Depredación y tráfico de jaguares Proceso civil contra ciudadanos chinos

Los ciudadanos chinos imputados por la depredación y tráfico de colmillos y piezas de jaguar, además de la acción penal que se les sigue tendrán que enfrentar un proceso civil por el daño ocasionado al patrimonio nacional. El recurso legal será instaurado por el Ministerio de Medio Ambiente y Biodiversidad, anunció ayer el asesor jurídico de esa repartición pública, Rodrigo Herrera.

Explicó que en estricto apego a las vías legales vigentes, el Estado defenderá y reclamará por el patrimonio natural nacional, a cuya estrategia responde el anunciado proceso civil.

Por otra parte, Herrera anunció que la entidad de Medio Ambiente trabaja en la elaboración de normas legales especiales, para sancionar ilícitos como la depredación y el tráfico ilegal de especies y piezas de animales silvestres y protegidos.

“Estamos prontos a concluir una nueva propuesta del Código Penal Ambiental, que sancione con mayor rigor este tipo de delitos. Estamos prontos a concluir una reglamentación para proteger la vida silvestre, por lo que se procederá a cerrar las fronteras del país para extraer animales exóticos, porque ponen en riesgo la vida silvestre”, remarcó Herrera.

En esta perspectiva, refirió que en 2018 el Ministerio de Medio Ambiente busca “blindarse” jurídicamente, para que entre los años 2019 al 2025, se inicien acciones operativas destinadas a proteger la fauna silvestre.

ARRAIGO INSUFICIENTE

Con relación a las acciones legales en contra de los ciudadanos chinos imputados por el tráfico ilegal de piezas de jaguar, Herrera señaló que el sólo arraigo contra estos es insuficiente, por lo que al Estado, y a la Gobernación de Santa Cruz en particular, no les queda más opción que esperar su cumplimiento.

“Confiamos en que estas personas y su abogado defensor honren las disposiciones judiciales de su arraigo, vamos a trabajar con la Policía Nacional y Migración para fortalecer los controles”, señaló.

En este sentido, Herrera anunció que se reunirá con autoridades de la Gobernación de Santa Cruz para analizar este asunto de interés público.

INSPECCIÓN OCULAR

La tarde de ayer se cumplió la Inspección Técnica Ocular (ITO), dispuesta por el juez de la causa Conrado Camacho, a cuya conclusión el gobierno departamental ratificó sus afirmaciones y las pruebas con las que sustenta su denuncia.

“Después de esta inspección no hay duda para que el juez pueda dictar sentencia, conforme a la norma correspondiente. La Gobernación está pidiendo seis años de cárcel para estas personas, por delito de destrucción y deterioro de bienes del Estado y patrimonio natural”, expresó la directora de Recursos Naturales de la Gobernación de Santa Cruz, Yandery Kempff, cumplida la gestión judicial.

Respecto a la audiencia de medidas cautelares contra los ciudadanos chinos, nacionalizados bolivianos, suspendida al menos en siete oportunidades, señaló que esta se realizará la tarde hoy (jueves).

“Esperamos que esta sea la última audiencia donde el juez debería dictar sentencia en favor de la Gobernación y se espera que haya una sanción drástica, ejemplarizadora para las personas que quisieran incursionar en este tipo de negocio ilícito piensen dos veces y respeten nuestra fauna silvestre”, remarcó Kempff.

PRESERVACIÓN

Con relación a los informes especializados, acerca de la población de jaguares existente en el país, Rodrigo Herrera refirió que Bolivia tiene una las más densas de la región, pero que está siendo mermada por la caza arbitraria.

“En las áreas protegidas, como el Parque Nacional Madidi, son las poblaciones más densas de la región, pero hay lugares en el país donde es posible que desaparezca esta especie, como en el centro del Beni y norte de Santa Cruz; este riesgo nos preocupa de gran manera y es ante ese peligro que estamos pensando en normas más punitivas”, apuntó.