martes, 29 de septiembre de 2009

La Prefectura responsabiliza al Gobierno por violencia en el TIPNIS

La Prefectura responsabiliza al Gobierno por violencia en el TIPNIS

El vocero de la Prefectura, Carlos Ernesto Dellien, ayer en conferencia de prensa, responsabilizó al Gobierno por la violencia desencadenada en el TIPNIS por no cumplir su compromiso de instalar un cuartel de la Policía en el lugar.

Recordó que en el pasado hubo reclamos de los indígenas por la incursión de los colonos a esa área protegida, lo que motivó que funcionarios de la Prefectura y de la Policía, en 2 ocasiones, lleguen al lugar para verificar las denuncias de sembradíos de coca, extremo que se hizo conocer al Ministerio de Gobierno, INRA y las instancias pertinentes.

Dellien dijo que en la segunda incursión de las autoridades benianas a la zona, el Gobierno se comprometió a instalar un cuartel de la Policía para controlar esa situación, lo cual no se cumplió

“Lo importante ahora es solucionar el conflicto, la instancia para solucionarlo, precisamente, es el Gobierno, porque controla a la Policía; sin embargo, desde la Prefectura se enviaron notas el viernes al Comando Departamental para que se tomen los recaudos pertinentes”, aseguró.

REUNION DE INSTITUCIONES

Informó que la Prefectura del Beni para tomar una posición con relación a lo sucedido en el TIPNIS, convocó a una reunión de instituciones la mañana de este martes para analizar la delicada situación en la zona sur del Departamento.

Exigen enérgico pronunciamiento contra el avasallamiento cocalero

Exigen enérgico pronunciamiento contra el avasallamiento cocalero

- En el Isiboro Secure

La secretaria de Educación de la Central de Mujeres Indígenas del Beni (CMIB), Ana María Arana, ayer demandó de las autoridades departamentales un “enérgico pronunciamiento” sobre los acontecimientos que se produjeron en el TIPNIS.

Además pidió que una comisión se traslade al lugar del conflicto con el fin de elevar la moral de las familias indígenas, principalmente de mujeres y niños que están atemorizados porque se habla de que los colonos nuevamente podrían provocar violencia.

Arana indicó que los indígenas no son de la cultura de la confrontación, por eso llegó a la conclusión de que fueron los cocaleros los que provocaron el enfrentamiento. Ellos pretendían apoderarse de un territorio que no les pertenece y que históricamente es de los indígenas, acotó.

Pidió a las autoridades departamentales exigir más información sobre lo sucedido en el TIPNIS, ya que hasta el momento se habla de una persona fallecida y otros heridos que presuntamente fueron trasladados hasta otra población para recibir atención.

Por otra parte, dijo que el Gobierno nacional está en la obligación de retirar a los colonos porque el TIPNIS es una Tierra Comunitaria de Origen (TCO), además de un área protegida que encierra en su interior una incalculable riqueza natural.

La Secretaria de Educación de la CMIB, anunció que en coordinación con la CPIB harán gestiones para que las autoridades se preocupen por lo que sucede en el TIPNIS, y no dejen abandonadas a las familias que están reunidas en el Centro de Gestión de la comunidad de San Miguelito.

Gobierno y nativos del Isiboro Sécure apuntan a narcos

Gente vinculada al narcotráfico y provista de armas de fuego, como ametralladoras, habría participado el sábado de la violencia en la población de San Miguel del parque Isiboro Sécure, denunciaron el director de Plantificación del Servicio Nacional de Áreas Protegidas (Sernap), Edwin Camacho, y dirigentes indígenas.

“Se presume que este movimiento de choque podría estar inclusive promovido con gente vinculada al narcotráfico”, aseguró Camacho, quien evitó dar detalles sobre esta situación. Aunque seguidamente reveló que tienen informes aún no confirmados de que “hay gente armada con ametralladoras”.

El sábado, en la población San Miguelito del Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS), se registraron hechos de violencia que cobraron la vida de un colono. El dirigente cocalero del Chapare, Julio Salazar, negó que estos asentamientos pertenezcan a gente de las seis federaciones cocaleras.

Entonces, para el dirigente de la Confederación de Pueblos Indígenas del Oriente Boliviano (Cidob), Pedro Nuni, la explicación es que en esos sucesos operaron grupos vinculados a la ilícita actividad del narcotráfico.

“Probablemente sea gente pagada por el narcotráfico que ha influenciado para que se llegue a estos enfrentamientos porque, en la movilización, había gente encapuchada que ingresó con armas de fuego y con metralletas”, denunció ayer Nuni.

El territorio de los TIPNIS pertenece a yuracarés, chimanes y mojeños, y se encuentra entre los departamentos de Cochabamba y Beni. Camacho recordó que la parte de Cochabamba fue una extensión de Villa Tunari, zona productora de coca.

“Gente de Villa Tunari ha ido expandiendo el cultivo de la coca. Son cocaleros (en la zona del conflicto); hay un intento de nuevos asentamientos”, reveló, mientras que el propio presidente Evo Morales negó esta situación. “Esos nuevos asentamientos no corresponden a las seis federaciones del Trópico de Cochabamba”, afirmó el también líder cocalero.

El dirigente indígena de la reserva natural, Ernesto Sánchez, denunció que los colonos “están armados con armas parecidas a las del Ejército” y que el día de los conflictos “disparaban a matar”. Reconoció que ellos también dispararon sus armas “de saloncito (caza)”, pero como advertencia.

Salazar considera que los dirigentes indígenas son responsables de estos hechos porque vendieron sus propiedades a varios colonos. “Los mismos indígenas tienen la culpa para que ocurra este problema, porque vendieron sus tierras y firmaron convenios para facilitar el ingreso a sus tierras”, aseguró.

A diferencia de los indígenas, el dirigente cocalero denunció que los colonos fueron emboscados por sus adversarios. El Gobierno desplazó efectivos policiales a la zona y la Fiscalía inició las investigaciones para establecer responsabilidades.

Los yuracarés, mojeños y chimanes advirtieron que si hasta el 15 de octubre el Gobierno no desaloja sus tierras expulsarán, según sus costumbres, a los que consideran invasores.

El director de la fuerza antidroga, coronel Óscar Nina, informó que en este año destruyeron 20 fábricas de cocaína en los alrededores del Isiboro Sécure.

Situación

Invasión • El conflicto en las TIPNIS se remonta al 2007, cuando los cocaleros del Chapare ingresaron a esta zona protegida para sembrar coca.

Exigencia • Los pueblos indígenas exigen al presidente Evo Morales hacer respetar las leyes que resguardan y protegen sus territorios.

Decisión • El Gobierno anunció que eliminará la coca de este parque, que según un informe de la ONU llegó a 1.081 hectáreas el 2008.

