viernes, 31 de julio de 2015

Un grupo de productores quiere contar la Guerra del Chaco en imágenes, tanto del lado boliviano como del paraguayo.

T enemos parientes que lucharon en esa batalla, aseguró Rodrigo Urriolagoitia, director de la película documental Chaco Rapere Guare, que se prevé estrenar el próximo año tras terminar la segunda parte, pero con la primera ya participan en el TalentDoc 2015 junto a producciones audiovisuales de Perú y Ecuador.

El proyecto. Según explicó Urriolagoitia, se trata de un proyecto que comenzaron en diciembre del año pasado y en el que aún continúan trabajando. El documental consiste en un viaje que realizaron cuatro expertos a la región del Chaco, tanto en Bolivia como en Paraguay. El objetivo, al inicio, era indigar más sobre la historia de sus parientes (abuelos y tíos abuelos), pero a medida que recorrían cada pueblo daban con nuevos descubrimientos. Fue por ello que se convirtió en todo un reto, cada vez más ambicioso, recabando información tanto del lado boliviano como del paraguayo.

Del concurso. A decir del director de la película, TalentDoc es un evento que fomenta proyectos audiovisuales en la zona andina. Para este año, el premio a la mejor iniciativa es de $us 10.000. "Sabemos que la organización ha seleccionado seis propuestas, entre ellas están producciones peruanas y ecuatorianas. Esperamos que nos seleccionen", apuntó Urriolagoitia.

Con asesores específicos. Felipe Seoane, productor de la cinta, aclaró que el filme cuenta con el asesoramiento de un historiador, quien orienta y aporta con datos para dar más verosimilitud al filme.

Grandes expectativas. Tanto para Seoane como para Urriolagoitia, este documental busca dar una visión más compacta sobre lo que se conoce de la Guerra del Chaco. "Hay dos versiones sobre este evento histórico, una de cada lado de la frontera. Por eso, mientras más gente se involucre y participe de esta producción, la historia será más comprensible y exacta de lo que realmente sucedió".

Cabe destacar que, todavía no terminaron con las grabaciones y que tienen previsto visitar Santa Cruz para conocer la versión que tienen los excombatientes que viven en este departamento. Asimismo, aseguraron que volverán a Paraguay para seguir con las entrevistas.

Policía decomisa 129 penachos realizados con plumas de suri

La Policía Forestal y de Medio Ambiente (Pofoma) decomisó, entre las calles Los Andes y Tarapacá de la ciudad de La Paz, 129 penachos elaborados con pluma de suri, los mismos estaban expuestos para la renta de los trajes.

En conferencia de prensa, las áreas centralizadas de medioambiente del Ministerio de Medio Ambiente, Gobernación y Alcaldía informaron que se realizarán estrictos controles en la XXVIII Entrada Universitaria 2015 de este sábado.

El coronel Jorge Téllez, de Pofoma, dijo en conferencia de prensa que el miércoles se hizo un operativo en la ciudad de La Paz, donde decomisaron plumas del ave suri, animal considerado en extinción.

"En esta oportunidad se ha decomisado 129 penachos. Cada penacho está compuesto por 24 plumas. Basta que estén portando una pluma, ya están consumando el delito al igual que estuvieran manejando un penacho (…) los últimos decomisos se realizaron en la calle Los Andes en inmediaciones de la calle Tarapacá", explicó Téllez.

La preservación de la fauna silvestre es un tema que preocupa a las autoridades, en ese sentido el coronel Téllez sostuvo que durante la entrada universitaria del sábado 1 de agosto, Pofoma realizará controles en todo el recorrido, para que los estudiantes no usen indumentaria hecha con material de animales. "Inclusive los aretes pueden ser susceptibles de amonestación por parte de la Policía".

De la conferencia también participaron los representantes de la Dirección Nacional de Biodiversidad de Medio Ambiente, la Secretaría Departamental de los Derechos de la Madre Tierra y la Secretaría Municipal de Control Ambiental de La Paz. Todos anunciaron que desde tempranas horas del sábado realizarán controles de los atuendos.

Explicaron que algunos artesanos y bordadores continúan usando plumas de animales silvestres para la elaboración de indumentaria como sicuris, tinkus, tobas y en mínima cantidad en la danza de la morenada.

Las sanciones para los infractores, según el artículo 223 del Código Penal, pude incurrir hasta en seis años de libertad: "El que destruyere, deteriorare, substrajere o exportare un bien perteneciente al dominio público, una fuente de riqueza, monumentos u objetos del patrimonio arqueológico, histórico o artístico nacional, incurrirá en privación de libertad de uno a seis años", señala.

SURI

Según el portal de Especies bolivianas oxígeno, sombra y alimento, el suri o avestruz andino es una especie en peligro de extinción en Bolivia.

Distribución: Esta especie es conocida en los departamentos de Potosí, Oruro y La Paz. Se distribuye en la Puna Sureña, sobre los 4000 m y es endémica del Neotrópico.

Hábitat: suelos salinos, estepas arbustivas de Lepidophylum, áreas poco inundadas y bofedales (Fjeldsa & Krabbe, 1990). Es vegetariano e huidizo al sentirse perseguido. Es polígamo, en grupos de hasta 10 individuos conformados por un macho y varias hembras. Nidifica en excavaciones semiocultas por arbustos y plumas.

Estado de conservación: Es una especie protegida en la Reserva Natural de Fauna Andina Eduardo Avaroa y en el Parque Nacional Sajama. Está incluida en el Apéndice I de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestre (Cites) y dentro del Decreto Supremo de Veda General Indefinida.

AMENAZAS

El suri es una especie rara y en peligro de extinción debido a que sus poblaciones actualmente están siendo diezmadas por un uso excesivo y no planificado. A nivel nacional, tiene dos fuertes amenazas que causan reducción en sus poblaciones: 1) la caza indiscriminada de ejemplares adultos para la extracción de plumas, materia prima para la confección de trajes folklóricos de los suri sicuris y tobas. Asimismo, en los últimos años, se ha incrementado la fabricación de plumeros; 2) la recolección masiva de huevos para la venta en ferias locales y consumo interno, cuyo precio por cada huevo es de Bs 25 a 30, dependiendo la demanda y 3) otra amenaza de esta especie es la destrucción de bofedales, tholares y pajonales, principales sitios de vida de la especie.

MEDIDAS DE CONSERVACIÓN

A nivel regional (Bolivia, Chile y Perú), como medidas de conservación propuestas, se ha formado la Red de Conservación del Suri (2005). Para el 2009 estuvo prevista la realización de un proyecto sobre la situación del Suri en Bolivia, con datos poblaciones globales, aspecto que se desconoce. Una meta por lograr es que la especie pase a la categoría II del Cites para iniciar proyectos de manejo sostenible.

En áreas protegidas: Alertan alto costo ambiental por trabajos de sísmica

El Centro de Investigación e Información Bolivia (Cedib), a través del investigador Jorge Campanini, alertó que no es posible la exploración hidrocarburífera con “cero” impacto ambiental, porque independientemente de la tecnología que se emplee, el trabajo deriva en la exploración sísmica y perforación, que implica la apertura de zanjas y detonaciones dinamiteras, que rompen no sólo el ecosistema ambiental sino también afectan a los territorios indígenas.

AGUARAGÜE NORTE

El presidente Evo Morales participó este lunes de la firma del contrato entre los representantes de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) y la empresa Geological Electomagnetics Exploration (GEM) para la adquisición de datos electromagnéticos de la tierra en el área exploratoria Aguaragüe Norte.

“Siento que es el quinquenio (2015 – 2020) del inicio de grandes inversiones (…) Este contrato es parte de esas grandes inversiones en temas de exploración”, afirmó Morales.

El contrato fue suscrito por el presidente de YPFB, Guillermo Achá, y el representante de la empresa GEM, Ricardo Morales Lavadez. Se ejecutará un programa de obtención de datos geológicos estructurales aplicando el método Análisis de Emisión Electromagnética Espontanea de la Tierra (Aeeet) (3D) en un área de 586 Km2, con el objetivo de definir la configuración estructural en la culminación y los cierres que conforman la estructura Sipotindi en el Área Aguaragüe Norte que posee un potencial de 1,5 trillones de pies cúbicos (TCF) de gas.

jueves, 30 de julio de 2015

Conflictos sociales y migración, otros efectos del cambio climático



Conflictos sociales a causa del desabastecimiento del agua, migración de la población ante la improductividad de la tierra y riesgos en la seguridad alimentaria son tres efectos del cambio climático en Bolivia, según un análisis de un grupo de especialistas en medio ambiente e Ibon Internacional.

“El desabastecimiento de agua puede generar enfrentamientos entre municipios y no estamos lejos de que la próxima guerra sea por el líquido. Hemos escuchado voces de por qué mandar agua a La Paz”, señaló Óscar Rea, coordinador nacional del Grupo de Trabajo Cambio Climático y Justicia (GTCC-J), al resaltar que los conflictos sociales, producto del cambio climático, no son visibilizados.

¿Cuántos nos estamos preparando para evitar el conflicto y compartir fuentes de agua?, preguntó Rea. Añadió que la tenencia del líquido elemento conlleva también a la pugna para la dotación de la fuente de energía eléctrica.

Según estudios del GTCC-J, el cambio climático no solo se traduce en fenómenos climáticos: inundaciones, nevadas y granizos, sino también en la migración de familias, que al ver dañadas sus tierras abandonan su región.

Fenómenos. “Cada año la cantidad de familias afectadas es mayor y por efecto de los eventos climáticos hay incremento de número de plagas”, explicó Tania Ricaldi, parte del grupo. Rea agregó que la degradación de la tierra a causa de sequías hace que el terreno sea infértil, situación que agudiza la migración de las familias.

De acuerdo con Ricaldi, hay estudios más localizados, como el que realizó GTCCJ en Tapacarí (Cochabamba), donde la tasa de migración supera el 20%. Otro aspecto, como parte del análisis del grupo, es que el cambio climático incide en la inseguridad alimentaria en todas la regiones de Bolivia.

El encarecimiento de alimentos no solo repercute en el área rural, sino también en las ciudades. “Precios de alimentos que se incrementan por la pérdida de cultivo es otra consecuencia del fenómeno climático”, dijo Rea.En el país existen 339 municipios y el experto sostuvo que el 50% está expuesto a un “altísimo riesgo” de inseguridad alimentaria a causa del calentamiento global en el mundo.

“El mayor efecto que debe preocupar del cambio climático es la hambruna. En Bolivia, tres de cada diez padece hambre porque ya no hay condiciones de producción. A peores condiciones de producción, mayor elevación de precios de los alimentos”, mencionó el ambientalista.

Si antes las familias colocaban más de tres tipos de verduras a la olla, ahora solo ponen zanahorias y cebollas. Solo este ejemplo debe llamar la atención a la población, advirtió el coordinador del GTCC-J. Éste y otros efectos del calentamiento global en Bolivia se presentan hoy, a partir de las 08.00, en los salones Vienna, de la ciudad de La Paz. En el evento también se detallarán estrategias de cómo estar preparados para la adaptación, recalcó Ricaldi.

Las personas de la sociedad civil participarán con sus testimonios sobre cómo viven el impacto del cambio climático en sus propias regiones. Ricaldi señaló que el encuentro busca generar mecanismos de participación de la sociedad civil. “La idea es articular un movimiento social que permita respuestas efectivas para entender qué es el cambio climático y qué alternativas hay para adaptarnos”.

Amenaza a municipios

Unos 20 municipios, la mayoría en el norte del territorio boliviano, presentan una alta vulnerabilidad a las inundaciones, según un informe de las Naciones Unidas. Pero diez de los 339 municipios del país son frágiles a más de una amenaza climática.

