La Liga de Defensa del Medio Ambiente (Lidema), y el Centro de Ecología y Pueblos Andinos (Cepa), le piden al gobierno que asuma la deuda socio ambiental contraída por la empresa transportadora de hidrocarburos Transredes, con las comunidades afectadas por el derrame de crudo en el Río Desaguadero desde un oleoducto de propiedad de esta empresa.
“Suponemos que Transredes, debería haber saneado sus deudas con los diferentes acreedores antes de ser transferida del todo y si no fue así significaría que YPFB o el gobierno tienen que cargar con todos estos compromisos económicos”, explicó Norma Mollo, Coordinadora Departamental de Lidema y Cepa.
Según Mollo, en la nueva Constitución Política del Estado (CPE), la temática ambiental adquiere un rango constitucional; por lo que el artículo 347, párrafo I textualmente señala: “…se declara la responsabilidad por los daños ambientales históricos y la imprescriptibilidad de los delitos ambientales”.
“El pasado 2 de junio, el gobierno nacional recuperó la totalidad de las acciones de Transredes, mediante el Decreto Supremo 29856. De este modo la estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) pasaría a controlar aproximadamente un 98 por ciento de la empresa”, agregó, a tiempo de manifestar que esta deuda ambiental no puede quedar en el olvido.
La Liga de Defensa del Medio Ambiente (Lidema), y el Centro de Ecología y Pueblos Andinos (Cepa), le piden al gobierno que asuma la deuda socio ambiental contraída por la empresa transportadora de hidrocarburos Transredes, con las comunidades afectadas por el derrame de crudo en el Río Desaguadero desde un oleoducto de propiedad de esta empresa.
“Suponemos que Transredes, debería haber saneado sus deudas con los diferentes acreedores antes de ser transferida del todo y si no fue así significaría que YPFB o el gobierno tienen que cargar con todos estos compromisos económicos”, explicó Norma Mollo, Coordinadora Departamental de Lidema y Cepa.
Según Mollo, en la nueva Constitución Política del Estado (CPE), la temática ambiental adquiere un rango constitucional; por lo que el artículo 347, párrafo I textualmente señala: “…se declara la responsabilidad por los daños ambientales históricos y la imprescriptibilidad de los delitos ambientales”.
“El pasado 2 de junio, el gobierno nacional recuperó la totalidad de las acciones de Transredes, mediante el Decreto Supremo 29856. De este modo la estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) pasaría a controlar aproximadamente un 98 por ciento de la empresa”, agregó, a tiempo de manifestar que esta deuda ambiental no puede quedar en el olvido.
“Suponemos que Transredes, debería haber saneado sus deudas con los diferentes acreedores antes de ser transferida del todo y si no fue así significaría que YPFB o el gobierno tienen que cargar con todos estos compromisos económicos”, explicó Norma Mollo, Coordinadora Departamental de Lidema y Cepa.
Según Mollo, en la nueva Constitución Política del Estado (CPE), la temática ambiental adquiere un rango constitucional; por lo que el artículo 347, párrafo I textualmente señala: “…se declara la responsabilidad por los daños ambientales históricos y la imprescriptibilidad de los delitos ambientales”.
“El pasado 2 de junio, el gobierno nacional recuperó la totalidad de las acciones de Transredes, mediante el Decreto Supremo 29856. De este modo la estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) pasaría a controlar aproximadamente un 98 por ciento de la empresa”, agregó, a tiempo de manifestar que esta deuda ambiental no puede quedar en el olvido.
La Liga de Defensa del Medio Ambiente (Lidema), y el Centro de Ecología y Pueblos Andinos (Cepa), le piden al gobierno que asuma la deuda socio ambiental contraída por la empresa transportadora de hidrocarburos Transredes, con las comunidades afectadas por el derrame de crudo en el Río Desaguadero desde un oleoducto de propiedad de esta empresa.
“Suponemos que Transredes, debería haber saneado sus deudas con los diferentes acreedores antes de ser transferida del todo y si no fue así significaría que YPFB o el gobierno tienen que cargar con todos estos compromisos económicos”, explicó Norma Mollo, Coordinadora Departamental de Lidema y Cepa.
Según Mollo, en la nueva Constitución Política del Estado (CPE), la temática ambiental adquiere un rango constitucional; por lo que el artículo 347, párrafo I textualmente señala: “…se declara la responsabilidad por los daños ambientales históricos y la imprescriptibilidad de los delitos ambientales”.
“El pasado 2 de junio, el gobierno nacional recuperó la totalidad de las acciones de Transredes, mediante el Decreto Supremo 29856. De este modo la estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) pasaría a controlar aproximadamente un 98 por ciento de la empresa”, agregó, a tiempo de manifestar que esta deuda ambiental no puede quedar en el olvido.
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