Hallan 20 fábricas de droga cerca de área protegida

La Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN) descubrió y destruyó, en lo que va del año, 20 fábricas de pasta base de cocaína en los alrededores del parque de reserva natural nacional Isiboro Sécure, informó ayer el jefe nacional antidrogas, coronel Óscar Nina.

“De enero a la fecha, se destruyeron aproximadamente 20 fábricas de cocaína en este sector, específicamente en las inmediaciones del parque Isiboro Sécure (área natural protegida)”, dijo la autoridad policial, quien reveló que en la última semana se detectó y destruyó cuatro fábricas.

El reporte de la Unidad Móvil de Patrullaje Rural (Umopar) da cuenta de que la mayoría de las fábricas halladas operó con tecnología colombiana.

“Utilizan la tecnología colombiana, que consiste en tener fábricas móviles que pueden ser trasladadas de un lugar a otro. Esto simplificó el trabajo y hoy en día un mínimo de dos personas pueden manejar una fábrica”.

Respecto al sector del Isiboro Sécure, el jefe policial informó que dentro del parque no se encontraron indicios del funcionamiento de factorías de droga.

“La coca macerada, algunos insumos químicos, el líquido contaminado con cal y otros elementos normalmente afectan el terreno y por eso nos damos cuenta que en esos lugares hubo fábricas; sin embargo ése no es el caso del Isiboro Sécure”, explicó.

Esta situación empero no es la misma fuera de los límites de la reserva natural. “Sería gente del lugar (la involucrada en la fabricación de droga), que conoce de la práctica (ilícita)”, insistió, pero aclaró que no se estableció si los narcos son originarios del lugar o colonos.

El parque nacional se encuentra entre los departamentos de Beni (provincia Moxos) y de Cochabamba (Chapare). En esta zona, el fin de semana se registraron hechos de violencia que terminaron con la muerte de un colono y varios heridos.

Nina informó que la FELCN coadyuva con efectivos policiales y vehículos para restablecer y garantizar la paz en esta región.

lunes, 28 de septiembre de 2009

Más policías rumbo al TIPNIS para echar a los avasalladores


El Gobierno anunció ayer que utilizará “la fuerza que sea necesaria” para desalojar a los colonos que se asentaron ilegalmente y sembraron coca en el Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS), de propiedad de la etnia yuracaré, donde un enfrentamiento armado entre esos bandos dejó el saldo de un muerto y cuatro heridos el sábado.

Ese incidente originó que en las organizaciones indígenas surjan voces de descontento en contra del Gobierno, porque no hace respetar sus tierras.

La confrontación en el TIPNIS fue porque los indígenas, según sus testimonios, intentaron desalojar por la fuerza a los avasalladores y retomar posesión de su territorio, pero fueron recibidos a dinamitazos y disparos. Se libró una batalla, que incluyó un fuego cruzado, porque los originarios también estaban armados.

El viceministro de Régimen Interior, Marcos Farfán, informó que un contingente policial, encabezado por el comandante departamental de la Policía de Cochabamba, coronel Carlos Quiroga, se trasladó ayer hasta Nueva Estrella, zona del conflicto, con la finalidad de evaluar la situación y proceder al desalojo de los invasores.

Ese grupo, cuya cantidad no fue revelada por la autoridad, se unirá a los 65 efectivos que ya se encuentran en el TIPNIS desde el sábado. Los policías están acompañados de tres fiscales, dos de ellos, junto con personal del INRA y del Viceministerio de Tierras, se encargan de verificar el avasallamiento y la siembra ilegal de coca y uno está a cargo de indagar el enfrentamiento.

El Viceministro aseguró que desde el sábado, día en que llegaron los efectivos, hasta ayer en la mañana hubo una actitud de amedrentamiento de los colonos con la detonación de dinamitas, cual si fuera “un verdadero campo de batalla”.

Farfán explicó que, como la situación es de “peligrosidad y beligerancia”, posiblemente sea necesario enviar a más policías, situación que deberá ser evaluada por el coronel Quiroga.

La autoridad afirmó que para su expulsión “se va a utilizar la cantidad de efectivos que se requiera; si se necesita duplicar, se duplicará; si se requiere triplicar, se triplicará, ésa es la instrucción que se le ha dado (al Comandante Departamental). No se puede actuar a priori sin un conocimiento en terreno de la situación”.

En función de ese diagnóstico, Farfán aseguró que se dará vía libre al plan de desalojo y también a la erradicación de cocales.

Según el Gobierno, el grupo de colonos está integrado por al menos 700 personas, quienes portan armas de fuego, dinamitas y armas blancas, como machetes y palos.

Farfán, al igual que el ministro de Gobierno, Alfredo Rada, y el viceministro de Defensa Social, Felipe Cáceres, aseguró que el Ejecutivo no permitirá la siembra de coca en los parques nacionales ni tampoco el avasallamiento de tierras originarias.

Reiteraron que los invasores no son cocaleros de las Seis Federaciones del Trópico de Cochabamba, bastión del MAS, partido en función de Gobierno.

El repliegue

Tras el conflicto armado, los indígenas yuracarés que habitan en la zona, aproximadamente 150 personas, se replegaron a la comunidad San Miguelito, donde se mantienen en alerta ante cualquier situación.

El vicepresidente de la Confederación de Pueblos Indígenas del Oriente Boliviano (CIDOB), Pedro Nuny, dijo que ayer mantuvo contacto con dirigentes del TIPNIS que se encuentran en esa comunidad y le confirmaron que en la zona hay una tensa calma por la presencia de los policías.

Dicha localidad está a tres horas y media de distancia de Nueva Estrella.

Explicó que los originarios evalúan la situación, pero que por el momento no ven conveniente una nueva arremetida para desalojar a los invasores por la fuerza, porque se encuentran en una situación de desventaja numérica. Esperarán los resultados de las acciones policiales.

Sin embargo, según ANF, el secretario de Tierras de la Coordinadora de Pueblos Indígenas de Cochabamba, Juan Fisher Fabricano, informó que para defender la tierra comunitaria de origen Isiboro Sécure, el cacique del TIPNIS convocará a los comunarios de distintas regiones para desalojar por la fuerza a los cocaleros asentados en la reserva.

Aseguró que esa acción será asumida si la fuerza pública no echa a los avasalladores.

Descontento

Entretanto, en las organizaciones originarias surgen las voces de descontento contra el Gobierno, porque no hace respetar el territorio, que ya fue titulado.

Sin embargo, la dirigencia de la CIDOB se alineó con el Ejecutivo y aseguró que el respaldo al presidente Morales sigue firme y recomendó que el tema no sea politizado. Además, consideró que esa organización y el Gobierno deben analizar en otro momento cómo garantizar que sus propiedades, en diferentes puntos del país, no sea afectadas por los avasallamientos.

Teresa Limpias, secretaria de Educación de la Confederación Nacional de Mujeres Indígenas de Bolivia, emplazó ayer al presidente Evo Morales, según Erbol, a defender los derechos de los pueblos indígenas.