Policultivo, opción ante inseguridad alimentaria

Instalar huertas dentro del hogar con una variedad de hortalizas (policultivo) es una estrategia para la lucha contra la inseguridad alimentaria en el área urbana. Las zonas Río Seco y Ventilla, de El Alto, ya tienen experiencias de este tipo de producción.

“Tener una huerta con mucha diversidad garantiza vida. Así ya no habrá enfermedades, y la tierra será más productiva y estará libre de insecticidas”, sostuvo Óscar Rea, coordinador nacional del Grupo de Trabajo Cambio Climático y Justicia (GTCC-J). En El Alto hay al menos dos barrios que llevan adelante la producción de 30 variedades de hortalizas. Pero no solo producen, sino también hacen trueque entre familias: papas por hortalizas.

Esta forma de producción para autoconsumo mejoró la economía de las familias sin ingresar en la comercialización, indicó Rea. Agregó que actualmente cientos de familias aplican el monocultivo masivo (una sola hortaliza) como forma de producción de alimentos, obviando que ese proceso quita la capacidad nutricional de la tierra e incrementa las plagas.

20 mil flamencos habitan en los lagos Uru Uru y Poopó

De acuerdo al monitoreo que realiza el Centro de Estudios de Biología Teórica y Aplicada (Biota), alrededor de 20 mil flamencos habitan en los lagos Uru Uru y Poopó, estos humedales son lugares estratégicos para la conservación de estas especies.

Omar Rocha, quien es parte de Biota, manifestó que a través de dicha entidad realizan monitoreos de la fauna de los lagos Uru Uru y Poopó, pues en estos humedales habitan tres clases de flamencos de las seis que existen a nivel mundial. Los tres tipos de flamenco que habitan en estos lagos son: común, andino y la puna.

Aseveró que de acuerdo al reciente censo estacional que se efectuó en abril de este año, se identificó la presencia de alrededor de 20 mil flamencos en el lago Uru Uru y Poopó, aparte de otras aves migratorias que habitan por algún tiempo en estos humedales.

Explicó que los censos se realizan para conocer la abundancia estacional de los flamencos en estos humedales, el trabajo técnico-científico se desarrolla a través de un telescopio, acción que se apoya con contadores manuales, pues son tres los investigadores que efectúan el conteo sistematizado, identificando a las especies que se clasifican como juveniles, adultos y pichones, de acuerdo a su edad.

Indicó que este trabajo se aplica dos veces al año, aunque mucho depende de los recursos que se tengan, pues a veces se hace un monitoreo mensual para tener registros puntuales.

Asimismo, mencionó que el 2014 se empezó un proyecto para conocer el desplazamiento de los flamencos en el lago Uru Uru y Laguna Colorada de Potosí, para lo cual se capturaron flamencos vivos, a quienes se instaló dispositivos satelitales en el dorso, luego se los liberó, se recibieron señales a través de un satélite que permite conocer por dónde se mueven. De esta forma se identificó que principalmente se desplazan por regiones de Argentina, Chile, Perú y Bolivia, migran de acuerdo a las condiciones climáticas que se tenga.

Relación naturaleza-hombre se somete a capacidad regenerativa de componentes

Es importante conocer las normas ambientales que regulan las actividades del hombre, con el fin de prevenir y disminuir los impactos en contra de la biodiversidad, entre estas normas se encuentra la Ley Marco de la Madre Tierra y Desarrollo Integral para Vivir Bien, que establece que la relación de las personas con la naturaleza está supeditada o sometida a la capacidad de regeneración que tienen los componentes de la vida.

Se afirma que la interacción armónica y equilibrio entre seres humanos y naturaleza, se dan reconociendo que las relaciones económicas, sociales, ecológicas y espirituales de las personas y sociedad, con la Madre Tierra deben limitarse al bienestar de la naturaleza.

Existen derechos civiles, políticos, sociales, económicos y culturales de la sociedad a través de su desarrollo integral, satisfaciendo sus necesidades dentro de las dimensiones sociales, culturales, políticas, económicas, productivas, ecológicas y espirituales.

Asimismo, se estipula que la población rural y urbana tiene derecho a vivir en una sociedad justa, equitativa y solidaria sin pobreza material, social y espiritual, en el marco del goce pleno de sus derechos fundamentales.

Para lograr esto, se debe crear las condiciones para garantizar el sostenimiento del propio Estado en todos sus ámbitos territoriales. Además de incorporar para el desarrollo integral en armonía y equilibrio con la Madre Tierra, políticas, normas, estrategias, planes y otros, incluso debe garantizar la continuidad de la capacidad de regeneración de los componentes de la Madre Tierra.

La población debe ayudar asumiendo conductas individuales y colectivas para cumplir con los principios y objetivos de las normas, promover la forma sostenida y permanente procesos de desmercantilización de las relaciones entre humanos y naturaleza.

miércoles, 29 de julio de 2015

Experto uruguayo: Decreto 2366 atenta contra la naturaleza

Durante su visita a Bolivia, el uruguayo Eduardo Gudynas afirmó que el decreto 2366 que autoriza tareas de exploración y explotación de hidrocarburos en las áreas protegidas es un retroceso sustancial en cuanto a la protección de la naturaleza. Lamentó que al gobierno del presidente Evo Morales le cueste entender que los derechos de la Madre Tierra no se refieren a un asunto planetario, sino a realidades locales que hacen un todo.

El especialista del Centro Latinoamericano de Ecología Social (Celas) fue invitado por el Centro de Documentación e Información Bolivia (Cedib), para hablar sobre las formas de extractivismo que se aplican en el país, identificadas en las áreas de minería, hidrocarburos y la agroindustria de la soya. En entrevista con ANF reflexionó sobre los posibles impactos de las normativas vigentes que el gobierno aprobó para acelerar intervenciones en áreas protegidas en busca de petróleo y gas.

“Yo creo que estas medidas son un paso atrás en la protección de la naturaleza, y también creo que están en contra del espíritu de acompasarse a los ritmos de la Pachamama. Veo que esto tiene consecuencias ecológicas porque corre riesgo la biodiversidad de esas áreas, pero también tiene implicancias en un discurso de la protección del entorno que no que está basado en una mirada intercultural, porque hacía referencia a la categoría Pachamama”, dijo el experto.

martes, 28 de julio de 2015

La Contraloría audita las 22 áreas protegidas



La Contraloría General del Estado (CGE) realiza una auditoría ambiental a las 22 áreas protegidas del país con el objetivo de conocer la situación de las gestiones administrativas respecto al cuidado de estas reservas naturales.

Roberto Pérez, gerente de Evaluaciones Ambientales de la Contraloría, informó que este trabajo comenzó en mayo de 2014 y su conclusión está prevista para septiembre de este año. La auditoría es realizada a dos instituciones: el Ministerio de Medio Ambiente y Agua y el Servicio Nacional de Áreas Protegidas (Sernap).

“Queremos como Contraloría que este informe de auditoría incida en una mejora sustancial de las áreas protegidas, en su conjunto, en la administración. Por ejemplo, conocer cómo se elaboran los planes de manejo, cómo se financian, cómo están organizadas. Es una auditoría básicamente de la gestión de administración de las 22 áreas protegidas”, señaló Pérez.

Entre las áreas protegidas auditadas están los parques nacionales Sajama, en Oruro; Noel Kempff Mercado y Amboró, en Santa Cruz; Torotoro, Tunari y Carrasco, en Cochabamba; Isiboro Sécure, en Cochabamba y Beni; Cotapata, Madidi y Apolobamba, en La Paz.

El presidente Evo Morales anunció hace una semana sobre el ingreso a siete de las 22 áreas protegidas en el país para realizar las exploraciones petroleras. “Hemos decidido, tenemos todo el derecho, es nuestro derecho hacer exploraciones en las llamadas áreas protegidas, y lo vamos a hacer con mucha fuerza”.

Informe La Razón publicó ayer que una auditoría de la Contraloría apunta a 12 entes por el daño ambiental de la bahía Cohana. La evaluación a áreas protegidas forma parte del trabajo para preservar el medio ambiente. Pérez sostuvo que los decretos supremos 2195, 2298 y 2366 autorizan el ingreso de petroleras a áreas protegidas, por lo que el accionar está dentro del marco legal.

Cuatro municipios buscan preservar río Guadalquivir

Alcaldes de los municipios de San Lorenzo, Cercado, Uriondo y Padcaya firmaron un acuerdo interinstitucional de cooperación a fin de frenar la explotación de áridos y preservar el río Guadalquivir en su paso por el Valle Central de Tarija.

El documento se firmó en el salón Consistorial de la Alcaldía de Cercado y tiene como objetivo evitar la contaminación del río mediante programas, planes y proyectos de forma conjunta que permitan mitigar el impacto ambiental que causan las personas asentadas en la rivera.

El alcalde de Cercado, Rodrigo Paz Pereira, explicó que la contaminación del río Guadalquivir es un problema latente desde hace varios años y también urge la aplicación de un plan para frenar la explotación de áridos.

Agregó que el esfuerzo de los cuatro alcaldes permitirá desarrollar actividades desde la cabecera del río en el municipio de San Lorenzo, su recorrido por Cercado y Uriondo, donde se usan las aguas del Guadalquivir para riego.

“Entendemos que nuestras poblaciones y comunidades tienen que crecer, pero esto debe hacer respetando el medioambiente, con medidas que sean sustentadas y trabajos técnicos que respalden los proyectos”, comentó.

El alcalde de Uriondo, Álvaro Ruiz, agregó que uno de los principales aspectos que preocupa a la comuna es la extracción de áridos en ríos y quebradas, situación que afecta el afluente del Guadalquivir que en la gestión pasada se desbordó ocasionando pérdidas en cultivos agrícolas y viñedos.

Por su parte, el alcalde de San Lorenzo, Miguel Ávila Navajas, manifestó que existe toda la predisposición de iniciar acciones inmediatas para frenar la contaminación del río, tomando en cuenta que San Lorenzo es uno de los principales contaminantes por falta de proyectos de agua y alcantarillado.

Recordó que San Lorenzo requiere con urgencia construir una planta de tratamiento de aguas servidas, eliminar las lavadoras de autos ubicadas en Tomatitas, El Rancho y el tema de áridos, entre otros aspectos que afectan al rio desde su cabecera.

lunes, 27 de julio de 2015

Las heridas abiertas del Aguaragüe



“El Aguaragüe para nosotros es vida, es nuestra principal fuente de agua, es nuestro ecosistema”, así describe Jorge Mendoza, presidente de la Asamblea del Pueblo Guaraní (APG), en el municipio de Yacuiba, departamento de Tarija, a la Serranía del Aguaragüe, un espacio natural de aproximadamente 108.307 hectáreas de bosque.

El Parque Nacional y Área Natural de Manejo Integrado Serranía del Aguaragüe no sólo es preciado por su variada riqueza natural, sino también por la hidrocarburífera. Desde 1920 se explota gas y petróleo, la pionera fue la empresa Standard Oil. Esta actividad dejó unos 200 pasivos ambientales en toda la reserva, según estimaciones de los habitantes del lugar.
Por eso Mendoza es consciente de que la actividad petrolera se mantendrá en el Aguaragüe, pues su riqueza la precede. Ahí se ubican los megacampos San Alberto y Sábalo, operados por Petrobras, YPFB Andina y Total, que producen un promedio de 33,85 millones de metros cúbicos día (MMm3/d), es decir, el 68,44% de la producción total de Bolivia. Su potencial es tan grande que San Alberto alimenta el 80 por ciento de las necesidades energéticas de la quinta ciudad más grande del mundo, Sao Paulo.
Y la susceptibilidad de los indígenas creció más ahora que el Gobierno boliviano aprobó el Decreto Supremo 2366 que abre las Áreas Protegidas, como el Aguaragüe, a la actividad hidrocarburífera. Aunque el presidente de Bolivia, Evo Morales Ayma, asegura que sólo se afectará el 0,04% del área intervenida.
Según datos del Centro de Documentación e Información Bolivia (Cedib), el Estado boliviano adjudicó a la empresa china Eastern Petroleoum and Gas la zona de Sanandita, ubicada al sur de la serranía. “Se trata de una reserva que ha sido golpeada constantemente por la actividad petrolera y que puede ser considerada sin ningún problema como una zona de sacrificio”, indica un informe realizado por Jorge Campanini.
Por esa razón, Víctor Iraola, jefe de la Unidad de Medio Ambiente del Gobierno Municipal de Yacuiba, considera que la Gobernación debería involucrarse más en los planes de mitigación que se ejecutan en la reserva natural chaqueña.
“Como dueños de casa deberíamos estar siguiendo de cerca cómo se corrigen estos problemas ambientales. Porque el Aguaragüe es el pulmón del Chaco, es lo que dejaremos de herencia a nuestras futuras generaciones y si no lo cuidamos nosotros, no lo hará nadie más”, dijo.

