondas y jardineras centrales. Esta actividad se llevará a cabo en 187 zonas censales, que se identificaron en los siete macrodistritos urbanos. Además, se censará 171 zonas de masas bóscosas, entre áreas verdes, forestales, protegidas y aires de río.
Suscribirse a:
Entradas (Atom)