La dirigente sostuvo que el ataque realizado por los colonos a los nativos del Isiboro Sécure debió ser de conocimiento de las autoridades nacionales.

“El Presidente sabe dónde va su gente”, dijo Limpias, en alusión a que el Mandatario también es el máximo líder de las Seis Federaciones del Trópico cochabambino, que agrupa a los productores de coca del Chapare.

Añadió que “será grave si el Presidente no defiende los derechos de los pueblos indígenas”.

Sin embargo, Nuny aseguró que no hay cuestionamiento al Gobierno en el entendido de que los cocaleros no son parte de las Seis Federaciones del Trópico de Cochabamba, sino de otras partes del país.

“No tiene por qué haber una ruptura con el relacionamiento con el Ejecutivo, pero le exigimos al Ministerio de Gobierno que realmente pueda garantizar que no se avasallen nuestras propiedades”.

El número de heridos del conflicto sube a cuatro

En el enfrentamiento del sábado se confirmó la muerte de Laureano Amargo, miembro de los colonos, y también resultó herido otro integrante de ese grupo, lo mismo que tres indígenas yuracarés.

El viceministro de Régimen Interior, Marcos Farfán, aún no tenía ayer precisión de los nombres.

Sin embargo, los pobladores de San Miguelito informaron que los originarios lesionados son: Jesús Dávalos y Agustín Noza, corregidor y comunario de esa población, respectivamente; además de Florencio Silvestre Soria, de San Benito.

Farfán informó que los heridos fueron evacuados a una posta médica en la comunidad 12 de Octubre, donde también hay un puesto policial. De ese lugar, y de acuerdo con la gravedad de sus heridas, serán trasladados a Villa Tunari, en el trópico de Cochabamba, o a un nosocomio de la capital del valle.

El ministro de Gobierno, Alfredo Rada, y el viceministro de Defensa Social, Felipe Cáceres, anunciaron, por separado, que los lesionados serían llevados en un helicóptero de la Fuerza de Tarea conjunta (FTC), situación que, según la versión de Farfán, no se dio hasta ayer por la noche.

Sin dar nombres, este último precisó que el colono fue herido de bala; y en el caso de los indígenas, hay un lesionado de bala, uno con un arma blanca y otro que presenta una fractura en uno de sus miembros inferiores.

Los detalles

El TIPNIS es una zona de 1.096.000 hectáreas, que pertenece a los yuracarés.

El Gobierno entregó a los originarios el título de tierra comunitaria de origen.

Sin embargo, los trabajos de saneamiento no concluyeron por los colonos.

Convocan a originarios para defender tierras

El cacique de los pueblos originarios convocó a los comunarios de otras regiones para defender el Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS) y desalojar a quienes se quieren asentar allí, dijo ayer el secretario de Tierras de la Coordinadora de Pueblos Indígenas de Cochabamba, Juan Fisher Fabricano, según reportó ANF.

Respecto a este problema, el representante de la Coordinadora de los Pueblos Étnicos de Santa Cruz, Ramiro Galindo, informó a radio Erbol que los indígenas van a “reforzar su defensa” y no van a permitir el avasallamiento en su territorio. “Lamentamos que no se haga respetar nuestro derecho”, indicó.

Los tres pueblos indígenas que tienen derecho y sus respectivos títulos sobre el TIPNIS, reconocidos por el Gobierno, son los mojeños, yuracarés y chimanes.

Galindo sostuvo que el grupo de los campesinos está relacionado con “los cocaleros del trópico de Cochabamba y que permanentemente se ha sostenido reuniones y audiencias con ellos”.

Gobierno anuncia desalojo de cocaleros del TIPNIS

El Gobierno anunció ayer que desalojará a los cocaleros que se asentaron ilegalmente en el Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS), en el departamento de Cochabamba. Para cumplir su objetivo, envió un contingente policial a la zona donde, el último sábado, un campesino murió tras un enfretamiento con originarios.

“(Vamos a) proceder al desalojo de cualquier asentamiento ilegal que se esté produciendo en ese lugar”, declaró ayer el ministro de Gobierno, Alfredo Rada.

El sábado 26, en San Miguelito, dentro del TIPNIS, en la frontera entre los departamento de Cochabamba y Beni, indígenas salieron a defender su tierra y a echar a los campesinos, quienes ingresaron al lugar para sembrar coca. Rada informó que en la pelea murió un cocalero y dos indígenas quedaron malheridos.

Las autoridades gubernamentales afirmaron que estos cocaleros no pertenecen a ninguna de las seis Federaciones del Trópico de Cochabamba. También indicaron que los cocales dentro del TIPNIS serán erradicados por brigadas de la Fuerza de Tarea Conjunta porque se trata de cultivos ilegales.

“En el TIPNIS no puede haber plantaciones de hoja coca. Hemos dicho, en varias ocasiones, que no vamos a permitir la expansión de cultivos de coca a lugares prohibidos por ley”, afirmó el ministro Rada.

En la zona en conflicto hay un contingente de 65 policías y, según Rada, se está reforzando la seguridad, con el envío de más uniformados, para evitar nuevos enfrentamientos. “La zona está bajo el control de la Policía boliviana con el refuerzo de un contingente de las fuerzas del orden para proceder con el desalojo de gente que, de manera ilegal, ingresó a una reserva forestal”, declaró el Ministro Rada.

El comandante departamental de la Policía de Cochabamba, coronel Carlos Quiroga, indicó anoche que estaba en Puerto Zudáñez, debido a que no pudo ingresar a la zona del conflicto por la crecida de los ríos.

El viceministro de Defensa Social, Felipe Cáceres, declaró que “el Gobierno en eso es implacable, ninguna persona se va a quedar en el parque nacional, menos a cultivar hoja de coca y menos a depredar uno de los reservorios de flora y fauna”.

Juan Carlos Rojas, director del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), informó que no se conoce la cifra de cocaleros que habrían tomado las tierras de los indígenas, pero manifestó que se procederá como indica la ley, al desalojo “con el uso de la fuerza pública”, si es necesario.

Rojas recordó que hace “algunos meses (en junio) se entregaron los títulos de propiedad por más de un millón de hectáreas”.

domingo, 27 de septiembre de 2009

La Alcaldía alteña no supervisa a unas 5.000 industrias clandestinas que carecen de compromisos ambientales


Unas 5.000 industrias funcionan en la ciudad de El Alto de modo clandestino, lo que significa que carecen del manifiesto ambiental, un documento con el que las empresas se comprometen a aplicar medidas de mitigación de eventuales daños al entorno.

De acuerdo con el responsable de Capacitación de la Liga de Defensa del Medio Ambiente (Lidema), Edwin Alvarado, la industria en la urbe alteña ocasiona el 30 por ciento de la contaminación que sufren sus habitantes. El director de Medio Ambiente de la Alcaldía alteña, Carlos Mena, coincidió con el dato e indicó que el 5 por ciento es contaminación atmosférica y el 25 por ciento, hídrica.