Sanandita
Recorrer toda la serranía del Aguaragüe requiere de al menos unos tres días. Hay zonas que tienen caminos de accesos, que fueron habilitados por empresas petroleras como Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) o Petrobras, otras deben ser recorridas a pie.
En Sanandita, ubicada a unos 60 kilómetros del municipio de Yacuiba, inicia la historia hidrocarburífera del Aguaragüe, ahí la Standard Oil descubrió el primer pozo petrolero el año 1926.
La serranía está rodeada por imponentes árboles de roble, cedro y toborochi que son característicos del Chaco boliviano. Sus raíces sobresalen a las rutas y sus ramas están habitadas por aves que anuncian el paso del hombre, como advertencia.
Al paso se cruzan algunos animales, como el tejón y zorro que observan como quien ve intrusos en sus tierras. Los indígenas comentan que hay otros animales que observan sin ser vistos, como el jaguar.
Hay agua cristalina y fría que emana desde las rocas, formando pequeños chorros, eso explica por qué los indígenas llaman a esa reserva su “fuente de vida”. Por eso la organización Protección del Medio Ambiente Tarija (PROMETA) la denomina una “fábrica de agua” o una “esponja” que acumula el agua para todo el Chaco tarijeño.
Pero al recorrer Sanandita también es evidente el olor a petróleo y combustibles. Actualmente no hay actividad petrolera en la zona, el olor sale de los pozos que fueron abandonados entre los años 70 y 80, y de los que se ha hecho cargo la estatal petrolera de Bolivia porque así lo manda la Ley de Hidrocarburos.
Según YPFB, en esa zona hay 29 pasivos ambientales, aunque la APG asegura que en Sanandita hay 32 pozos abandonados que aún emanan residuos petroleros y que por más de 30 años han contaminado el suelo y agua del Aguaragüe. Las quebradas El Chorro, Tucán y Cororoy han sido las más perjudicadas, pues en ocasiones sus aguas se han visto invadidas por un aceite color oscuro.
Pero los indígenas de Sanandita, El Chorro, Sachapera y Sanandita Vieja, que habitan en la zona visitada, tienen la esperanza de que la contaminación se reduzca en los siguientes años. Esto porque la APG de Yaku-igüa e YPFB, desde el 2010, acordaron el cierre definitivo de siete pozos que eran considerados los más contaminantes. Para todos esos trabajos que implican la remediación ambiental el Estado destinó cerca de 6 millones de dólares, mientras que en exploración destina aproximadamente 1.075 millones de dólares al año.
“Cuando llovía los residuos de estos pozos se iban a los campos de las comunidades y a las fuentes de agua—recordó Mendoza, también capitán grande de Yaku-igüa –. Eso era un peligro porque nuestros hermanos recogían esa agua que no era tratada”. Aunque admitió que no hay estudios que demuestren un efecto negativo en la salud de los habitantes, o animales, de esa zona a causa de la contaminación petrolera.
Ubicamos tres pozos. El pozo Itavicua (cañón de piedra en guaraní) que fue sellado el 5 de marzo de 2015, de allí emanaba agua y gas. También se encontró el pozo San- X9, que fue intervenido el 17 de marzo de 2015. El que más preocupaba a los indígenas era el pozo San-X2, era el más contaminante y desembocaba directamente a la quebrada Cororoy. Ahora está sellado definitivamente.
Ademar Crespo, fiscal de servicio de YPFB, explicó que ese pozo fue abandonado hace más de 35 años. Para los parámetros petroleros no tiene mucha profundidad, se estima que unos 350 metros, sin embargo, la empresa que lo operaba, Standard Oil, sólo selló con cemento unos 150 metros, dejando a la intemperie el resto.
“Este pozo estaba abierto, por eso cuando llovía o acumulaba presión, escupía petróleo y contaminaba toda esta zona que usted ve aquí—explica—. Este pozo se perforó en 1927. Hasta ahora se ha limpiado unos 470 metros alrededor y estimamos que el sellado nos demande unos 130 metros de cemento”.
El pozo San-X2, hasta el momento que se realizó esta visita, aún botaba petróleo y estaba siendo sellado. Uno de los indígenas que acompañó la inspección incluso se llevó el hidrocarburo en una botella de dos litros, comentó que era bueno para el dolor de hueso.
Pero el sellado definitivo de esos pozos no es suficiente, aún queda pendiente el proceso de remediación y restauración ambiental. “Se ha previsto un incremento al presupuesto original, cuya gestión se encuentra en curso—explicó Miguel Rojas, Gerente de Seguridad, Salud y Ambiente de YPFB—, con la cual se contratará una empresa idónea quien se encargará del tratamiento de suelos y la aplicación de medidas de control de erosión”.

Normas poco claras
Para la Gerencia de Medio Ambiente de YPFB los trabajos de remediación ambiental son una muestra de que el Gobierno boliviano está comprometido en atender los problemas ambientales. Sin embargo, para algunos especialistas la legislación boliviana ha sido poco clara en cuanto al tratamiento de los pasivos ambientales, por la explotación petrolera, o la remedición ambiental. Así lo advierte la organización no gubernamental, Liga de Defensa del Medio Ambiente (Lidema), que en reiteradas ocasiones observó la Ley de Hidrocarburo 3058, aprobada en mayo de 2005, por soslayar los aspectos socioambientales.
Esta norma no señala acciones específicas en caso de derrame o desastre ambiental. En su artículo 135 sólo indica que de producirse los pasivos ambientales, la operadora está obligada a informar a la autoridad ambiental e iniciar medidas de mitigación y restauración ambiental.
También hay contradicciones. Pues mientras en el artículo 132 dice que no podrán otorgarse ni concesionarse obras o proyectos hidrocarburíferos en áreas protegidas y reconocidas por su biodiversidad, como es el Aguaragüe, el artículo 133 indica que se podrá desarrollar actividades petroleras en áreas protegidas cumpliendo las disposiciones ambientales.
“Existe una subordinación total de la gestión ambiental a las proyecciones y necesidades del sector de hidrocarburos y la política extractivista”, indica el informe del Lidema.
Con la aprobación del Decreto, que abre las reservas naturales a la exploración petrolera, esa teoría se refuerza. Para el geólogo, Daniel Centeno, se sobrepone los intereses de las transnacionales a la Constitución.
“La Constitución manda a preservar y a proteger todos estos espacios de recursos naturales de flora y fauna—explicó Centeno--. Esto porque la explotación, la exploración de los hidrocarburos y minerales, dañan seriamente el medioambiente”
Los indígenas admiten que es un alivio el cierre definitivo de esos siete pasivos ambientales. Aunque Alberto Villarroel, capitán guaraní, considera que será en vano si se prevé una explotación de mayor magnitud en esa zona. Frente a exigentes compromisos, con Brasil y Argentina, y necesidades de exportación, hay desesperación en el gobierno boliviano por hallar nuevas reservas gas, ya que desde hace 20 años se mantienen entre los 9 y 10,45 Trillones de Pies Cúbicos (TCF).
Esa angustia podría derivar en la implementación del fracking (sistema de extracción de gas) en el Aguaragüe, donde se ha detectado formaciones de gas de esquisto. Una posibilidad que ya es un secreto a voces.
“Así nuestra reserva nunca terminará de sanar, y le sacarán todas sus riquezas hasta dejarla seca”, concluyó.



La implementación de land farming y el biopila

En las inmediaciones del Aguaragüe surgen tímidas, pero novedosas actividades de remediación ambiental frente a los pasivos que van dejando las petroleras.
A 44 kilómetros del municipio de Yacuiba se encuentra la comunidad de Sachapera, a ocho kilómetros monte adentro está Sunchal, una pequeña comunidad indígena donde se instaló una planta que realiza el tratamiento de residuos sólidos y líquidos contaminados con hidrocarburos.
El Campo Land Farming Sunchal es la planta operada por la empresa BUHO Sesiga S.A.
“Remediar es sacar todo lo contaminado y volverlo a rellenar con tierra orgánica, limpia”, explica Richard Terrazas, supervisor, mientras hace un recorrido por la planta que tiene unas 12 hectáreas. La empresa hizo trabajos de remediación en San-X3 y en el pozo San-X31.
En la planta específicamente se hace un tratamiento hidrobiológico de los residuos sólidos y líquidos. “Aquí traen tierra y agua contaminada, lodo de perforación. Nosotros la tratamos, la limpiamos y reutilizamos en dilución”, indica a tiempo de explicar que en ese proceso se hallan contaminantes como diesel, petróleo o gasolina, dependiendo de la intervención.
Asegura que en esa planta se implementan dos métodos que no se aplican en otras plantas en Bolivia. El land farming que implica extender el residuo y se lo oxigena como arando la tierra. Y también está el biopila, que implica humedecer el residuo y alimentarlo con nutrientes, como urea, la bosta de animales, aserrín u otros materiales orgánicos, para que los gases se vayan descomponiendo.
El proceso de rehabilitación, para bajar los niveles de hidrocarburos en los residuos, puede durar hasta seis meses, dependiendo del tratamiento. Una vez concluido, el material tratado es reutilizado en la dilución de otro material, como tierra o lodo. “Para bajarle la concentración de carburantes”.
Terrazas explica que ha crecido el interés de las empresas petroleras en realizar el tratamiento de los residuos sólidos y líquidos contaminados, porque el trabajo no sólo implica la limpieza, sino también la intervención de zona con labores de reforestación y rehabilitación de la tierra.
La planta funciona con la autorización de los indígenas que viven en Sunchal, incluso cuatro comunarios trabajan en el lugar de manera permanente y por ende hacen seguimiento a los trabajos de tratamiento de residuos petroleros.

domingo, 26 de julio de 2015

EL PARQUE NACIONAL ISIBORO SÉCURE ES EL ÚNICO QUE CUENTA CON UNA HERRAMIENTA DE MANEJO

Sólo uno de los tres parques nacionales de Cochabamba cuenta con un plan de manejo, según el portal del Servicio Nacional de Áreas Protegidas (Sernap). El Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure es el único que cuenta con esta herramienta. El Parque Carrasco gestiona financiamiento para su elaboración y el Parque Nacional Tunari comenzó con el estudio con un financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

A pesar de que este medio intentó contactarse en dos oportunidades al director del Parque Nacional Tunari, José Cruz, éste dio a conocer a través de funcionarios que tenía otras actividades y que luego de realizar el cambio de personal recién dará a conocer los avances de la primera de cuatro fases del plan de manejo.

Varias fuentes que realizan un seguimiento del plan informaron que el trabajo se halla paralizado desde hace un mes, debido a que la Federación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Cochabamba ordenó a las cinco provincias del área Chapare, Cercado, Quillacollo, Ayopaya y Tapacarí, que no permitan el ingreso de la consultora internacional “Faunagua” que hace el estudio. El propósito es aprobar primero una adecuación de la Ley de Protección del Parque Tunari a la Constitución Política del Estado.

