El Tribunal Internacional de los Derechos de la Naturaleza resolvió admitir la denuncia de Fabián Gil y Marqueza Teco por violación a los derechos indígenas y derechos de la Madre Tierra y solicitó al Gobierno una “moratoria” en la construcción de puentes y la carretera que une Cochabamba y Beni.
“Acepta el caso del Tipnis presentado por los líderes indígenas de este territorio y parque nacional y expresa su gran preocupación particularmente porque la Declaración Universal de los Derechos de la Madre Tierra fue adoptada en Bolivia en 2010 y este país promueve los derechos de la Naturaleza internacionalmente”, resolvió este Tribunal.
Asimismo, pidió al Gobierno que responda a las “graves acusaciones” de violación de los derechos de la naturaleza y de los pueblos indígenas en el caso del TIPNIS y demuestre su compromiso con el cumplimiento de la Declaración Universal de los Derechos de la Madre Tierra.
También solicitó a las autoridades gubernamentales que “impongan una moratoria” en la construcción de la carretera y los puentes, así como para las actividades de prospección y exploración de petróleo en el TIPNIS y en sus proximidades hasta que el Tribunal dicte un fallo.
“La adopción de tal moratoria es una medida cautelar apropiada para evitar posibles violaciones mayores de los derechos de la Madre Tierra y de los derechos de los pueblos indígenas”, señala el texto de la Decisión sobre el caso TIPNIS, 1/2018
Asimismo el Tribunal resolvió enviar una comisión internacional de observadores e investigadores al territorio para verificar “in situ” las denuncias de violación de los derechos de la Madre Tierra y de los pueblos indígenas, situación que se agravaría con la construcción de una carretera por el TIPNIS.
Los días 7 y 8 de noviembre de 2017, los dirigentes Gil y Teco acudieron a la cuarta sesión del Tribunal Internacional de los Derechos de la Naturaleza que se realizó en Alemania, donde denunciaron violaciones de los derechos indígenas y de la Madre Tierra por la construcción de puentes y de una carretera por su territorio.
Al terminar la visita y valorar las pruebas de la denuncia, el Tribunal dictará un fallo, que si bien no es vinculante al Estado boliviano, se constituye en una sentencia de carácter moral. (ANF)
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