Mena dijo que cada mes se reciben entre 15 y 20 denuncias de vecinos de distintas zonas que alertan de la existencia de emprendimientos ilegales y contaminantes.

Las personas presentan la queja principalmente por la molestia que producen el ruido y los olores de estas industrias.

Por ejemplo, dijo, hay aserraderos, cerrajerías, metal-mecánicas, elaboradoras de cola de madera y otras que funcionan en ambientes pequeños dentro de casas sin cumplir los mínimos requerimientos ambientales.

Luego de la verificación de la denuncia se procede con la clausura de las industrias ilegales.

Durante 2009, esta unidad encontró unas 65 industrias clandestinas, de las cuales después del cierre sólo unas 15 se regularizaron y volvieron a funcionar de manera legal.

La mayoría no lo hace porque no quieren pagar impuestos o tienen temor a las sanciones que pueden sufrir por los efectos ambientales que causen.

Debido al hecho de que son ilegales, es imposible calcular su impacto en el medio ambiente, por ello, para la autoridad es importante avanzar en su regularización para que se sometan a los controles.

“Nosotros tratamos de motivarlas a que produzcan, pero siempre en las condiciones ambientales adecuadas”.

Los descargos

La vicepresidenta de la Cámara de Industria de El Alto, Cristina Soto, aseguró que las industrias ilegales deben de ser “muy pocas”, porque considera que la mayoría está afiliada a la entidad a la que representa, a la Cámara Departamental, a la Nacional o a las cámaras de cada rubro.

Indicó que en su organización, que funciona desde hace cuatro años, están inscritas 70 unidades productivas, que cumplen todos los requisitos exigidos por las normas ambientales.

Mena señaló que en 2008 las industrias debidamente inscritas sumaban 1.450, de las cuales el 10 por ciento, es decir, 145, se encuentran en la categoría de “altamente contaminantes”. La mayor parte corresponde al rubro de la curtiembre.

El control de esta categoría se encuentra en manos de la Prefectura, que está facultada para emitir sanciones.

La Alcaldía hace un seguimiento y monitoreo permanente de estas fábricas, aunque este control tiene falencias porque no hay un laboratorio que verifique y mida el daño ambiental, pues “no se puede regular únicamente a través de la simple observación”.

Para superar este problema se cuenta con 400.000 bolivianos para contratar una consultoría de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA), que se encargará de tomar muestras de las aguas afectadas por la industria del cuero.

Entretanto, esa dirección puso en marcha hace dos semanas un taller para capacitar a los obreros y técnicos de este sector sobre de prácticas industriales más limpias, que durará hasta fines de noviembre.

Soto aseguró que la Cámara procede del mismo modo con cursos de capacitación para bajar los niveles de contaminación de ese rubro y mejorar la calidad de los productos elaborados.

La transformación del cuero requiere del cromo, un metal sumamente tóxico que puede originar cáncer en las personas. Ahora, los desechos son echados a los

ríos que alimentan el riego de los abarrotes que luego son consumidos en las ciudades.

Mena aseguró que, aunque de modo precario, se impulsa a las industrias para que en sus infraestructuras instalen sistemas de purificación de agua y disipadores de polvos. Sólo falta contar con un laboratorio. Alvarado indicó que la contaminación industrial, pese a que es menor en comparación con la que provoca el parque automotor (el 70 por ciento), es igual de dañina, ya que puede ocasionar incluso cáncer por los tóxicos que emite, además de efectos indirectos.

“El agua contaminada llega a zonas de cultivo o forraje, el cual es consumido por el ganado, el que disminuirá la provisión de leche, carne y otros, lo que impactará en las personas que demandan alimentos”.

Para Alvarado, el país está avanzado en materia normativa, pero le faltan capacidades técnicas, administrativas, logísticas y de recursos humanos para hacer frente a este problema.

Refirió que incluso los municipios carecen de personal especializado para hacer cumplir la norma ambiental o realizar inspecciones necesarias.

Si bien las industrias deben ubicarse en áreas no urbanizadas, ésa no es la solución, pues es imposible detener el crecimiento demográfico, entonces hace falta un control más efectivo.

El 80 por ciento de las iniciativas legales carece de un manifiesto ambiental

El 80 por ciento de las industrias que funcionan legalmente en la ciudad de El Alto, pues están registradas en la Alcaldía, carece de manifiesto ambiental, ya sea porque se encuentran en proceso de renovación o en el de regularización.

El director de Medio Ambiente del Gobierno Municipal de El Alto, Carlos Mena, calificó este documento como uno de los más completos que debe presentar una industria a la hora de solicitar su registro.

Explicó que en ese compromiso deben señalar qué procesos emplearán dentro de su rubro para la transformación de la materia prima, como también qué acciones desarrollarán para mitigar el eventual daño ambiental que ocasione su actividad.

Este manifiesto debe ser renovado cada cinco años, pero sucede, dijo, que muchas industrias se descuidan o incurren en alguna irregularidad, por lo que es necesario notificarles para recordarles su obligación.

Si no hacen caso hasta la tercera llamada, la Alcaldía eleva un informe a la Prefectura del departamento para que los sancione o pacte un acuerdo que posibilite su adecuación.

Para instalarse en la urbe alteña, las industrias deben presentar su plano de ubicación, su derecho propietario del predio e infraestructura y la identificación del representante legal.

Posteriormente deben llenar un formulario, el de Registro Ambiental de Industria (RAI), en el que deben informar del proceso de producción con el objetivo de categorizarlas y prever el impacto ambiental que pueden causar.

Un reciente reglamento del Viceministerio de Medio Ambiente establece que estos documentos deben ser llenados por personas entendidas en la materia, quienes deberán contar con un registro profesional reconocido.

Reglamento Ambiental para la Industria

En el marco de la Ley 1333 de Medio Ambiente, el Reglamento Ambiental para el Sector de la Industria Manufacturera (RASIM) tiene por objeto regular las actividades del sector.

Sus principales objetivos son reducir la generación de contaminantes

y el uso de sustancias peligrosas, optimizar el uso de recursos naturales

y de energía para proteger y conservar el medio ambiente con la finalidad de promover el desarrollo sostenible.

El ámbito de aplicación del reglamento son las actividades económicas que involucran operaciones y procesos de transformación de materias primas, insumos y materiales para la obtención de productos intermedios o finales, con excepción de las actividades del sector primario de la economía.

Se excluyen del ámbito de aplicación las actividades manufactureras que corresponden a los sectores de hidrocarburos y de minería y metalurgia.

Entre las atribuciones que da la norma a las prefecturas se encuentran, por ejemplo, verificar el cumplimiento de los procedimientos técnicos y administrativos de los gobiernos municipales, establecidos en la norma, incorporar los planes ambientales municipales en los planes departamentales, en el marco de la política del sector.