El representante del Foro Cochabambino de Medio Ambiente (Focomade), John Zambrana, denunció que el plan se realiza sin participación social. “Hasta ahora no se conoce lo que se hizo (…) Lo único que sabemos es que han firmado contrato en septiembre, empezaron en diciembre y concluyen en septiembre”, dijo. Añadió que varias veces intentaron acceder a información pero sin resultados en el Sernap.

El Parque Nacional Carrasco tampoco cuenta con un plan de manejo. El director de esta área protegida, Marcelo Janco, informó que sólo se tiene una zonificación preliminar. “Estamos tratando de conseguir fondos”, dijo. La meta es comenzar en 2016.

El director del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure, Diego Vidal, informó que además de contar con un plan de manejo tienen planes específicos para el manejo de cacao, lagartos y forestal, además de un reglamento de operación turística. Por otro lado, trabajan en un plan de aprovechamiento pesquero del río Isiboro, en el trópico.

A ello se suma que en 2015 renovarán el plan de manejo puesto que cumplió su ciclo de vida de 10 años. Los enfoques de estos instrumentos son de conservación de los recursos naturales y aprovechamiento sostenible para mejorar las condiciones económicas de las comunidades indígenas de la zona.

Análisis

El responsable de Sociedad de Gestión Ambiental Boliviana (SGAB), Gregory Paz, señaló que: “Los planes de desarrollo son buenos, pero, no solucionan los problemas ni son las causas de los problemas que hay en todas las áreas protegidas”. Asimismo, aseveró que corren el riesgo de ser “otro saludo a la bandera” si no cuentan con el respaldo social de los actores que habitan el área y si su elaboración no es realmente participativa.

“Un plan de manejo es un papel y si no está dentro de las expectativas de la población y la mayoría de los actores no consideran que ése es el acuerdo social bajo el cual se trabajará organizativamente será otro saludo a la bandera”, reflexionó.

Explicó que para los habitantes de los parques estos instrumentos de control y vigilancia son vistos como un freno a su legítimo deseo de mejorar su calidad de vida. Por ello recomendó elaborar planes sin el enfoque de “proteccionismo a ultranza” ni tintes fundamentalistas que “en vez de proteger ganan enemigos”.

Citó al fundador de Green Peace, Patrick Moore e instó a que primen enfoques proteccionistas pero no eco-extremistas ni conservacionista en la elaboración de los planes de manejo.



36 GUARDIAS CONTROLAN 1,9 MILLONES DE HECTÁREAS EN TRES PARQUES

Las tres áreas declaradas parques nacionales de Cochabamba: Isiboro Sécure, Carrasco y Tunari, sólo cuentan con 36 guardabosques para resguardar una enorme extensión de 1.925.357 hectáreas. Los parques son considerados reservorios importantes de fauna, flora y agua dulce. Además, de ser territorio de la población indígena.

El Parque Nacional Tunari cuenta con cinco guardabosques para controlar una extensión de 300.000 hectáreas que abarcan cinco provincias: Ayopaya, Cercado, Quillacollo, Chapare y Tapacarí. Abarca 11 municipios.

El Parque Nacional Carrasco comprende las provincias Tiraque y Chapare. Actualmente, cuenta con 14 guardabosques que vigilan 622.600 hectáreas del área protegida. La situación también es crítica en el Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure donde un grupo de 17 guardabosques controla la zona de 1.302.757 hectáreas que abarcan los departamentos de Cochabamba y Beni. Ante la crítica situación, las vulneraciones de los tres parques continúan sin cesar.

El ambientalista, John Zambrana, cuestionó la falta de capacidad operativa y financiera del Sernap para proteger los parques. Recordó que los problemas ya fueron identificados “hace años”, pero no se asumieron acciones debido a que el Estado se cierra a recibir ayuda de otras instancias.

“Los problemas están identificados hace años. Es decir, seguimos repitiendo los mismos problemas pero no se hace nada para dar soluciones o tomar acciones concretas. Esto es porque las áreas protegidas, a través del Sernap, son una responsabilidad exclusiva del Gobierno central. Se cierran a la participación de instituciones, cooperantes y también de la misma comunidad”, señaló.

Los cuestionamientos también recayeron en el Gobierno. El ambientalista Marcelo Delgadillo observó el discurso de protección a la Madre Tierra frente a la reciente decisión del Gobierno de permitir la exploración y explotación de hidrocarburos en áreas protegidas. Recordó que en el Parque Carrasco ya se inició y en el Isiboro Sécure todavía no, “pero ya lo harán”. Además se emiten permisos de desmontes masivos en las áreas protegidas del departamento de Cochabamba.



PUNTOS DE VISTA SOBRE LAS ÁREAS PROTEGIDAS DEL DEPARTAMENTO

JOSÉ ANTONIO BALDERRAMA, BIÓLOGO DE LA UMSS

“Urge educación e investigación”

La educación ambiental es urgente. Si las personas no ven que es importante lo que tienen, no les va a importar si hay un plan de manejo, si hay políticas o normas o no para regular esto. Hay tantas normas y reglamentos pero nadie los respeta, siguen entrando, cazando, destruyendo hábitat cortando árboles, porque no les importa y no les genera los recursos que ellos quieren. (…) Hay un descuido a nivel del Sernap y del Gobierno en relación a la protección que debería ejercer en estas áreas porque en algunos ya no hay guardaparques. Otra cosa importante es que tampoco hay investigación (…) Las áreas protegidas sólo están con el nombre.



GREGORY PAZ, SOCIEDAD DE GESTIÓN AMBIENTAL BOLIVIANA (SGAB)

“Definieron las áreas políticamente”

El pecado original que tenemos en todo el sistema de áreas protegidas es que todas han nacido por una situación política. En el Parque Tunari no sabían que límite ponerle y le pusieron una cota, 2.750. En pocos años la población urbana llegó y lo traspasó. El Parque Isiboro fue definido por el Gobierno de Barrientos cuando trató de hacer la carretera Villa Tunari-San Ignacio de Moxos y comenzaron las dificultades por un límite departamental no definido, como una medida tampón se inventó un área protegida en los límites en conflicto. El pecado de todas las áreas es que las han definido por la presión.



ERICK MARTÍNEZ, COLEGIO DE BIÓLOGOS DE COCHABAMBA

“Plan, herramienta útil para parques”

Los planes de manejo son herramientas útiles para administrar un área protegida. Todas las áreas deben contar con áreas de manejo según su categoría (…) Lo que se busca con todas estas estrategias o criterios y acciones expresadas en un plan de manejo es mitigar y prevenir todos los efectos negativos y tratar de potenciar los efectos positivos (…) Lo que hace es planificar los instrumentos para cuidar el lugar. El principal enfoque -que debería primar en su elaboración- es la categoría del área protegida y los beneficios para Bolivia y los que viven allí. Son los dos criterios que se deben manejar.


PANORAMA CRÍTICO

ISIBORO AFRONTA TALA Y PESCA ILEGAL

El Parque Nacional Isiboro Sécure está amenazado por el avance de los cultivos de coca y la tala ilegal de árboles. El director del parque, Diego Vidal, informó que los extractores optan por maderas semiduras como la mara y cedro. Al mes se registra una denuncia de tala. En 2014, se recibieron 10 de Cochabamba y cinco de Beni.

Otro problema es la pesca ilegal en el río Isiboro sobre todo en la comunidad Puerto San Francisco, en el municipio de Villa Tunari. El Sernap informó que con el propósito de frenar esta actividad se creó la Asociación Indígena de Pescadores que agrupa a 200 indígenas de seis comunidades asentadas en los ríos. Otra amenaza es la contaminación del afluente por descargas líquidas de centros urbanos, basura y las lavanderías. Añadió que la Ley 180 de Intangibilidad afectó los planes de manejo forestales, cosecha del cacao silvestre y el aprovechamiento de cuero de lagarto para las comunidades indígenas.



ASENTAMIENTOS SECAN ACUÍFEROS EN TUNARI

A pesar de ser un área protegida y concentrar la zona de recarga de acuíferos, la ladera sur del Parque Nacional Tunari está afectada por la proliferación de asentamientos de todo tipo desde lujosas mansiones hasta humildes construcciones precarias por encima del límite urbanizable, la cota 2.750.

A pesar de la restricción para nuevas construcciones en el Tunari, las edificaciones cuentan con servicios básicos e incluso gas, cable y servicio de transporte público. Un estudio realizado por el Centro de Levantamientos Aeroespaciales y Aplicaciones SIG para el Desarrollo Sostenible de los recursos Naturales (CLAS) de la Universidad Mayor de San Simón (UMSS), en 2011, identificó 4.568 predios sobre la cota 2.750 de la ladera sur.

Cercado es el municipio que más hectáreas ha invadido con 198 edificaciones, le sigue Tiquipaya con 67 y Sacaba con 53. Se calcula que hay 5.000 familias, 20.000 personas en 50 urbanizaciones. Otra amenaza son los incendios que según algunos ambientalistas son provocados para limpiar zonas para el loteo de “engorde”.



DESTRUYEN HÁBITAT EN EL CARRASCO

El director del Parque Nacional Carraco, Marcelino Janco, explicó que los cultivos de coca en el área protegida erosionan el suelo del área protegida y ocasionan la pérdida de hábitat de la flora y fauna.

“Hasta los ecosistemas están alterando y no se dan cuenta estos compañeros (…) En otras palabras están tratando de eliminar el hábitat de esas especies”, afirmó. Por otro lado, la tala ilegal de madera continúa en Bulo Bulo, al igual, que la pesca ilegal.

Entretanto, el turismo en la zona de Sehuencas no está controlado y contamina el área. A ello se suman las normativas legales para viabilizar la exploración de hidrocarburos en el Parque Carrasco a través del Decreto Supremo 2366. El Sernap identificó que “las presiones más preocupantes sobre el Parque Nacional Carrasco provienen del avance del frente de colonización hacia la periferia, la explotación minera, los madereros ilegales, la pesca con dinamita, la apertura sin control de caminos y la caza furtiva”, entre algunas causas.

El Tunari, Carrasco e Isiboro están en riesgo

La invasión de las áreas protegidas para ampliar las plantaciones de coca junto con la tala ilegal, los chaqueos, la pérdida del hábitat de especies de fauna y flora, la explotación minera y de hidrocarburos son algunos de los problemas que afrontan el Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (Tipnis), el Parque Nacional Tunari y el Parque Nacional Carrasco.

El director del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure, Diego Vidal, informó que el área está habitada por alrededor de 7.000 indígenas de los pueblos moxeño trinitario, yuracaré y chiman, distribuidos en 69 comunidades.

Los pobladores conviven con cerca de 30.000 colonizadores divididos en ocho centrales que ocupan el llamado “Polígono Siete” y que se dedican principalmente a la plantación de coca desde la década del 70.

Los colonos cuentan con 300.000 hectáreas saneadas. Una línea demarcatoria los divide de los indígenas; sin embargo, aún restan delimitar 18 kilómetros. El Servicio Nacional de Áreas Protegidas (Sernap) prevé ingresar al lugar el 15 de agosto para sanear la zona.

Ante esta situación, Vidal explicó que una de las principales amenazas del área protegida son los asentamientos ilegales de colonos que se dedican a la plantación de coca y la explotación de madera. Añadió que los colonos, caracterizados por ser “depredadores” recurren a los chaqueos y desmontes para ampliar su espacio. Lo mínimo que cultivan es 1.600 metros cuadrados o un cato de coca entre julio y agosto. La mayoría usa agroquímicos que dañan el suelo.

En los últimos años entre 5 a 10 mil hectáreas fueron afectadas. A pesar de que este parque es considerado el más grande de Cochabamba, el Sernap sólo trabaja con 17 guardabosques.