Los gobiernos locales deben gestionar y desarrollar instrumentos económicos de regulación ambiental e incentivos para el desarrollo sostenible del sector.

También está la potestad de gestionar la implementación de infraestructura de servicios para la gestión de residuos de la industria, gestionar la implementación de áreas de uso de suelo industrial, zonas industriales y parques industriales.

La industria es responsable de la contaminación ambiental que genere en las fases de implementación, operación, mantenimiento, cierre y abandono de su unidad productiva.

Mientras los laboratorios en territorio nacional no tengan la capacidad de realizar los ensayos y análisis ambientales estipulados en el reglamento, la industria no tendrá la obligación de cumplir los análisis para el automonitoreo de las emisiones.

Los registros

En 2008, el registro de la Alcaldía contaba con 1.450 industrias manufactureras.

De éstas, el 10 por ciento se encuentra en las categorías 1 y 2 de daño ambiental.

Esto significa que son altamente contaminantes, tanto del aire como del agua.

La mayor parte de este porcentaje que daña el ambiente está formado por curtiembres.

Hay también algunas industrias de alimentos y otras de plásticos.

De las industrias registradas, sólo el 20 por ciento cuenta con manifiesto ambiental.

El restante 80 por ciento está en proceso de renovación o regularización del permiso.

Al margen, hay unas 5.000 industrias clandestinas que funcionan sin control ambiental.

El rubro industrial más contaminante en la urbe alteña es el de las curtiembres.

Medio Ambiente organiza talleres para evitar la transformación contaminante del cuero.

La actividad industrial daña la atmósfera del departamento en 30% y el agua en 25%.

sábado, 26 de septiembre de 2009

Bolivia promueve plan de desarrollo ambiental

Con la finalidad de prevenir los fenómenos naturales, el viceministro de Medio Ambiente y Cambios Climáticos, Pablo Ramos, informó que en Bolivia, se ejecutará un plan de desarrollo ambiental, través de una estrategia equilibrada de inversión y edificación de la conciencia social.

En una evaluación sobre el trabajo del componente medioambiental para el desarrollo de Bolivia, el Viceministro, adelantó que se hicieron grandes cambios para el nuevo comportamiento de las instituciones, en torno a la responsabilidad sobre el medio ambiente.

Entre los trabajos y misiones que cumplió el ministerio, se encuentra el atacar a los focos de calor en un 43 por ciento, junto a la elaboración del manual de áreas protegidas, con la gestión compartida con los actores sociales, para la elaboración de un documento, mismo que será elevado a un rango normativo. “Se realizó 9 talleres para adecuar la Ley de Medio Ambiente a la nueva Constitución Política del Estado”

Pablo Ramos, añadió que en áreas protegidas se conservan la riqueza más valiosa que tiene Bolivia en términos de especie y de ecosistemas; además de culturas, territorio ancestral, valores espirituales y valores intangibles.

“Las comunidades viven dentro áreas protegidas, donde existen recursos desde la alimentación, vestimenta y vivienda, que les proporciona la propia naturaleza”, destacó Ramos.

El Plan de Conservación que realiza el Viceministerio evidencia que en las áreas protegidas existe 7,45 millones de hectáreas de bosques, que almacenan alrededor de 745 millones de toneladas de carbono, que pueden considerarse un patrimonio no sólo natural sino principalmente económico.

Los recursos al ser incorporados a diferentes mecanismos de compensación y bajo mecanismos de cambios, podrán canalizar recursos financieros para la conservación y el desarrollo sustentable local, regional y nacional.

Por otra parte el valor generado, derivado de los recursos hídricos, que nace en áreas protegidas aporta al desarrollo local y departamental, mismos que de ser medidos y valorados llegaría a aportar al país más de 500 millones de dólares en y para actividades agroindustriales.

Con algunos resultados, la institución gubernamental pretende ilustrar a la población y los que deciden las políticas públicas sobre la importancia estratégica y el potencial del Sistema Nacional de Áreas Protegidas.

También, resaltan los productos de la biodiversidad y servicios ambientales, para la implementación de alternativas económicas sostenibles, que contribuyen al desarrollo nacional y en especial al mejoramiento de la calidad de vida de la población pobre del área rural.

Los resultados presentados en el estudio muestran una aproximación de los beneficios tanto económicos, sociales y culturales tangibles e intangibles, que reflejan la riqueza del patrimonio natural, social y cultural de Bolivia.

Otro importante legado es la conservación y recuperación del saber local, de sus antepasados y el aporte en la mejora de calidad de vida y desarrollo local.

En base a los primeros resultados del estudio analiza el aporte de las Áreas Protegidas a la economía y sociedad boliviana, que tiene el deseo de generar un proceso de discusión de la temática, por el aporte al Producto Interno Bruto (PIB).

A estos hechos se añade la participación fuerte del Estado con la generación de políticas medioambientales, en la facilitación de procesos de producción o de inversión cuidando la biodiversidad y su conservación.

El fomento al ecoturismo, producción, empleo, precios, otros indicadores socieconómicos, demográficos relevantes son desafíos para poder distribuir bien los ingresos de producción evitando efectos importantes sobre la calidad ambiental.

jueves, 24 de septiembre de 2009

Denuncia daños en zonas forestales

La Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierra (ABT), acusó ayer al ganadero Nelson Vaca, de haber causado daños ambientales considerables en su propiedad que detenta en la Provincia Marbán de Beni.

El director Ejecutivo de la autoridad de ABT, José Landriel, aseguró que el ahora imputado por avasallamiento de tierras y tráfico de madera, dañó un bosque primario.

“El área detentada por el señor Nelson Vaca, es un área de 10 mil hectáreas donde se identificó una extracción selectiva, donde se han derribado arboles equivalentes a 20 ó 25 metros de altitud, es un daño ambiental considerable”, afirmó Landriel.

Aseguró que el ente regulador identificó en la zona un producto forestal equivalente a 199.000 pies tablares, cantidad que tendría ser transportada entre 15 y 19 camiones de alto tonelaje y se evidenció una “extracción selectiva” de especies maderables de gran valor.

Reconoció sin embargo que la familia de Vaca tenía un permiso forestal que, según Landriel, fue obtenida con documentación fraguada del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) y aseguró que el plan de manejo quedo sin efecto posteriormente.

“Este daño puede y debe ser sancionado por el Estado boliviano. Se trata de un bosque primario, se seleccionó las especias de mayor valor y fueron derribadas”, insistió.

El ganadero y agricultor cruceño Vaca es imputado por avasallamiento de tierra, tráfico de madera, destrucción del medio ambiente y sedición. La Corte Superior de Justicia de La Paz, determinó detención domiciliaria, arraigo y el pago de una fianza de $us 50.000.

El imputado, que fue aprehendido hace una semana en Santa Cruz, en medio de un violento operativo policial que afectó también a un equipo de prensa de Unitel, debe presentarse de manera periódica ante el juez, no puede salir del país y localidad en la que reside en Beni, no puede ir a lugares concurridos, ni comunicarse con los afectados.

martes, 22 de septiembre de 2009

Aprueban ley para proteger las dunas de arena en Oruro

Las dunas de arena y la superficie existente en la ciudad y la provincia Cercado del Departamento de Oruro gozan de protección del Estado Nacional y los municipios se encargarán de la conservación de espacios escénicos, paisajísticos, arqueológicos e históricos para implementar actividades eco turísticas.

La ley para proteger las dunas de arena fue aprobada con recomendación de la Comisión de Desarrollo Sostenible de la Cámara de Diputados a proposición del diputado Ricardo Aillón, declarando de prioridad municipal la conservación, protección ambiental y cuidado de las dunas localizadas en las zonas Noreste y Sudeste de la cuidad y las existentes en la provincia Cercado.

Los municipios a la vez se encargarán de la promoción ecoturística, como una forma de promover la conservación y evitar la desaparición de la superficie existente, para proteger la fauna, flora, recursos genéticos y especies en peligro de extinción, así como impulsar los procesos de educación ambiental.

Según la ley aprobada el órgano Ejecutivo mediante el Gobierno Municipal de Oruro, queda encargado de gestionar el financiamiento para la ejecución de proyectos a partir de la promulgación de la disposición legal y deberá realizar estudios técnicos para dictaminar una reglamentación conducente a la conservación y preservación de los recursos naturales y el medio ambiente de las dunas de arena en el municipio.

En esta reglamentación según el diputado Aillón, proyectista de la ley, se establecerán las sanciones pecuniarias y punitivas para quienes utilicen la arena de las dunas que se tienen en la ciudad de Oruro, como única forma de conservar este patrimonio natural que bien puede servir para aventuras de ecoturismo y recreación.

domingo, 20 de septiembre de 2009

Acciones de prevención no detienen desgaste del ozono

* Según expertos aún no existe conciencia, en gran parte de la población mundial, para detener el calentamiento global.

Los países industrializados difícilmente podrán cambiar su matriz energética para evitar un desgaste mayor de la Capa de Ozono, afirmó el meteorólogo Reynaldo Maldonado.

De acuerdo al experto, pese a las medidas de prevención, asumidas a nivel mundial, persisten los daños al medio ambiente, debido a que la población mundial no tiene conciencia social para evitar el desgaste de la Capa de Ozono.

Al conmemorarse el Día Internacional para la Preservación de la Capa de Ozono, el 16 de septiembre, se recordó que el ozono es vital para la existencia de la vida y actúa como escudo protector previniendo la radiación nociva de los rayos ultravioleta.

Pese a que los medios de comunicación emiten mensajes para proteger el ozono, dijo, una mínima parte de la población mundial, reflexiona sobre los problemas medioambientales.

“La conciencia no está bien alimentada, por la prensa y autoridades y es pequeño el espacio en los medios que se da a este tipo de fenómenos, sabiendo que en un futuro las nuevas generaciones sentirán y sufrirán los efectos invernaderos, si seguimos con esta manera de comportarnos” dijo Maldonado.

Asimismo, el asesor de meteorología de la Corporación Andina de Fomento (CAF) reconoció que los países industrializados están conscientes de los efectos nocivos al medio ambiente y sus consecuencias.

Sin embargo, estos países deslindan responsabilidades, debido a que todo programa de mitigación incurre en un gasto millonario, que difícilmente podrán ser asumidos por los países altamente industrializados, aglutinados en el Grupo de los Ocho (G-8).

Los expertos en medio ambiente sugieren el cambio de la matriz energética, para evitar el calentamiento global y por ende proteger la capa de ozono, pero los responsables de la gran industria consideran que esta medida crearía un gran problema en la economía y comercio internacional.

Con relación a los convenios o tratados de protoloco, como el de Kioto, Maldonado señaló, que lastimosamente no cumple con la ejecución de los convenios para preservar el medio ambiente y evitar el debilitamiento de la Capa de Ozono.

“El país más industrializado, es Estados Unidos, por ser el más contaminante del mundo, mismo que no mitiga los efectos, que causan sus industrias”, criticó.

Más adelante explicó que un “adelgazamiento” o desgaste de la Capa de Ozono, se da en la región de la Antártida, la que se extiende hasta territorio boliviano, en el sector del Lago Titicaca, “este hueco se lo puede percibir en los meses de septiembre y octubre”.

Este “tumor”, es parte del gran debilitamiento de la Capa de Ozono, mismo que no tiene la misma densidad que tiene en otras partes o sectores del mundo.

El adelgazamiento de la atmósfera permite el ingreso, con bastante densidad, de los rayos solares ultravioleta, que son dañinos y se sienten con mayor fuerza en regiones, como el Altiplano, debido a que esta región se encuentra a 3.800 metros sobre el nivel del Mar “donde la atmósfera nos da con todo”, dijo.

“La radiación ultravioleta no puede frenarse y es tan dañina, que produce cáncer y otras deformaciones de la piel”, acotó.

El Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, pronostica una tasa anual del 10% de pérdida de ozono en los próximos años, el aumento en casos de cáncer de piel y otras complicaciones a la salud, por los efectos de los rayos ultravioleta.

Cambios Climáticos

Con relación a los cambios climáticos, fenómeno que se caracteriza por el incremento de la temperatura, que altera el comportamiento de la naturaleza y por ende afecta al debilitamiento de la Capa de Ozono, el experto señaló que los impactos cada vez son reales.

Se tiene el deshielo de glaciales en la Antártida y de otros nevados como el Chacaltaya en Bolivia, debido al incremento de la temperatura.

También se encuentran los gases nocivos que emite el parque automotor, en las grandes ciudades y fábricas, que son causados por el propio hombre.

En Bolivia el uso de aerosoles y refrigerantes utilizados en productos de línea blanca, deben dejar de importarse, debido a que emiten dióxido de carbono, que incide en el calentamiento de la tierra.

Este tipo de equipos sigue llegando al país y daña la atmósfera, problema que aún no se supera, pese a que existen reglamentos y una Ley de Medio Ambiente.

jueves, 17 de septiembre de 2009

“Producción más limpia” presentó resultados de científicos bolivianos

El Centro de Promoción de Tecnologías Sostenibles (CPTS), cumple 14 años de trabajo, incorporando la filosofía y prácticas de producción industrial más limpia.

La celebración se caracterizó por la presentación de los resultados del programa “Producción más limpia”, ejecutado por investigadores y científicos a favor del medio ambiente, la industria y la tecnología nacional.