El panorama es similar en el Parque Nacional Carrasco donde la amenaza más seria son los asentamientos ilegales para cultivar coca. El director del área, Marcelino Janco, señaló que las áreas más críticas están a orillas de los ríos Ivirizu, Sajta y la cabecera de Chimoré.

A ello se suma que “algunos” alcaldes intentan ingresar al área protegida a través de la apertura de caminos para operar con proyectos de producción agrícola. Los asentados argumentan que no cuentan con terrenos y tienen derecho a trabajar la tierra.

Las 622.600 hectáreas del parque son controladas por 14 guardaparques. “Con 14 no podemos abastecer”, indicó Janco a tiempo de lamentar que las comunidades indígenas no ayuden a proteger esta reserva natural.

Luego, de la aprobación del Decreto Supremo 2366 que viabiliza la exploración y explotación de hidrocarburos en siete de las 22 áreas protegidas de Bolivia, se conoció que los estudios en los parques Carrasco e Isiboro Sécure comenzarán en la gestión 2016.

La realidad también es crítica en el Parque Nacional Tunari, donde las principales amenazas radican en la proliferación de construcciones sobre la zona de recarga de acuíferos, incendios y la explotación minera de oro. La zona es protegida por cinco guardias ambientales en medio de limitaciones logísticas. La cantidad es insuficiente frente a la extensión del lugar y los incendios que se registran.



LOS PARQUES SON ECOSISTEMAS VALIOSOS
El hogar de 1.388 especies de aves

El biólogo y ornitólogo José Antonio Balderrama informó que en las tres áreas protegidas existen al menos 1.388 especies de aves. El mayor reservorio está en el Parque Nacional Carrasco con cerca de 700 variedades. Después están el Isiboro Sécure con 470 y el Parque Nacional Tunari con 218.

Una particularidad del Tunari es que tiene seis especies endémicas o únicas. Entre ellas, la monterita cochabambina (Poospiza garleppi), corta flores boliviano (Diglossa carbonaria), picaflor yungueño boliviano (Aglaeactis pamela) o también llamado “ángel de sol” por sus colores azul escarlata y purpura en su lomo cuando le llega el sol en ciertos ángulos, el tordo boliviano, cola de espino (Schizoea caharterti) y gorrión de arbustos (Atlapetes rufinucha).

De éstas la más importante, monterita cochabambina (Poospiza garleppi), se encuentra en “peligro de extinción”. Además, cuatro son “vulnerables de extinción”, entre ellas el cóndor de los andes y el pájaro de las quewiñas que “no pueden vivir en otro lugar”. También hay siete especies “casi amenazadas”.

El biólogo dijo que a pesar de que el Tunari está rodeado de edificaciones “todavía existen corredores de vegetación en las quebradas y torrenteras” utilizadas por las aves para transitar. También hay 30 especies de mamíferos entre ellos el gato andino, oso hormiguero de árbol, oso andino, vicuñas, entre otros. El Tunari está entre las 10 áreas más “prioritarias a conservar en toda Bolivia”, según un estudio realizado por los biólogos José Balderrama y Gonzalo Navarro, debido al endemismo de especies, especialistas de hábitat, ejemplares amenazados y el estado de la conservación de bosques. En el Isiboro Sécure una de las aves más raras es la pava copete de piedra (Pauxi unicornis)




OBSERVAN CONTRADICCIONES EN EL GOBIERNO

MARCELO DELGADILLO, AMBIENTALISTA

Nos ha extrañado que este Gobierno que se declaró protector de la Madre Tierra como nunca esté dando permisos de deforestación o desmonte de forma masiva (…) Están dando concesiones a petroleras y ya hay algunos conflictos con concesiones mineras. Las concesiones mineras, la explotación petrolera y la invasión de la población por carretera producirán grandes problemas que van desde alterar las condiciones climatológicas y las condiciones de posesión de agua hasta la aparición de enfermedades.



JOHN ZAMBRANA, AMBIENTALISTA

El Sernap no tiene capacidad económica, de equipos ni siquiera de personal. Si vemos a los funcionarios que tiene el Parque Tunari es un jefe de área, un jefe de guardaparques y en 2014 tenía cinco o seis guardabosques. Con ese número limitado de personal no hay capacidad de control ni de manejo. Algo similar ocurre en las otras áreas porque no tienen presupuesto ni personal para poder cubrir toda la superficie (…) Es básicamente la poca capacidad que tiene el Sernap para hacer la gestión de esta área protegida.

Los riesgos del cambio climático que ya tiene efectos en el país

El aumento de las temperaturas en uno o dos grados en zonas como el Chaco en Bolivia, va a ser fatal para el abastecimiento de agua, señaló el ambientalista e investigador Jorge Campanini.

“Si tenemos climas que salen del rango de lo normal tenemos mayores indices de evaporación y por ende menor cantidad de acceso al agua y eso se está notando ya en muchas poblaciones”.

Para poner un ejemplo citó lo que sucede en la zona sur de Cochabamba que a pesar de ser uno de los sectores de la ciudad más antiguos todavía no cuenta con el servicio de manera digna.

El experto en medioamiente manifestó que hubo estudios en Bolivia sobre adaptación de las comunidades a la escasez de agua producida por el cambio climático y que han tenido repercución en la reducción de producción. Esa situación se traduce para el ciudadano de a pie que recibe los productos en precios más altos.

“Productos que tradicionalmente se obtenían a precios reducidos porque había en grandes cantidades, ahora no se los puede encontrar al mismo costo porque bajó su producción”, agregó y dijo que ese incremento en el precio ya es un impacto directo del cambio climático en la vida cotidiana de los bolivianos.

¿Cómo estamos en Bolivia rumbo a la COP21?


Desde hace casi una década Bolivia ha jugado un papel importante a nivel internacional con el discurso de la defensa de los Derechos de la Madre Tierra y la protección del medioambiente; sin embargo, en los últimos años, se han tomado acciones que no van precisamente acorde a esta línea. Por ello, el ambientalista e investigador del Centro de Documentación e Información de Bolivia (Cedib), Jorge Campanini, hizo un análisis de la situación del país rumbo a la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP21) que se desarrollará en noviembre y diciembre en París.

Pese a que Bolivia es un país subdesarrollado, citó algunos ejemplos de los efectos negativos que hay sobre el medioambiente; la confirmación que hizo el Gobierno de realizar exploración petrolera en siete de 22 áreas protegidas de Bolivia, la Cumbre Agropecuaria de este año que sacó un acuerdo para ampliar la frontera agrícola para la soya, algodón y otros productos que garantizan la exportación, son aspectos que preocupan a los ambientalistas.

Otro tema es la contaminación de la actividad minera que afecta la Cuenca Altiplánica y la del Pilcomayo, además de ríos amazónicos. Considera que apuntar al tema de hidroeléctricas y represas como Cachuela Esperanza, también es una apuesta de doble filo, consideró porque si bien se va a generar energía va ser casi toda para exportación cuando las necesidades en el país todavía no están resueltas.

“Las cifras son escalofriantes, se quiere exportar ocho mil megavatios y según datos oficiales del último Censo tenemos 700 familias que cocinan a leña y más de un millón que no tienen acceso a energía eléctrica”, resaltó.

El investigador que considera que todos estos problemas deben mitigarse y resolverse en casa, manifestó que la responsabilidad del cambio climático no debe caer solamente sobre los países desarrollados e industrializados, señaló que todas las naciones del mundo deben tomar acciones y decisiones para evitar futuros desastres naturales.

Uno de los principales desafíos para Bolivia es analizar y avaluar ¿cómo están las cosas en casa?, dijo Campanini que hizo una descripción de los problemas solventados tanto por estudios oficiales como independientes.

Ante ello propone que Bolivia deje de hacer extractivismo, porque esa es una salida más para la situación económica, sin considerar los efectos que puede tener en el medioambiente. Dijo que los recursos naturales no son eternos y algún día se terminarán.

El ambientalista del Cedib indicó que encarar todos estos temas es como “abrir la caja de pandora”, porque considera que estos problemas en Bolivia se van a volver críticos a mediano plazo.

“A partir de esto y en la medida de nuestras posibilidades debemos plantearnos soluciones que tengan influencia y se cumplan”, mencionó Campanini quien espera que los resultados de la COP21 se pongan en práctica y puedan disminuir los efectos del cambio climático.


Padcaya y San Lorenzo en riesgo de perder el programa Guadalquivir

El municipio de San Lorenzo y Padcaya podrían quedarse sin el programa de agua potable y alcantarillado sanitario Guadalquivir por falta de recursos económicos para cumplir con la contraparte que permita licitar los proyectos, como ocurrió en Uriondo y Cercado. La situación generó que las autoridades de ambas comunas se declaren en emergencia.

El presidente del proyecto Guadalquivir en San Lorenzo, Teodoro Castillo, reveló que debido al incremento de los costos de materiales, insumos y el cambio del concepto técnico de los proyectos se requiere alrededor de 75 millones de bolivianos adicionales al presupuesto original de 180 millones de bolivianos, para recién proceder a la licitación del programa en Padcaya y San Lorenzo.

“Hemos hablado con cívicos de Padcaya están molestos por tanto se ha decidido dar un plazo a la Entidad Ejecutora de Medio Ambiente y Agua (Emagua) para que solucione el tema. Caso contrario se va pedir a esta repartición que todos los recursos que está viniendo de donación se transfiera a las alcaldía para hacer el proyecto, porque Eemagua como brazo operado no está poniendo ni un peso”, explicó Castillo.

Al lamentar que las ex autoridades municipales tanto de San Lorenzo y Padcaya no han podido presupuestado los recursos para licitar los proyectos y el problema por del racionamiento de agua se extenderá otro año más en estas poblaciones.

Según el convenio de cooperación, el programa demanda un presupuesto total de 18.649.949 euros, de los cuales 5.405.743 euros financiados por la Gobernación del Tarija, 9.797.155 en calidad de donación y 3.447.049 euros como crédito de la KFW –Alemania. Es ejecutado por Emagua, de manera conjunta con la Gobernación del departamento y las alcaldías de Cercado, Uriondo, Padcaya y San Lorenzo que conforman la mancomunidad del Guadalquivir.

Según la estructura de financiamiento y contrapartes del programa durante la gestión 2012 la Gobernación realizó un aporte de 2.495.864 bolivianos, en la gestión 2013 se comprometió 24.958.649 bolivianos, en la gestión 2014 se tenía presupuestado 12.479.324 bolivianos y el 2015 el aporte correspondía 9.983.459 bolivianos, haciendo un total de 49.917.298 bolivianos.

Sin embargo, Castillo observó que por la crisis financiera que a traviesa la Gobernación los municipios de Padcaya y San Lorenzo, este año no podrán cumplir con las contrapartes para las licitaciones, “La KFW fue clara al decir que no se permitirá la licitación, sino se garantiza la contraparte de los municipios”, sostuvo.

Sobre el tema, el gerente regional de Emagua, Miguel Ángel Herrera, confirmó que se tienen problemas con los recursos del programa Guadalquivir, debido a varios aspectos como el cambio de concepto técnico del proyecto, el cambio del euro y el costo de materiales. Sin embargo, se hace gestiones para nuevos financiamientos.

Explicó que una vez concluidos los estudios a diseño final se evidenció que hay un incremento en todos los proyectos lo que obliga a hacer un ajuste económico.

“El proyecto está garantizado para los cuatro municipios beneficiarios, es decir: Padcaya, Uriondo, Cercado y San Lorenzo. Para lo cual se gestionar el financiamiento tanto en la Gobernación como en otras entidades financieras”, argumentó.

El programa Guadalquivir, data desde el año 2009, tiene como objetivo beneficiar al municipio de Cercado con un proyecto para mejorar las fuentes agua potable; en San Lorenzo, se trabajará en agua potable y alcantarillado; en Uriondo con agua potable y en Padcaya, alcantarillado y agua potable.