En todos estos años, el CPTS ha logrado un beneficio económico global de $us 2,3 millones con estas tareas. “El CPTS ha vuelto la producción más limpia, es la base del nuevo desarrollo que tiene que tener el país. Se ha innovado, se ha puesto nueva tecnología en los rubros de quinua, madera, minería y eso les está trayendo grandes ahorros y un mejor tratamiento de su producción” explicó Viktor de los Heros, presidente del Directorio de este centro.

El proyecto es apoyado por la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) en los 14 años de vigencia y también por la Embajada Real de Dinamarca en los últimos siete años, además cuenta con el auspicio de la Cámara Nacional de Industrias (CNI).

El trabajo con las empresas está orientado a la búsqueda de soluciones a la contaminación industrial, con proyectos beneficiosos, como el de la Producción Más Limpia (PML) por la excelente calidad de ingresos de los emprendedores.

Entre los resultados se destacan el asesoramiento a más de 120 empresas de distintos rubros de actividad, la incorporación y aplicación de técnicas y tecnologías más limpias, en empresas de diferente tamaño y de diversas actividades.

El gerente de Programas de Medio Ambiente USAID, Ricardo Coca, dijo que el apoyo americano en esta gestión llegará a $us 70 millones. El año pasado, USAID colaboró con Bolivia en distintos proyectos, con un monto de $us 80 millones, que fueron empleados en áreas de salud, democracia, desarrollo alternativo, medio ambiente y seguridad alimentaria.

La representante de la cooperación norteamericana, en nombre del encargado de Negocios de la Embajada de los Estados Unidos, John Creamer, demostró que la alianza estratégica para trabajar con producción más limpia dio resultados que se encuentran en evalúo de una muestra de 34 de ellas y mostró la obtención de un beneficio económico global, equivalente a $us 2,3 millones. Con ello, el retorno sobre la inversión realizada fue del 65 por ciento.

El programa de Producción más limpia, ha permitido el desarrollo de tecnologías para la producción del grano de quinua, consistente en un sistema de limpieza en seco y vía húmeda; con el fin de mejorar el rendimiento eficiente de la materia prima y la calidad del producto, así como de los consumos específicos de agua, energía eléctrica y gas natural.

El director Ejecutivo del CPTS, Antonio Ruiz, remarcó que actualmente se está impulsando el desarrollo de tecnología para la digestión anaerobia de los residuos de los mataderos y reducir carga contaminante. Como producto de la digestión se obtiene biogas, una fuente alternativa a la energía, un fertilizante orgánico rico en nutrientes y sus agentes patógenos.

También se dieron resultados importantes en la producción de café, que develaron el uso excesivo de agua, con elevada carga orgánica, que ocasionan problemas medioambientales.

La institución fue creando otros resultados en publicaciones, como la elaboración de guías técnicas y modelos, para apoyar los programas de capacitación y métodos de producción.

domingo, 13 de septiembre de 2009

Habilitan 16 lugares para botar pilas y baterías

Un nuevo esquema para deshacerse de baterías y pilas se pondrá en marcha a partir de la próxima semana, cuando la Alcaldía habilite contenedores para estos desechos en 16 lugares de la ciudad.


La jefa de Gestión de calidad de la Empresa Municipal de Santa Cruz (Emacruz), Tania Castedo, indicó que la idea es evitar que estos residuos sean depositados junto con la basura domiciliaria común. Las baterías y pilas tienen alta concentración de cadmio, mercurio, plomo y níquel, que ameritan un tratamiento especial para no contaminar el suelo.


Castedo explicó que los residuos recolectados serán trasladados al Relleno Sanitario de Normandía y serán depositados en armazones de concreto para evitar que al descomponerse se mezclen. “Se colocan las pilas en una bolsa de polietileno, donde se agrega un agente químico estabilizador que inhibe las posibles pérdidas de los metales pesados que estas contienen. Luego se hace el termosellado de las bolsas para introducirlas en un molde para la construcción de un bloque de hormigón que será dispuesto en una fosa especial”, puntualizó Castedo. Los contenedores estarán ubicados en los supermercados Hipermaxi, Plaza, Slan, en la Feria de la computación, en la terminal Bimodal y en las universidades Utepsa, Udabol, Uagrm y Ecológica.


miércoles, 9 de septiembre de 2009

Peligra financiamiento de planta de aguas servidas

Para el jefe de la unidad de Fiscalización de Proyectos de la Secretaría de Medio Ambiente de la Prefectura, Gonzalo Ortega, existe el riesgo de que se pierda el financiamiento holandés de 12 millones de dólares destinados a la construcción de una plante de tratamiento de aguas servidas, pero aclaró que de concretarse este proyecto sería de un gran beneficio para la población de las zonas aledañas al lugar.

Ortega en primer lugar recordó que esta planta debía ser ubicada en el lugar donde funcionan las lagunas de oxidación, sin embargo señaló que la oposición de los vecinos y algunos problemas técnicos, que incluso preveían la construcción de dos estaciones de bombeo, lo que encarecía el proyecto, y finalmente señaló que se acordó la reubicación de esta planta de tratamiento.

“Son plantas más pequeñas, no lagunas de oxidación, y ahora solamente se usarían unas diez hectáreas, también existe un cambio de tecnología, ahora son filtros anerobios, mas filtros biológicos y clarificadores, pero lo más importante es que se está cambiando el enfoque de las plantas y ya no son instaladas en las ciudades”, explicó el funcionario prefectural.

En este sentido, dijo que con estas plantas se comienza a reutilizar las aguas servidas, toda vez que existe un importante caudal que serviría para el riego de las plantaciones, puesto que están son aptas para este fin y de acuerdo a las normas internacionales, asimismo dijo que de concretarse el proyecto ya no se producirían malos olores, todo lo contrario a lo que ocurre en la actualidad con las lagunas de oxidación.

Asimismo dijo que ya comenzaron a socializar el proyecto con los pobladores de La Pintada, Ancón Grande y zonas aledañas para que comprendan que estas plantas serán para su beneficio, y no un perjuicio, llevando también las experiencias a nivel mundial sobre este tipo de plantas que permiten la reutilización de las aguas tratadas.

Finalmente, consultado sobre si existe el riesgo de que se pierda el financiamiento holandés, Ortega confirmó esta posibilidad, puesto que si las instituciones encargadas de viabilizar este proyecto no aceleran los procesos de saneamiento de las tierras en unos dos meses, se podría perder este financiamiento.

“Ellos están esperando que nosotros definamos en unos dos meses más el lugar para la ubicación de esta planta, pero si siguen los retrasos este financiamiento podría perderse, por otra parte, también estamos socializando este proyecto con los pobladores para que puedan entender que este proyecto les beneficiará económicamente y no les será un perjuicio”, concluyó el funcionario.

viernes, 4 de septiembre de 2009

Administrativos exigen reposición del 12%: Universidad entró en paro indefinido Luego que la noche del miércoles en un ampli

Luego de un análisis al interior del Concejo se ha aprobado una Ordenanza Municipal para reducir, sustituir y eliminar el uso de bolsas plásticas en la ciudad de Tarija y la Provincia Cercado.

En su primer artículo la ordenanza establece que hasta el año 2012 haya la prohibición total del uso de bolsas plásticas en la ciudad, Además determina la reducción y sustitución progresiva en los comercios de la ciudad en la utilización de bolsas plásticas a los fines que conlleva el uso de las mismas.

La implementación de lo estipulado en el artículo precedente, será gradual a partir de la promulgación de la presente ordenanza, disponiéndose que el ejecutivo vía reglamento disponga los plazos de su cumplimiento por los diferentes tipos de comercios existentes en el mercado, a los fines de que a la fecha prevista en el artículo primero la erradicación de la utilización de las bolsas plásticas sea total.

El ejecutivo Municipal a través de la unidad de medio ambiente será el encargado de diseñar y ejecutar planes, programas y políticas integrales ambientales tendientes a disminuir de manera progresiva el uso de bolsas plásticas, hasta la fecha prevista en el artículo primero.

Asimismo en virtud al art. 90 de la ley 1333 implementar una política de fomento e incentivo para todas aquellas actividades públicas y/o privadas de protección industrial, agropecuaria, minera, forestal y de otra índole, que incorporen tecnologías y procesos orientados a lograr la protección del medio ambiente y el desarrollo sostenible.

La ordenanza autoriza al Ejecutivo Municipal a suscribir convenios con: Organismos gubernamentales internacionales, la autoridad ambiental competente de carácter nacional y departamental, instituciones educativas (escuelas, colegios, institutos de formación especializada, universidades, centros de posgrado y otros fines), instituciones de Salud (privadas, públicas, nacionales e internacionales), instituciones de acción civil (Colegiados, fundaciones, organismos no gubernamentales, grupos de voluntariado), comerciantes, gremiales, sindicatos, federaciones, empresas privadas que expenden sus mercaderías mediante el uso bolsas plásticas, con el fin de obtener un consenso con los sectores sobre la progresiva implementación de la presente ordenanza.

También autoriza al ejecutivo municipal a ejecutar, fomentar, e incentivar actividades vinculadas a promover el Art. 1 siendo el uso de la educación ambiental, investigación científica, tecnológica, y procesos orientados a lograr la protección del medio ambiente y el desarrollo sostenible.

El ejecutivo municipal a los fines de monitorear la gradualidad de la implementación de la presente ordenanza, a través de las unidades correspondientes elevara al honorable concejo municipal un informe detallado cada 6 meses, a partir de la promulgación de la presente ordenanza, hasta que se cumpla la fecha prevista en el artículo primero.

El plazo previsto por el artículo primero podrá ser prorrogado hasta 24 meses si los informes sugieren dicha necesidad, elevando al Concejo Municipal la solicitud de prórroga.

Bolivia: Devastan un parque por una ruta para coca

Los Tiempos


“Gato”, un puma de 17 años, quedó paralizado al mirar frente a sus ojos una retroexcavadora Caterpillar destruyendo parte del cerro, en la orilla del río Espíritu Santo. Aunque la voluntaria que lo hacía pasear quería llevarlo a un lugar seguro, el felino no quiso moverse mientras caían los árboles de más de 100 años de antigüedad que se derrumbaron para construir un camino diseñado para transportar la coca que se produce en la comunidad de Villa Copacabana.

Ésta es la situación que se vive en Villa Tunari (Chapare), donde el camino proyectado para llegar a Villa Copacabana debe atravesar el Parque Machía, donde la comunidad Inti Wara Yasi alberga animales silvestres en terapia de reinserción a la
vida salvaje.

El equipo pesado empezó a abrir esta carretera hace aproximadamente dos semanas y aunque la Prefectura de Cochabamba inspeccionó las obras y determinó que se está incumpliendo la normativa porque no tiene ficha ambiental, la apertura de la vía continúa. Ahora las máquinas se encuentran a menos de tres kilómetros del parque en el que viven alrededor de mil especies de monos, felinos, osos y aves.

De vieja data

La construcción de este camino, que tiene aproximadamente ocho kilómetros de largo por cuatro metros de ancho, es una aspiración de los comunarios de Villa Copacabana que dicen que necesitan esta vía para poder transportar los productos de su comunidad hasta los principales mercados de la ciudad; pero, según informaron ellos mismos, su principal producción es la coca.

Esta solicitud fue postergada por el ex alcalde de Villa Tunari, Felipe Cáceres, quien entendía que debía preservar el Parque Machía, que cada año registra la llegada de aproximadamente 30 mil turistas extranjeros y nacionales, que lo visitan para disfrutar de la naturaleza y los animales que se recuperan en este espacio y cuenta con más de 500 voluntarios que llegan para apoyar su preservación.

Sin embargo, el nuevo alcalde de este municipio, Feliciano Mamani, asumió en las elecciones ediles de 2004 como uno de sus compromisos electorales la construcción de esta vía, cuya construcción estaba prevista para septiembre del 2008.

Al empezar las obras, las reacciones contra esta decisión movilizaron al prefecto de esa época, Rafael Puente (MSM), y al defensor del Pueblo de Cochabamba, Augusto Siles, quienes inspeccionaron la zona y vetaron la ejecución del tramo caminero para preservar este espacio natural.

En ese entonces también plantearon la posibilidad de conseguir un financiamiento para construir un puente que conecte a la comunidad con la carretera interdepartamental que une a Cochabamba con Santa Cruz, sin atravesar por el parque Machía.

Sin embargo, ambas autoridades fueron removidas de sus cargos (el primero por una renuncia y el segundo porque cumplió su gestión) y la construcción del camino vecinal fue retomada por el municipio.

Ruegos

La responsable del Parque Machía, Tania Baltazar, pidió que la Alcaldía de Villa Tunari al menos les dé un tiempo prudente para trasladar a los animales de este lugar, debido a que desde hace 15 años cumplen la labor de recuperar especies que vivían en condiciones degradantes en las ciudades, lejos de su hábitat natural, y moverlos a otra zona de la selva chapareña trae consigo muchos problemas de adaptación.

El traslado es una tarea complicada porque en el parque existen otras especies que podrían tener conflictos con los animales rehabilitados.

El Parque Machía se encuentra a menos de 500 metros de Villa Tunari, junto al río Espíritu Santo, y albergaba a meas de 500 animales salvajes rescatados de cautiverio urbano. Se buscaba que estos animales se restablecieran con cuidado para su reiserción en la vida natural.

Negocio de la coca

Sin autorización

Maquinaria pesada realiza los trabajos en el lugar, a pesar de que no existe aún una ficha ambiental

Coca

La ruta que se construye es para transportar la coca que es producida por los cocaleros de Villa Copacabana