Remediación ambiental avanzó solo en papeles en Lago Poopó

La remediación ambiental avanzó solamente en papeles, desde hace más de seis años, desde el momento que se puso en vigencia el Decreto Supremo 335, que dispuso la realización de proyectos específicos para evitar la contaminación en el Lago Poopó.

El presidente de la Coordinadora en Defensa de la Cuenca del Río Desaguadero y Lagos Uru Uru y Poopó, Ángel Flores, dijo que la contaminación de los lagos que tenemos en el departamento de Oruro, “no se ha parado y, más por el contrario, continúa desde las principales minas de la región”.

Expresó que, desde Huanuni, la principal empresa minera de Bolivia, se sigue enviando aguas ácidas, de color plomo, incluso con residuos mineros, hacia el lago Poopó, provocando mayor contaminación, ya que hasta la fecha, no se ha puesto en ejecución el plan de remediación ambiental.

“Las aguas de Huanuni llegan hasta el río San Juan de la comunidad de Sora. Después, se introduce por el río de la población de Machacamarca y luego de mezcla con las aguas del lago Poopó. Por eso, solamente en papeles existe la remediación ambiental”, dijo.

Los daños ocasionados durante decenas de años, hasta la fecha, “no se ha remediado ni siquiera por parte del Estado, que se encuentra a cargo de la empresa minera Huanuni, donde incluso ya se debía hacer un dique de contención y una planta de tratamiento de las aguas ácidas”, agregó.

Tampoco hay proyectos productivos, aparte de un estudio para la construcción de un dique de colas, agregó. Explicó que la remediación, “se encuentra todavía en papeles, pero no hay ningún avance para la construcción de ese dique, tal como dice el decreto y las instrucciones emitidas por las autoridades nacionales”.

Las comunidades aledañas al lago Poopó se volvieron a reunir en Oruro, para analizar el problema y anunciaron que se convocará a un ampliado departamental, para que con los afectados, se reanuden las medidas de presión, los próximos días.

“La evaluación no nos convence. No se está atacando el problema fundamental de evitar la contaminación. Las aguas que salen de las minas de Huanuni están contaminando los ríos, lagos y tierras y se está muriendo el lago Poopó”, agregó Ángel Flores.

Huanuni fue declarada como una zona de emergencia ambiental, pero desde hace seis años y a pesar de la molestia de los mineros y autoridades de Huanuni, no se ha empezado con la ejecución del proyecto, según la responsable de comunicación del Centro de Educación y Pueblos Andinos, Norma Mollo Mollo.

Las poblaciones afectadas con la contaminación de los ríos y lagos están Machacamarca, Poopó, El Choro y la misma población de Huanuni que se ha acostumbrado a absorber los gases que emanan de los minerales que se botan al río y donde incluso los animales, como los cerdos, siguen escogiendo su comida en ese lugar.

Se estableció que son dos mil familias que se encuentran afectadas con este conflicto. El dique de colas debía estar concluido el 2011, recordó María Rafael, comunaria de la zona de Poopó.

sábado, 25 de julio de 2015

Oruro tiene condiciones para producir madera de álamo

En las Jornadas Internacionales de Cultivo de Th´ola y Álamo realizadas por el Instituto Nacional de Innovación Agropecuaria y Forestal (Iniaf) que concluyeron ayer, se estableció que Oruro tiene las condiciones para ser un departamento productor de madera de álamo, pero de forma sustentable con el medio ambiente.

El responsable del Programa Nacional de Bosques Altiplano del Iniaf, David Pérez, manifestó que estas jornadas sirvieron para fomentar la producción de álamo en el altiplano orureño tomando en cuenta que esta actividad podría generar ingresos económicos a favor de la región y además contribuir con el ecosistema.

Señaló que también se dieron a conocer las investigaciones realizadas en torno a la th´ola, especie que permite recuperar los suelos erosionados.

Por su parte la representante del Programa de Mejoramiento Genético del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) de Argentina, María Silvana Monteverde aseveró que con esta actividad se pretende fomentar la forestación con álamos en la región del altiplano.

Monteverde realizó la exposición en relación al cultivo de álamo y los avances genéticos que se aplican en Argentina, mencionó que en su visita a Machacamarca observó que se tiene potencialidades para empezar con la forestación de álamos y posterior producción de madera.

Indicó que se pueden implementar algunas técnicas que se aplican en el Sur de Argentina para la producción de álamos, considerando que este sector tiene características similares a las de Oruro, en cuanto al clima, la falta de agua y vientos fuertes.

"Se puede pensar en un sistema agroforestal, pensar en tener plantaciones de álamo de cinco o seis metros que pueden situarse al medio de los cultivos de quinua o papa, creo que es algo factible que se puede hacer de la mano de los productores e investigadores, a largo plazo se podría tener madera de calidad" sostuvo.

Explicó que si se trabaja con plantaciones introducidas de álamo se podría llegar a tener madera de esta especie en 12 a 14 años.

También se tiene técnicas para garantizar el prendimiento que se aplican en los primeros años para que no existan problemas de enraizamiento.

Agregó que de igual forma se debería producir en mayor cantidad la th´ola pues es recomendable para hacer la fitoremediación de suelos degradados.

A nivel nacional Beni concentra 86% de los focos de calor

La Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierras (ABT), a través de su Unidad de Monitoreo de Información Geoespacial, identificó durante el mes de julio 783 focos de calor. El reporte más actualizado, del día 23, da cuenta que el 86% de las quemas e incendios forestales se concentran en el departamento de Beni.

En lo que va del año, la ABT registró 3.963 focos de calor, un 30% menos que en 2010, cuando se contabilizaron hasta julio 5.152 quemas.

En lo que va del año, la ABT registró 3.963 focos de calor, un 30% menos que en 2010, cuando se contabilizaron hasta julio 5.152 quemas.

De acuerdo al reporte al que accedió ANF, sólo el día 23 de julio se identificaron un total de 57 focos de calor en territorio nacional, de los cuales 49, es decir, el 86 %, corresponden al departamento de Beni.

Las quemas se producen para habilitar tierras para la agricultura.

viernes, 24 de julio de 2015

Calor en la Amazonía Boliviana: incendios, quemas o chaqueos


En Bolivia se han definido tres grandes cuencas hidrográficas que cubren su territorio, estas son: Cuenca del Amazonas, Cuenca del Plata y Cuenca del Altiplano. En este caso nos referiremos a la región correspondiente a la amazonia en un sentido amplio, incluyendo las partes altas que contribuyen con el escurrimiento del agua hacia los ríos de la cuenca, de esta manera se comprende total o parcialmente 7 de los 9 Departamentos de Bolivia.

En esta región en particular se presentan año tras año fuegos en bosques, sabanas y pastizales que son ocasionados por factores naturales o inducidos por el hombre. Es muy común la práctica del chaqueo para habilitar parcelas para la agricultura, así como la quema de pastos para inducir el rebrote y ampliar la superficie de pastizales mediante la siembra de semilla de especies introducidas.

Los datos han sido obtenidos a través de sensores ubicados en satélites que registran de forma diaria imágenes satelitales y que mediante algoritmos de programación determinan si un pixel es clasificado como un foco de calor o no. Los algoritmos para la detección de fuego a partir de datos de satélite se han ido perfeccionando mediante versiones específicas para cada sensor, aumentando así la capacidad para detectar puntos calientes y reduciendo los errores por omisión (no detección de fuegos reales), o errores de comisión (falsas detecciones).

Aunque los focos de calor se detectan en prácticamente toda la extensión de la cuenca amazónica, mediante el análisis de densidad de puntos podemos determinar con mayor facilidad las regiones donde se manifiesta una mayor concentración de ellos.

De esta manera podemos observar que las mayores concentraciones se presentan en los Departamentos de Santa Cruz y Beni, seguidos por Pando, el norte de La Paz y la zona tropical de Cochabamba. Los municipios donde se detectan con mayor frecuencia son:

Santa Cruz: Pailón, San Julián, Charagua, San José de Chiquitos, Cuatro Cañadas, Fernández Alonso, San Ignacio de Velasco, San Miguel de Velasco, Okinawa, Colpa Bélgica, Yapacaní, Montero, San Pedro y El Puente. Beni: San Ramón, Santa Rosa, Reyes, Exaltación, Santa Ana de Yacuma, San Joaquín, San Javier, Baures, Magdalena, Puerto Siles, Huacaraje, Loreto y Guayaramerín. La Paz: Ixiamas, San Buenaventura y Apolo. Pando: Puerto Rico, Bolpebra, Porvenir, Filadelfia, El Sena y Puerto Gonzales Moreno. Cochabamba: Villa Tunari y Chimoré.

Aunque el fuego es parte natural del agro-ecosistema y en muchos casos trae incluso efectos positivos para el manejo del mismo al evitar la acumulación de pasto y otra materia combustible durante la época seca y favorecer procesos fisiológicos de varias especies vegetales, debe ser realizado mediante quemas controladas siguiendo toda la normativa y precauciones necesarias. Se deberían implementar otras alternativas que eviten o limiten el uso del fuego tanto para la agricultura como para la ganadería. La importancia de la quema de biomasa es creciente considerando que los efectos no son solo locales sino globales y acumulativos, agravados por la emisión de gases y partículas hacia la atmósfera, repercutiendo en el cambio climático, se trata de una liberación energética muy fuerte que podría considerarse ineficiente.

En la figura se muestran los mapas de densidades de focos de calor para tres años (2007, 2010 y 2013) usando datos del sensor TRMM, existen variaciones evidentes. Se muestran los departamentos y en línea gruesa el límite de la cuenca amazónica, se han excluido del análisis las cuencas del Altiplano o endorreica y la cuenca del Plata.

Javier G. Villegas

jueves, 23 de julio de 2015

Residuos sólidos que tienen tardía degradación dañan la tierra

En todo el mundo, cada día se desechan cientos de toneladas de residuos sólidos, algunos de estos tienen tardía degradación y son dañinos para la tierra, ello se debe a que han sido fabricados con contenidos químicos o petrolíferos.

Los materiales que han sido elaborados a base de productos químicos o petrolíferos son los que nunca se degradan o que más años o siglos tardan en descomponerse, superando en el tiempo de vida al hombre mismo. Entre los materiales de difícil descomposición están, el vidrio, que nunca se degradará, empero, algunas botellas cristalinas duran cuatro mil años en desaparecer después de haberse desechado.

Asimismo, las pilas y baterías o los productos tetra brik (envase para productos refrigerados como leche. Yogurt, etc), así como celulosa, aluminio, tardan en desaparecer mil años, los juguetes de plástico, tres siglos, las botellas plásticas demoran 700 años, las bolsas nylon 150 años. Las latas u hojalatas un siglo, el chicle cinco años.

Estos productos que tardan largos siglos o años en desaparecer son los que dañan a la tierra firme, ¿Cómo? Degradando al suelo, de forma que nunca más se podrá producir vegetal alguno en ese lugar donde estuvo o esta desechado tal material.

Cómo identificar la basura para reciclar

Botar basura es una acción de falta de educación y quizá de desconocimiento de las personas, pues no se dan cuenta que al margen de contaminar el medio ambiente, provocan un mal aspecto de la ciudad que, a falta de lugares de distracción, debería estar impecable para pasear en familia o en grupo de amigos.

Como dicen, para muestra basta un botón, clara evidencia de este mal aspecto es la presencia de bastante basura en calles de la ciudad como la Avenida del Deportista, zona Norte, donde se observa diversidad de desechos o el agua que se genera de los autolavados, desechos e incluso las paredes que están llenas de propaganda.

Suponiendo que la mayor parte de la gente desconoce que la basura puede ser reciclada, les explicamos que existen distintos tipos de basura que puede ser reutilizada o reciclada que, separándola por sus características, podría cambiar por completo la vida cotidiana de toda la gente.

Entre los varios tipos de basura que generamos, se encuentra la orgánica que es la que presenta algún origen biológico o fue parte de un ser que estaba vivo, como los huesos de animales, hojas, verduras, semillas, cáscaras de frutas, etc.

También se encuentra la inorgánica, esta es la que no proviene de ningún ser vivo, son aquellas que pasaron por un proceso industrial, entre las que se podría mencionar están las telas, plásticos, papeles, etc.

Existen los desechos peligrosos, que son los que se convierten en una amenaza para el medio ambiente y que podrían dañar a los seres vivos, como son sustancias corrosivas, material radioactivo, pilas o baterías, residuos médicos y ácidos.

A la vez se halla la basura electrónica, desechos electrónicos o basura tecnológica, es un tipo de desechos entre los que se encuentran los dispositivos o artefactos electrónicos que con el tiempo terminan caducando.

En otro tipo de basura están los desechos domiciliarios, en los que se toman en cuenta los envases de hojalata, aluminio, cartón, papel, bolsas y envases de plástico, botellas y recipientes de vidrio, ropa o trapos.

Esperemos que esta reflexión sirva para socializar e informar a la población sobre la importancia de clasificar la basura para su posterior reutilización y evitar que la basura esté continuamente botada en las calles de la ciudad.

Inundaciones gracias a la deforestación

Ya son varios años consecutivos que las inundaciones azotan las tierras bajas y otras regiones de Bolivia. La frecuencia de estas inundaciones afecta a miles de familias, perjudican la producción agrícola y pecuaria y destrozan caminos.

Los bosques son paraguas y esponjas naturales, por lo tanto más deforestación significa más inundaciones.

La deforestación sigue creciendo sostenidamente, ya sea para ampliar la frontera agrícola o la frontera ganadera. Además se ha producido un fenómeno de lluvias extremas. La conjunción de estos factores es potencialmente mortal.

La deforestación causa alteraciones al régimen hidrológico, la disminución de la capacidad de retención e infiltración del agua, la modificación de la escorrentía (Corriente de agua que se vierte al rebasar su depósito o cauce naturales o artificiales) de las aguas superficiales, disminución de los tiempos de concentración y la desestabilización de las napas freáticas, lo que a su vez favorece las inundaciones.

La deforestación de los márgenes de grandes ríos, arroyos y quebradas para el monocultivo, hacen que la tierra pierda su capacidad de absorción y el agua escurra, arrastrando sedimentos, directamente a los cursos de agua.

Un estudio realizado por una universidad de Australia y una universidad de Singapur investigó la relación entre la deforestación y la frecuencia y gravedad de inundaciones, se analizaron datos de 56 países tropicales y se concluyó que un incremento de 10 por ciento de la deforestación de bosques naturales resulta en un incremento en la frecuencia de inundaciones entre 4 y 28 por ciento y en un incremento en la duración de la inundaciones entre 4 y 8 por ciento.

Esta relación entre la deforestación y las inundaciones se debe a la función de esponja que ejercen los bosques naturales, en períodos de lluvia los bosques son capaces de almacenar una cantidad notable de agua. De este modo el agua no se va directamente a los ríos, se queda almacenada en los suelos boscosos y es lentamente liberada después. Así el riesgo de inundaciones es mucho menor.

El asentamiento legal o ilegal de comunidades, pueblos y predios genera daños porque se establecen sin considerar la distancia de protección a la orilla de los ríos, llamada servidumbre ecológica y sin respetar el régimen de inundaciones naturales que caracterizan los ríos.

La reforestación, la conservación de bosques naturales, el reasentamiento de comunidades, pueblos y predios, la utilización más eficiente del suelo apto para diversos usos y el cumplimiento de las leyes, principalmente la Ley Forestal, son acciones que permitirán revertir las inundaciones.

miércoles, 22 de julio de 2015

Video Bomberos intenta sofocar un incendio de magnitud en la avenida Kantutani

Ola de calor en Japón se cobra la vida de 14 personas en una semana



La última ola de calor que ha golpeado Japón se cobró la vida de 14 personas la semana pasada, lapso en el que más de 6.000 ciudadanos nipones fueron atendidos de urgencia debido a las altas temperaturas, según un informe presentado hoy por el Gobierno nipón.

Según el documento, publicado por la Agencia de Gestión de Incendios y Desastres, entre el 13 y el 19 de julio, 14 personas fallecieron a causa de golpes de calor, casi el triple que en la semana anterior.

Además, 6.165 personas recibieron atención médica de urgencia por síntomas relacionados con el calor, casi el doble comparado con el periodo comprendido entre el 6 y el 12 de julio (cuando se registraron 3.190 casos).

La mayoría de los 14 fallecidos eran mayores de 65 años y las muertes se concentraron especialmente entre el 13 y el de 15 de julio, días en los que se alcanzaron en algunos puntos del país los 39 grados centígrados y en los que muchos municipios registraron las temperaturas más altas del año.

A su vez, los niveles de humedad relativa superaron en dicho periodo el 80 por ciento en varios puntos del archipiélago.

La prefectura de Saitama (al norte de Tokio) fue la que registró un mayor número de emergencias por golpes de calor con 605 casos, seguida por la de Tokio (578) y la de Osaka (340), que acoge en el oeste de la isla de Honshu la tercera mayor concentración urbana del país.

Madidi y Pilón Lajas Pobladores temen riesgos por represa de El Bala

El proyecto de la represa de El Bala generó el rechazo de 16 comunidades del Madidi y Pilón Lajas, porque temen que sus pobladores puedan desaparecer con la ejecución de esta obra, razón por la que exigen una consulta previa antes de que inicien los trabajos.

Las comunidades que rechazaron la represa de El Bala, mediante un voto resolutivo, habitan en los ríos Beni y Quiquibey, próximas a Rurrenabaque y San Buenaventura. El pronunciamiento fue entregado al Defensor del Pueblo para que pueda interceder por sus derechos.

Las comunidades que se oponen a la obra son: Carmen Florida, Real Beni, San Miguel, San Antonio de Sani, Embocada, Asunción del Quiquibey, Gredal, El Corte, San Luis Chico, San Luis Grande, Torewa, Villa Arcilla Bolsón, Bisal, San Bernardo, Charque y San José de Uchupiamonas.

Las 16 comunidades se reunieron con otras cinco que se encuentran en Alto Beni, las mismas que también rechazaron el proyecto por el impacto ambiental y social.

También consideran que la represa causará una gran destrucción del ecosistema y que las comunidades indígenas serán expulsadas de sus territorios para hacer viable este proyecto, ya que implica la inundación de parte del Madidi y Pilón Lajas. Además, evidencia que esta represa viola el derecho constitucional a vivir en un medio ambiente saludable.

Hace dos semanas, el Gobierno contrató a la empresa italiana Geodata por 22 millones de dólares para realizar un estudio de viabilidad económica y medioambiental sobre la construcción de esa represa, que se construiría en el estrecho de El Bala, en las cercanías de Rurrenabaque y San Buenaventura. Al detener las aguas que fluyen de sur a norte en el país, se inundaría una extensa zona en la parte sur.

Geodata tiene dos años para realizar el estudio y ver distintas opciones, como hacer una sola gran represa u optar por varias de tipo "cascada", algo que aminoraría algo los daños ambientales.

Activistas medioambientalistas han señalado que esta obra causaría un grave efecto sobre el medioambiente y las comunidades indígenas, que tendrían que ser trasladadas. La obra se debate desde 1950, y ha sido descartada en varias oportunidades por el costo medioambiental y social que causaría su construcción.

El voto resolutivo expresa que el ecoturismo, la gestión de las áreas protegidas y los programas sostenibles agroforestales serán afectadas si se viabiliza esta represa y que ellos desarrollan emprendimientos amigables con el medioambiente.

El representante del proyecto turístico Chalalán, Neil Palomeque, expresó a ANF que si se logra hacer la represa las comunidades se quedarían sin fuente de trabajo y sus casas serían inundadas. Agregó que no se podría llegar al parque Madidi porque no sería posible cruzar el río Beni.

martes, 21 de julio de 2015

CAMBIO CLIMÁTICO Nuevo récord de calor en el planeta en junio 2015

El mes de junio de 2015 fue el más caluroso en el planeta desde que se tienen registros de temperatura en 1880, anunció ayer la Agencia Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA).

Los seis primeros meses del año también estuvieron marcados por unas temperaturas récord para el período, lo que demuestra que el calentamiento global continúa sin pausa. El 2014 ya había sido el más caluroso desde que se tienen registros.

La temperatura media en junio en la tierra y los océanos fue 0,88 grados Celsius superior a la media del siglo XX, precisa la NOAA en un comunicado.

El récord precedente de temperatura en un mes de junio tuvo lugar en 2014. Y el del primer semestre del año, en 2010.

En el primer semestre de 2015 la temperatura media fue de 0,85 grados superior a la media del siglo XX, agrega la NOAA.

17 comunidades en Madidi y Pilon Lajas rechazan el proyecto El Bala

Un total de 17 comunidades que habitan en las áreas protegidas Madidi y Pilón Lajas rechazan el proyecto de que se construya una represa en el estrecho de El Bala por considerar que la obra los pone “en riesgo de desaparecer”, por lo que exigen una consulta previa antes de que se inicie el proyecto.

Las 17 comunidades, que viven en los ríos Beni y Quiquibey (en las cercanías de Rurrenabaque y San Buenaventura) rechazaron el proyecto mediante un voto resolutivo y entregaron esta resolución al Defensor del Pueblo para que esta instancia pueda interceder por sus derechos.

Esas comunidades son Carmen Florida, Real Beni, San Miguel, San Antonio de Sani, Embocada, Asunción del Quiquibey, Gredal, El Corte, San Luis Chico, San Luis Grande, Torewa, Villa Arcilla Bolsón, Bisal, San Bernardo, Charque y San José de Uchupiamonas.

“La mega Represa del Bala ocasionará una total y gran destrucción de los ecosistemas y sus recursos, que las comunidades indígenas y campesinas seremos expulsadas de nuestras tierras y nuestras culturas y por ende enfrentamos un riesgo de desaparecer”, dice el voto resolutivo, firmado en mayo y dado a conocer públicamente en julio.

Esas 16 comunidades se reunieron con otras cinco que se encuentran en Alto Beni y que también rechazaron el proyecto por el impacto ambiental y social y el poco beneficio que les daría.

También consideran que la represa causará una gran destrucción del ecosistema y que las comunidades indígenas serán expulsadas de sus territorios para hacer viable este proyecto, ya que implica la inundación de parte del Madidi y Pilón Lajas.

Además, evidencia que esta represa viola el derecho constitucional a vivir en un medio ambiente saludable.

Ambientalistas han señalado que la obra causaría un grave efecto sobre el medioambiente y las comunidades indígenas, que tendrían que ser trasladadas.

El voto resolutivo expresa que el ecoturismo, la gestión de las áreas protegidas y los programas sostenibles agroforestales serán afectadas si se viabiliza esta represa y que ellos desarrollan emprendimientos amigables con el medio ambiente.

El representante del proyecto turístico Chalalán, Neil Palomeque, expresó que si se logra hacer la represa las comunidades se quedarían sin fuente de trabajo y sus casas serían inundadas.

Estudios

Hace dos semanas, el Gobierno contrató a la empresa italiana Geodata por 22 millones de dólares para realizar un estudio de viabilidad económica y ambiental sobre la construcción de una represa en el estrecho de El Bala, en las cercanías de Rurrenabaque y San Buenaventura.

Ambientalistas y comunarios del lugar temen el riesgo de inundaciones.

Geodata tiene dos años para realizar el estudio y ver distintas opciones, como hacer una sola gran represa u optar por varias tipo “cascada”, algo que aminoraría los daños ambientales.

La posibilidad de ejecución de la obra se debate desde 1950.

DURANTE EL V CONGRESO DE GAS Y PETRÓLEO Evo ratifica exploración en siete de 22 áreas protegidas

"Tenemos todo el derecho de hacer exploraciones en áreas protegidas", afirmó hoy el presidente del Estado, Evo Morales durante el V Congreso de Gas & Petróleo realizado en Santa Cruz, asegurando que solo se intervendría en siete de 22 de éstas, con una incidencia de 0,4 por ciento del terreno, "sin afectar al medio ambiente".

Asimismo aseguró que se realizará la consulta respectiva a los movimientos indígenas, según indican las normas internacionales, haciendo una compensación con la ejecución de proyectos productivos.

"Las consultas van a ser importantes, vamos a respetar las consultas, pero cuando hay alguna manipulación externa mediante nuestros hermanos indígenas ni se imaginan cómo perjudican".

La Asamblea Nacional del Pueblo Guaraní (ANPG) y del Consejo de Capitanes Guaraníes de Chuquisaca, acordaron recientemente avalar la exploración de hidrocarburos en sus territorios luego de la socialización de los decretos supremos 2298, 2195, 2366, 2368 que regulan la actividad. Además, acordaron dar continuidad a los procesos de consulta y participación para actividades exploratorias.

En este contexto, el Mandatario aclaró que no se admitirá ninguna intromisión externa pues considera que potencias internacionales buscan perjudicar el crecimiento de la economía boliviana.

Morales afirmó que es una decisión "sabia y responsable" y que no está sometida a fundaciones y Organizaciones No Gubernamentales, menos a personas vinculadas a países europeos y de Estados Unidos.

En la oportunidad el Presidente destacó una vez más, la nacionalización de los hidrocarburos como un acierto de la política de Estado para lograr estabilidad en el país. Sin embargo, dijo que es tiempo de considerar otros caminos: "Bolivia vive del gas, pero se debe buscar otros rubros".










Congreso

En este congreso, según explica Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) se analizará la coyuntura y las estrategias en la industria del gas y petróleo, aprovechando las experiencias de los expositores.

El evento se desarrolla hoy y mañana en el Hotel Los Tajibos de Santa Cruz, con la participación de al menos representantes de nueve países y 25 empresas internacionales.

Dos incendios arrasan 36 hectáreas de pajonales

Dos incendios ocurridos ayer en el departamento de Cochabamba, uno inmediatamente después del otro, consumieron 36 hectáreas de arbustos y pajonales: 30 en la provincia de Arque, cantón Colcha, y seis más en el Parque Nacional Tunari (PNT), cerca de la comunidad de Chimboco, en el municipio de Sacaba.

La información la dio el responsable de la Unidad de Gestión de Riesgos (UGR) de la Gobernación de Cochabamba, Óscar Soriano, desde la zona del fuego.

El más llamativo por su proximidad fue el incendio de Chimboco que, según el alto funcionario de la Gobernación, comenzó cerca de las 17:30 de ayer y fue controlado después de dos horas y media por varios equipos de rescate y auxilio.

Soriano dijo no conocer el origen del incendio, aunque, a diferencia de otros casos, con seguridad que no fue un tema de chaqueo porque el sitio quemado no es un sector agrícola.

“Desconocemos las causas, pero no descartamos nada, ni siquiera que haya sido causado con mala intención”, dijo.

El fuego se originó a media falda del PNT y consumió especies nativas y pajonales, aunque no llegó a causar mayores daños materiales o humanos.

Las unidades que acudieron a apagar el incendio fueron Bomberos de la Policía Nacional, los grupos de rescate SAR-FAB y SAR Bolivia, técnicos del Municipio de Sacaba y los cuatro guardaparques del PNT.

“Decirles a la población en general de que tengan mucho cuidado en esta temporada, un mal manejo del fuego por prácticas genera un descuido y esto provoca la propagación del fuego con los vientos”, expresó Soriano.

El incendio de ayer ocurre a sólo cuatro días de otro caso de fuego, ocurrido en la comunidad de Candelaria, en el sector de Tirani, también en el interior del área del PNT.

En esa ocasión, se quemaron tres hectáreas de pajonales y arbustos bajos y, como ayer, Soriano, llegó a la conclusión de que el fuego fue provocado, y no se descartan intenciones de urbanizar por encima de la cota 2.750 del PNT.

“No tenemos indicios de que haya sido generado por un accidente de barbecho y más bien hubo mala intención”, indicó Soriano, a tiempo de pedir a los responsables del Servicio Nacional de Áreas Protegidas (Sernap) prevenir estos hechos informando a los pobladores y a través del trabajo de los guardabosques.

Dos cerros y 30 hectáreas de pajonales arden en Arque

Las noticias de incendios comenzaron el pasado domingo con un incendio que arrasó 30 hectáreas en dos cerros del cantón Colcha, en el municipio de Arque.

El responsable de la Unidad de Gestión de Riesgos (UGR) de la Gobernación de Cochabamba, Óscar Soriano, informó que el fuego comenzó el domingo por la tarde y concluyó ayer cerca de las 15:40 y 15:50. “Nos hemos enterado del incendio ayer por la mañana e inmediatamente mandamos un equipo que ha tomado control de la situación”, dijo Soriano.

Como en el caso del PNT, se quemaron pajonales y arbustos bajos sin que se reporten mayores daños.

Para este caso, también acudieron al rescate funcionarios de la Gobernación, Bomberos, personal del municipio de Arque y comunarios del lugar. Se desconocen las razones del origen del fuego.

El departamento de Cochabamba tiene en su historia reciente casos catastróficos de incendios en provincias, como el ocurrido en agosto de 2012, cuando se quemaron 350 hectáreas en el municipio de Totora, o el de junio del mismo año, con 1.500 hectáreas quemadas de bosque y arbustos en Pocona.

CIDOB elige a Faustino Flores como director del SERNAP

El expresidente de la Asamblea del Pueblo Guaraní (APG), Faustino Flores, fue elegido por la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (CIDOB), que dirige Melva Hurtado, como nuevo director del Servicio Nacional de Áreas Protegidas (APG), tras la destitución de Saúl Chávez.

El principal representante de la Central de Pueblos Indígenas del Trópico de Cochabamba (CPITCO), Jeremías Ballivián, explicó que se eligió a Flores de una terna en una Comisión Nacional de las regionales que afilia la organización indígena.


“De manera orgánica se ha elegido al compañero Faustino Flores, que es el expresidente de la APG, es un compañero guaraní y (su nombre) salió de una Comisión Nacional”, informó Balliván a Erbol.


Desde de la Central de Pueblos Indígenas de La Paz (CPILAP), otra afiliada de la CIDOB, se anunció que la posesión de Flores se realizará esta semana en lugar de José Coelho, que está como director interino del SERNAP.


La CPILAP presentó como su candidato a la Dirección de la entidad estatal a Gregorio Quetty de quien se señaló asumirá otro cargo dentro de la misma institución.

Dos incendios consumen 36 hectáreas de pajonales y arbustos

La Unidad de Gestión de Riesgos de la Gobernación reportó ayer dos incendios que consumieron 36 hectáreas de pajonales y arbustos en las comunidades de Colcha (cerca de Capinota) y Chimboco (Sacaba). La primera comunidad fue la más afectada, pues el siniestro consumió 30 hectáreas de pajonales y arbustos desde tempranas horas del día, detalló la UGR. El cuerpo de Bomberos de la UGR y el Grupo de Búsqueda y Rescate SAR-FAB sofocaron ambos incendios que, se dijo preliminarmente, fueron ocasionados por los chaqueos.

En Tariquía desconocen decreto que autoriza explorar esas tierras



La reserva nacional de Tariquía comprende parte de las provincias O’Connor, Arce, Gran Chaco y Avilés, abarcando los municipios de Padcaya, Entre Ríos, Caraparí y Uriondo. El presidente del Comité de Gestión de Tariquía, Limborio Méndez, llegó ayer a la ciudad de Tarija y reveló que en la zona habitan 23 comunidades campesinas, que al momento no conocen el contenido del Decreto Supremo 2366 que aprueba la exploración de hidrocarburos en el área; por lo que solicitan una socialización.

Méndez expresó que en la última reunión realizada el jueves 16 de julio en Arce, 10 de estas comunidades firmaron la carta que se envió ayer al Gobierno, dirigida al Ministerio de Medioambiente y Agua, Ministerio de Hidrocarburos, y a la Dirección Nacional del Servicio Nacional de Áreas Protegidas (Sernap), con la finalidad de que expliquen a los pobladores en qué afectará el mentado D.S. y cuáles son los beneficios que podría tener.
La información que manejan las comunidades que viven en la reserva aún es escasa, y aseguran que es la que tienen es la que pudieron obtener por cuenta propia, por lo que sólo saben que se hará una exploración, y si hay petróleo, procederán a explotarlo.
Según Méndez, el reto será lograr agrupar a las representaciones de las 23 comunidades, tarea que emprende como representante del Comité de Gestión, y presenta dificultades debido a la falta de recursos económicos que le impiden estar personalmente en cada comunidad. Sumado a esto, está la lejanía de las poblaciones donde no existen caminos.
Dada la urgencia de realizar la reunión, Méndez sostuvo que tendrán que comunicarse con las comunidades mediante las estaciones de radio existentes en los campamentos a cargo del Servicio Nacional de Áreas Protegidas (Sernap), con la finalidad de crear un espacio en el que participen todas las comunidades para emitir un pronunciamiento sustentado. Esta comunicación podría concretarse en las comunidades de Salinas o Chiquiaca.
Refirió que el ejecutivo seccional de Padcaya, Rufino Choque, y el alcalde de esa jurisdicción, Roger Farfán, en la última reunión explicaron que el D.S. 2366 es un decreto nacional, “que está bien fundamentado y no se puede frenar”. Con relación al Sernap, expresó que la institución aún no se ha pronunciado, pues dijo que la misma es “dependiente del Gobierno”.
El dirigente alertó que se intenta convencer de la supuesta bondad de la norma apelando al aspecto económico y asegurando que si se encuentran recursos hidrocarburiferos en esa región, los mismos serían invertidos en salud, universidades, escuelas. Afirma que las consecuencias que dejaría este trabajo en la naturaleza no son abordados por los funcionarios estatales. Por todo esto exigen la socialización de la norma.
Méndez dijo también que en Tariquía circula una versión de que ya se habría firmado un contrato con una petrolera para ingresar al área, por lo que expresó que existe incertidumbre entre los comunarios.
Por todo esto y en el afán de despertar alguna acción por parte de las autoridades legislativas y ejecutivas del departamento, Méndez se reunió con el presidente de la Asamblea Legislativa Departamental de Tarija (ALDT), William Guerrero, así como también con los asambleístas Dilma Aparicio y Richard Tintilay, de quienes logró el compromiso de ayudar en su tarea. Informó que se reunió también con el secretario de Gobernación, Luis Alfaro.
Al respecto, el secretario de Medioambiente de la Gobernación, Pablo Avilés, explicó que como Secretaría no tienen competencia más allá de aportar en la mitigación de los daños ambientales que se tengan.
El País eN contactó al director regional del Sernap, Julio Guerrero, pero éste se negó a hablar del tema y dijo que hoy se pronunciaría al respecto.



Comunarios creen que ya se exploró Tariquía

Limborio Méndez dijo que existe la versión popular de que hace tres años atrás se realizó en Chiquiaca - O´connor “una exploración de la que nadie se enteró”. Por este motivo piensan que el Gobierno ya sabe que hay muchas posibilidades de encontrar hidrocarburos en la zona. Asimismo, rememoró que hubo un intento de emplazar en el área una presa que estaría sobre el cauce del Río Tarija, pero que en Arce no lo permitieron.